Denuncian caos y corrupción en Tlalpan comerciantes en vía pública

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| Escenarios | Comerciantes señalaron al jefe de Tianguis y Vía Pública por violentar un convenio de más de 18 años. Se manifestarán públicamente el próximo miércoles 8 de enero

Puestos sin higiene que invaden el arroyo vehicular La indefensión, el caos y la proliferación descontrolada del comercio irregular en la vía pública han puesto en jaque a los comerciantes regularizados, la movilización peatonal y vehicular, la higiene a la entrada de los hospitales y la seguridad de familiares de enfermos en la Alcaldía Tlalpan, debido a que en los últimos tres meses, bajo la gestión de Daniel Alfredo Tello Rodríguez como jefe de Tianguis y Vía Pública, no sólo ha mostrado su desconocimiento del servicio público, sino que también ha alentado estas irregularidades. Ambulantes invaden la banqueta, por lo que afectan la movilidad peatonal  María de los Ángeles García Grimaldo, dirigente de la Asociación de Comerciantes Unidos La Esperanza, denunció que desde que Tello Rodríguez asumió el cargo, el comercio ambulante ha crecido de manera alarmante, violentando acuerdos históricos como el de «crecimiento cero» del ambulantaje en la llamada Ciudad de la Salud, un compromiso firmado en 2006 entre la entonces Delegación Tlalpan, el gobierno de la Ciudad y la asociación que lidera. Vendedores ambulantes protegidos por el jefe de Tianguis y Vía Pública en Tlalpan «Los nuevos puestos consentidos por Daniel Alfredo Tello han reocupado espacios prohibidos, como las entradas de los hospitales. Esto no sólo incumple los acuerdos vigentes, sino que también pone en riesgo la salud pública, la movilidad y la seguridad de la zona, situaciones que fueron la piedra angular del acuerdo firmado el 28 de mayo de 2006 y que derivó en la construcción de la infraestructura que hoy se encuentra en el parque Dr. Alberto Camacho», señaló García Grimaldo. Denuncias de corrupción e ineficiencia La falta de acción y el desconocimiento del cargo han sido las constantes en la gestión de Tello Rodríguez, quien incluso admitió estar «aprendiendo a ser jefe de Vía Pública» durante una reunión con representantes de los comerciantes. Esta postura ha indignado a los involucrados, quienes consideran que el servicio público no es un espacio para aprendizajes, sino para acción efectiva como es la buena administración y buen gobierno, contrario al caos que hoy impera en la alcaldía. Por otro lado, los comerciantes también denunciaron la disminución drástica en los ingresos por concepto de permisos y contribuciones del ambulantaje a las arcas de la delegación, vía los permisos otorgados a los comerciantes ya establecidos desde hace muchos años. Tello Rodríguez es quien brinda protección a estos vendedores ambulantes Durante los tres años de la administración pasada, destacó García Grimaldo, se recaudaron 28 millones de pesos por estas actividades. Sin embargo, en los últimos tres meses de la nueva gestión, esta cifra no llega ni a los 10,000 pesos recaudados, según los reportes preliminares. Esta situación no sólo afecta las finanzas públicas, sino que también deja en estado de indefensión a los comerciantes regulares porque, al no permitirles el pago de sus cuotas, quedan en estado de indefensión porque tienen que estar al corriente sus pagos y esta situación los pone en riesgo, salvo que sea una jugarreta planeada por la Alcaldía y Tello Rodríguez para intentar removerlos. Consecuencias en la Zona de Hospitales La Zona de Hospitales, uno de los puntos más críticos, se ha convertido en un caos con la proliferación de franeleros y puestos ambulantes, sobre todo por los franeleros, quienes operan sin control, llegan a cobrar hasta 20 pesos por metro cuadrado de vía pública y 40 pesos por permitir a los familiares de los pacientes dormir en la calle y, según testimonios, esta actividad cuenta con la anuencia de los patrulleros locales de la que se jactan los propios franeleros. «En lugar de proteger a los comerciantes que tienen décadas operando con permisos y respetando las normas, se está privilegiando a los irregulares, generando un clima de incertidumbre, caos e injusticia», agregó García Grimaldo. El crecimiento del ambulantaje se disparó en tres meses en las zonas de hospitales, Picacho-Ajusco (frente al Chedraui), el Hospital de Pemex, frente al hospital Ángeles del Pedregal, la Calzada de Tlalpan, la Glorieta de Huipulco y el paradero del Estadio Azteca. Las áreas peatonales en la zona de Hospitales de Tlalpan van desapareciendo Movilización Ciudadana Ante esta situación insostenible, los comerciantes han convocado a una movilización el próximo miércoles 8 de enero, en una marcha que iniciará en San Fernando y Tlalpan y culminará en las oficinas de la Alcaldía, con el objetivo de exigir acción inmediata por parte de las autoridades. «Exigimos que se respete el convenio firmado en 2006, que ha permitido el orden y la estabilidad en el comercio de la zona. No podemos permitir que tres meses de negligencia destruyan el trabajo de más de 18 años», aseguró la dirigente. La proliferación de puestos ambulantes va en aumento Además, los Comerciantes Unidos La Esperanza dieron a conocer sus exigencias claras, quienes demandan: -La remoción inmediata de los puestos irregulares que han proliferado en la Zona de Hospitales, Picacho-Ajusco, Hospital de Pemex, Ángeles del Pedregal, la Glorieta de Huipulco y el paradero del Estadio Azteca. -Una auditoría a la gestión de Daniel Alfredo Tello Rodríguez y su remoción ante la negligencia y falta de conocimiento del cargo que ocupa. -La garantía de respeto a los acuerdos de «crecimiento cero» en el ambulantaje. -Un plan de acción claro y transparente que priorice la regularización y el ordenamiento del comercio en vía pública. -El cobro inmediato de las cuotas a los comerciantes regularizados, quiénes en este momento, por la negativa al cobro, se encuentran en estado de indefensión. Convenio violentado «Esta lucha no es sólo por nosotros, los comerciantes establecidos; es por el orden, la justicia y la seguridad de toda la comunidad de Tlalpan», concluyó García Grimaldo, quien a nombre de los comerciantes hizo un llamado a los habitantes de la alcaldía y a los medios de comunicación para que visibilicen esta problemática y presionen a las autoridades a actuar de manera responsable y transparente.

El cuento de nunca acabar: policías víctimas de corrupción en Tláhuac

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Información Elementos del sector Mixquic en protesta por los acosos y abusos del director, cerraron las instalaciones ayer martes. Pidieron a la alcaldesa Berenice Hernández intervenga para frenar esa situación.

Policías que no tuvieron miedo a represalias realizaron la protesta. Fotografía Noticiudadana Policías del sector Mixquic cerraron las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana en la Alcaldía Tláhuac, en protesta por los abusos del director Luis José Ramírez Pérez, consistentes en amenazas y castigos y rentas al personal, por lo que exigieron su destitución y pidieron a la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, que voltee a ver la actuación de dicho servidor público. Aseguraron que a los elementos de pie tierra, moto patrulleros y personal de patrullas, que se niegan a pagar hasta 500 pesos, los arresta o les hace trabajar turnos de hasta 20 horas. Los jefes del sector escuchan al valiente agente que denunció las anomalías En un comunicado que fue distribuido en grupos de WhatsApp, se dijo que «no hay poder humano que lo mueva» del cargo, por lo que pone a su presunta amante, una señora de apellido Marín, para cobrar rentas de dos gaseras, una ferretera y hasta un domicilio particular, a los que supuestamente pide $500 pesos quincenales, y según las denuncias, por cada tripulante de motocicleta que sale a laborar pide 400 pesos. Otros señalamientos son los de que a las instalaciones del sector Mixquic llegan mujeres, como una servidora pública de nombre Abigail adscrita al área de participación ciudadana de la alcaldía, quién junto con la señora Ramírez han sido vistas sosteniendo relaciones sexuales en la oficina que, al menos para todo el personal, siempre está cerrada. La historia del sector Mixquic es una de corrupción e impunidad. Fotografía: Noticiudadana Al hacer alarde de que el susodicho tiene el respaldo del llamado «jefe gladiador», exige que la gente trabajé «tiempo de más», por lo que en aras de la dignidad de los elementos adscritos al sector, «exigimos la destitución del director y que no se permitan más atropellos», como es el hecho de que los policías del sector deben trabajar con sólo tres unidades, mientras el «jefe Mixquic» tiene cuatro a su disposición para supuesto huachicoleo. Los elementos que bloquearon las instalaciones del sector solicitaron la presencia de las autoridades de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc), tras de que entre las afectadas también se encuentran mujeres policías, reciben propuestas indecorosas, y que al negarse, sufren las represalias al ser arrestadas para presionarlas a que cumplan los caprichos de los jefes. El bloqueo continuó hasta en la noche, cuando se sumaron más elementos. Fotografía Noticiudadana «Gritan por el radio los nombres de compañeros y compañeras que son castigados para que todos los elementos del sector se enteren, y que ante su autoridad como director no se puede hacer nada», se dijo en el comunicado. Por último, pidieron su apoyo a los jefes «Juan el gladiador» y «Uriel» que no sean indiferentes ante una situación donde son violentados los derechos de los policías, por lo que invitaron a la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, a que revise «el actuar del director que desde su oficina sólo grita y arresta». El bloqueo pasó inadvertido para los medios incondicionales de la SSC «Cerramos el sector para ser escuchados y realmente se tomen cartas en el asunto. No pedimos algo imposible, sólo la observancia de los manejos de este seudo director, que pone a trabajar turnos exhaustivos al personal», concluyeron.

Reos de alta peligrosidad tienen el control de penales en la Ciudad

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Información Extorsión a internos y sus familiares, violencia física y psicológica son posibles debido a la presunta complicidad de autoridades penitenciarias y a la indiferencia del jefe de gobierno, Martí Batres.

Con el paso de reclusorios a la SSC empeoró la situación Los 13 centros de reclusión de la Ciudad de México son controlados por al menos cuatro células de presos del crimen organizado y narcotráfico, las cuales operan con la complicidad de personal de seguridad, custodia y de los directores de los centros penitenciarios, como ha quedado asentado en quejas presentadas por familiares de reclusos ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía capitalina. Algunos de los delitos de alto impacto documentados dan cuenta de extorsión a internos, extorsión a familiares de internos, violencia física y psicológica, cobro de cuotas, distribución y venta de drogas, así como homicidios y corrupción. Sin embargo, a pesar de que las primeras quejas y denuncias tienen fecha de 5 de enero de 2023, ninguna ha procedido. Fueron ignoradas por la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y posteriormente no le han merecido su atención a quien la sustituyó en el cargo, Martí Batres, de acuerdo con copias en poder de NosotrosMSR. En denuncia anónima por escrito de este año (29 de febrero) y con sello de acuse de recibido de la Fiscalía Especializada en Combate a la Delincuencia, dirigida a Richard Urbina Vega, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, son señalados el subsecretario del sistema penitenciario, Omar Reyes Colmenares, y los «orcus» (demonios del inframundo de acuerdo con la mitología romana encargados de castigar los juramentos rotos) Aldo Aragón Sánchez y Andrés Bravo, así como de los comandantes, uno de apellido Esparza, del Reclusorio Oriente, apodado el «Muerto», y otro del Reclusorio Sur de apellido Margain, de «haber entregado el control total» de dichos centros de reclusión a una serie de internos relacionados con diversas células delictivas. Tras de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó en agosto de 2021 que el control de las cárceles capitalinas pasara de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc), cuyo titular era Omar García Harfuch, a fin de que, según el argumento de la iniciativa, se redujeran los delitos que se cometían desde las cárceles, como la extorsión telefónica y los secuestros, la situación empeoró; a decir de los denunciantes «la venta de los reclusorios empezó el 25 de diciembre de 2022». La presunta venta se habría hecho a Alejandro Nery Ortiz, el «Carnal», sicario del Cártel de Sinaloa; socio del «Cuini», el «Gárgola», el «Vaquero», el «Yuri», de Guillermo Muñoz alias «Memo el Fugas»; Daniel Cruz el «Kiko», Luis Díaz el «Suave», Daniel Álvarez la «Mole», Alberto Morales el «Pitufo», Ignacio Jiménez el «Bull», Rafael Arellano el «Cata» y Edgar Suárez el «Sanaplas». «Ese día –detalla la denuncia– al reclusorio preventivo varonil de Santa Martha llegaron los orcus Aldo Bruno y Andrés Bravo con 50 policías preventivos para una revisión en el área del Diamante; todas las personas que sabían que podían ser un peligro para ellos las segregaron en una zona especial y ahí les empezaron a pegar para que los demás internos vieran el poder que tenían ya con el gobierno». Según la denuncia, los mismos custodios «les dieron navajas y armas de fuego para que sometieran a los internos que tenían la venta de todo, es decir, de las drogas y de la tienda». Igual sucede en el Reclusorio Oriente donde es señalado el comandante al que apodan el «Muerto» de otorgar «demasiados privilegios» a internos como Enrique Acosta el «Kike» y Héctor Avendaño el «Meño», ambos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Los denunciantes piden que se llame a declarar a los servidores públicos señalados en la denuncia, como el subsecretario Omar Colmenares, así como a sus «orcus» Aldo Sánchez, director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, y Andrés Bravo, subdirector de Seguridad del sistema penitenciario; al igual que a los comandantes del Reclusorio Oriente, uno de apellido Esparza, y Margain, del Reclusorio Sur. De acuerdo con lo que se apunta en otra denuncia anónima, la situación ha rebasado a la autoridad penitenciaria, «por lo que la violencia ya no sólo es sobre internos, ahora ha llegado a los familiares, quienes han sido víctimas de amenazas, extorsión y cobro de cuotas». Sin embargo, a pesar de manifestaciones y bloqueos que familiares de reclusos del sistema penitenciario de la Ciudad de México han realizado, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha permanecido indiferente a la situación y, por el contrario, su discurso es el de que los índices de criminalidad y delincuencia han tenido considerable descenso en la capital de la República.

Banda de hampones del sector Zapotitla empezó su año de Hidalgo

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Información Una docena de extorsionadores instaló un retén en las inmediaciones del Bosque Tláhuac la mañana de hoy martes para amedrentar y pedir dádivas a cuanto motociclista vieron circular por Avenida La Turba.

En lugar de cuidar a la ciudadanía Salen a fastidiarla y para eso les proporcionan motocicletas La banda de hampones con uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc) donde despacha Pablo Vázquez Camacho, la cual opera en el sector Zapotitla de la Alcaldía Tláhuac, continúa con la ola de atracos a motociclistas a plena luz de día en retenes que instalan al más puro estilo de las organizaciones criminales que operan en la geografía nacional. Esta mañana, una cuadrilla de salteadores motorizados instaló un retén en Avenida La Turba, a la altura del Bosque Tláhuac, para detener a cuanto motociclista circulaba por esa vialidad, a quienes aun cuando estos comprobaran que su documentación estaba en regla, los pelafustanes adujeron que los papeles que avalaban la propiedad de la unidad, así como la licencia, eran falsas. Como es sabido, estos policías no tienen facultades para actuar de esa forma debido a que no son de tránsito. Lectura recomendada: Banda de asaltantes de la SSC opera impunemente en el sector Zapotitla La policía que presume Martí Batres Prestos para hincarle el colmillo a la yugular de sus víctimas Lo anterior, a pesar de que Omar García Harfuch y quien se hacía llamar «Jefe Máximo», Israel Benítez, ya no se encuentran en la dependencia, pero por lo visto Pablo Vázquez ha continuado con la escuela que caracteriza a dicha corporación al permitir que presuntas bandas de malandros con licencia extorsionen y desvalijen a conductores de unidades automotrices, no solamente en Tláhuac sino en el resto de la Ciudad de México. Lectura recomendada: Corrupción policíaca tiene infestado al sector Zapotitla en Tláhuac En lugar de andar a la caza de delincuentes Buscan el dinero fácil para el chesco y unos tacos La banda de maleantes motorizados del sector Zapotitla que la mañana de este martes se apostó en La Turba, estuvo integrada por al menos ocho individuos a bordo de potros y dos patrullas con otros cuatro elementos, los cuales empezaron a emprender la cobarde huida cuando un conductor a quien no pudieron intimidar diciéndole que ya le habían hablado a la camioneta para remitirlo con todo y motocicleta, comenzó a tomar fotografías. «Es inconcebible que mientras delincuentes y criminales hacen de las suyas en Tláhuac, estos hambreados pelafustanes se dediquen a asaltar y despojar a ciudadanos que tienen que desplazarse por las vialidades de la demarcación para ganar el sustento de sus familias», señaló a NosotrosMSR el indignado ciudadano. A estos no les llegó el cambio La dizque cuarta transformación se la pasaron por el arco del triunfo Lectura recomendada: Detenidos por secuestro anoche varios policías del sector Zapotitla Y por desgracia no hay ni con quien denunciar a esa caterva de delincuentes con uniforme, debido a que cuentan con la protección tanto de los mandos de su corporación como de otras instancias. Por lo anterior, los conductores deben tener cuidado al desplazarse sobre vialidades de Tláhuac, una vez que estas bandas de presuntos policías andan desatados a raíz de que están haciendo el «año de Hidalgo», tanto para beneficio propio como de sus jefes.

Acusan de «omisión y tráfico de influencias» a Judith Vanegas

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Información Vecinos de Tecómitl, Milpa Alta, denuncian que desde hace un año se construye de forma ilegal un condominio de 4 niveles, pero han sido ignorados por el Invi, la Controlaría y la PAOT.

Alcaldesa de Milpa Alta acompañada de su empleado, el coordinador del pueblo La corrupción en la administración de la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia, volvió a ser evidenciada por vecinos del barrio de Xochitepetl, en el pueblo de San Antonio Tecómitl, con la construcción de un condominio de cuatro niveles, aun cuando el uso de suelo de dicha alcaldía no lo permite. El condominio de 4 niveles que protege la alcaldía Milpa Alta Las protestas de vecinos aledaños a la obra ubicada en Calle Andador Guerrero Sur, entre el número 10 y 12, han sido ignoradas desde julio de 2022 tanto por la propia alcaldía como por otras instancias como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Contraloría General y el llamado Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Sellos de clausura simulados que colocó la alcaldía Asimismo, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) han actuado en contubernio con la administración milpaltense, al ignorar y dar largas a las peticiones de revisión de la obra de vecinos. En enero de 2023, la alcaldía local simuló la clausura de la obra al colocar sellos en la misma, mismos que la constructora ignoró debido a que siguieron trabajando. La 4T según la alcaldesa Vanegas que busca reelegirse «Las autoridades de la alcaldía no han querido, por omisión o tráfico de influencias, darse cuenta que la construcción no cuenta con la documentación y el sustento legal que marca le ley, a fin de emprender acciones legales que nos den certidumbre de que en la alcaldía Milpa Alta, sin distinción de ningún tipo, se ejerce la aplicación de la ley para todo aquel ciudadano que la viole», señalaron vecinos en un escrito enviado a la PAOT el 20 de enero del presente año. ¡Fuera máscaras! La PAOT ya también le entró a la simulación La PAOT, como las demás instancias, ignoraron los reclamos de vecinos de Tecómitl, quienes han denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, «afectaciones a sus derechos de intimidad y privacidad, al colocar ventanas laterales y frontales en cada uno de los cuatro niveles del condominio, así como daños a la propiedad, surgidos desde el inicio de la construcción de la obra». Como ha sido una constante en la gestión de Judith Vanegas al frente de la alcaldía de Milpa Alta, los vecinos acusan «omisión, tráfico de influencias y nepotismo».