Familia de Iztapalapa es acosada con complicidad de la autoridad

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| Escenarios | La SSC, la FGJ y el gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, tendieron una coraza de protección institucional en torno a los implicados.

Presunta víctima de robo que presentó identidad falsa Noticiudadana.- La supuesta víctima de un asalto fabricado por elementos del sector Quetzal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y ministerios públicos de la agencia Iztapalapa 5 de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, se acreditó con una identidad falsa, revelaron familiares del joven actualmente preso en el Reclusorio Oriente debido al dicho de aquel de que lo asaltó. Según la carpeta 00383/03/2021, la supuesta víctima dijo llamarse Luis Ángel López Muñoz, de 22 años, haber laborado como policía preventivo de la SSC, con placas 560983, así como haber sido compañero del Miguel Ángel Soriano Hernández, placas 1124688, sindicado de ser uno de los fabricantes de los delitos contra el joven preso de manera injusta. Soriano Hernández es señalado por ser uno de los policías que allanó el taller mecánico donde fue secuestrado el uno de marzo de 2021, 30 minutos antes de que el joven fuera detenido y acusado de haber asaltado con violencia a un transeúnte. El policía del sector Quetzal también es señalado de haber disparado ese día contra el padre del joven. Según las investigaciones por parte de la familia Torres Mancilla, con base a un acta de nacimiento obtenida en Arcos de Belén, Luis Ángel es un niño de 10 años. El supuesto asaltado dijo vivir en la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde con fotografía en mano fue ubicado, pero resultó ser un joven de 18 años que llamarse Joseph, a quien vecinos de la colonia identificaron como vendedor de postres en la zona y familiares rechazaron que se llamara Luis Ángel López Muñoz. La pesadilla de la familia comenzó el 20 de diciembre del 2019 cuando Karla Meade Montaño –sobrina del señor Abraham Torres, padre del detenido– y su esposo, Cesar Augusto Márquez Espíndola, empezaron a ir al taller que la familia Torres Mancilla tiene en la Calzada Ermita Iztapalapa 2751 a querer despojarlos del local, pero como mostraron documentos que avalaban la legítima propiedad del inmueble ya no procedió la denuncia de aquellos. La familia Torres Mancilla procedió a levantar varias actas en distintas fiscalías, sin que hayan procedido debido a que la policía, aseguran, está del lado de Karla, ya que siempre llega en compañía de elementos uniformados y jactándose de ser parte de la banda del «Güero Fresa», señalado de dedicarse a extorsionar a comerciantes de la zona. La negligencia de la SSC y la FGJ dieron impunidad a los tripulantes de una motocicleta que a las 18:30 del jueves siete de mayo de 2020 intentaron ejecutar a Abraham en Iztapalapa. Abraham fue atacado a balazos cuando estaba en la esquina de la Calzada Ermita Zaragoza y la Calle Emiliano Zapata, en la Colonia Santa Cruz Meyehualco, de donde los tripulantes de una patrulla de la SSC decidieron trasladarlo a una clínica particular, de donde se retiraron de inmediato sin tomar datos ni dar tiempo a la familia de apuntar el número de la unidad. El apoyo de la SSC fue solicitado por medio de la cámara de vigilancia ID 8376, en el lugar de incidente, y según las primeras versiones, los sicarios que se desplazaban en una motocicleta negra, de pista, gritaron que iban de parte de una persona con quien la familia de la víctima mantiene un litigio por un terreno. Mientras recibía los primeros auxilios en la clínica particular por una herida en la frente, con entrada y salida, familiares fueron a la agencia 9 de la Fiscalía Desconcentrada de Iztapalapa, donde el personal de guardia se negó a recibir la denuncia, al argumentar que no tenían validez documentos de una clínica particular y se requerían los de un hospital público, donde se les tomaría la declaración. La negativa del MP Iztapalapa 9, obligó a la familia de Abraham a trasladarlo por seis hospitales públicos de la Ciudad de México para terminar en el de Xoco, donde después de cinco horas tampoco recibió atención médica de emergencia, por la contingencia del coronavirus, debido a lo cual terminó siendo atendido en la casa de un familiar. El Ministerio Público adscrito a Xoco tampoco tomó su declaración, lo que ha permitido a los sicarios continuar en libertad y crear condiciones para que los hechos se desvanezcan, dado que el lugar se encontraba sin resguardo alguno, 24 horas después de ataque. Ese día llegaron policías en 10 patrullas, pero se negaron a seguir a los agresores, al argumentar que sólo había sido un cachazo. El 21 de mayo la familia de Abraham se dirigió entonces a la Coordinación General de Investigación Estratégica en la Fiscalía de Investigación de Homicidio, donde quedaron en checar cámaras del C5 y cámaras de fábricas o casas cercanas, por donde huyeron los delincuentes. Cuando salen de su domicilio para dirigirse al médico a sus chequeos, personas desconocidas y la familia fotografió a uno de los agresores, y cuando se dio cuenta de que había sido descubierto cruzó la acera; la familia habló a la policía del cuadrante y se presentaron en el lugar, pero se encaminaron en dirección opuesta a que se les indicó que había tomado el individuo. La familia al temer por su vida, fue a Iztapalapa-10, pero ahí les dijeron que no se les podía atender debido a la contingencia. Por consiguiente, los agresores siguen libres como consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades El 21 de octubre de 2020, con policías del sector Iztapalapa, la sobrina de Abraham se presentó a sacar fotografías, agredirlos verbalmente y amenazarlos de muerte; otra vez no les hicieron caso en el MP, se les dijo que él había autorizado a que se tomaran fotografías debido a que ella había denunciado primero. El 13 de enero del 2021, alrededor de las 11:30 de la mañana, la familia atendió una llamada para un trabajo en un domicilio de la Colonia La Conchita, en Tláhuac, donde ya los esperaban tres personas, quienes los atacaron a balazos en la camioneta donde se desplazaban. Luego de maniobrar el esposo forcejó con uno de los individuos que se acercó a la ventana del vehículo, pero logró pisar el acelerador y alejarse del lugar. Policías del sector Zapotitla detuvieron ciertamente a los agresores, pero ya en el MP de Tláhuac 1 falsearon la secuencia de los hechos y, en versión contraria a de las víctimas, permitieron que familiares de los agresores les pasaran ropa diferente a la que traían al momento de ser detenidos, y los sicarios fueron liberados por el juez de control por contradicciones en el expediente. Cuando las victimas preguntaron en la Fiscalía de Tláhuac por el avance de las investigaciones, les respondieron que el expediente se había ido al Bunker, sede de la FGJ, por lo que para ellos el caso estaba cerrado. Eso ha garantizado impunidad a los implicados. El uno de marzo de 2021, policías de sector Quetzal allanaron sin orden judicial y con lujo de violencia el taller mecánico, donde la madre del joven relató lo siguiente: «Le grité que por favor ya no nos pegaran y le pregunté a mi hijo Abraham si estaba bien, fue cuando uno de los policías dijo: ‘¿este es Abraham?’, y vi cómo se llevaban a las 19:30 a mi hijo sin ninguna orden, a rastras y golpeándolo, sin decirnos a donde se lo llevaban». La familia lo buscó por varias agencias y lo ubicaron en la agencia Iztapalapa 5, a donde fue remitido a las 19:50 por robo a transeúnte agravado. El MP hizo caso omiso a la denuncia contra los policías y de inmediato consignó al joven y se negó a proceder contra ellos, al argumentar que solo cumplían con su trabajo. El incidente fue reportado por teléfono a asuntos internos de la SSC y a Visitaduría de la FGJ, donde se negaron a presentarse al lugar, aun cuando habían asegurado a la familia que ya iban en camino. La abogada de oficio Alma Castillo Guevara comentó a la madre de Abraham que su hijo era un delincuente, y lo que se pretendía presentar como prueba de su inocencia no servía. Las pruebas incluían videos y testimonios de testigos, por lo que mejor era que se declarara culpable y se fueran a juicio abreviado, lo que obligó a la familia a recurrir a un abogado particular. En dicho caso se tienen demasiadas irregularidades, el MP no presentó más pruebas que los dichos de la supuesta víctima y los policías, sin que hayan ratificado sus declaraciones, además de que no se le ha podido localizar a la presunta víctima en el número de teléfono celular que dio como referencia. Previo al ataque de los policías al taller, el sector Quetzal se ha negado a prestar las medidas cautelares establecidas por el MP de Tláhuac 1, en su calidad de víctimas. La SSC, la FGJ y el gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, tendieron una coraza de protección institucional en torno a los implicados, en uno de los casos liberación de sicarios y fabricación de delitos contra inocentes.