 | Fotografía: Alcaldía Tláhuac |
Hasta diciembre de 2024 se tenían registrados en la Ciudad de México 859
asentamientos irregulares, en los que había 40 mil 961 viviendas y habitaban más de 241 mil 500 personas. El 90% de estos asentamientos
irregulares se encontraban en las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac
y Tlalpan. En tanto que el 85% de esos asentamientos irregulares, es decir
728, estaban expuestos a algún tipo de fenómeno perturbador de alto riesgo como
son inundaciones, hundimientos y deslizamientos de laderas e incendios.
Lo anterior fue señalado por la
comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, durante la cuadragésima
sesta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (Info-Ciudad de México), celebrada el últ5imo mes de 2024.
Al discutir el tema del por qué la Alcaldía
Xochimilco se resistía a hacer pública la información relacionada con la
entrega de constancias de uso de suelo y de escrituras públicas en los
asentamientos humanos irregulares de esa demarcación, dijo que el crecimiento
de la Ciudad ha implicado un proceso continuo de expansión territorial que ha
llevado a la conformación de la Zona Metropolitana del Valle de México,
integrada por 63 unidades político-administrativas, de las cuales 16 son alcaldías
de la Ciudad de México, 45 son municipios del estado de México y dos del
estado de Hidalgo.
«Mucho de este territorio, que además sigue en
continua expansión, se localiza en zonas irregulares, de alto riesgo y que
posee un alto valor ambiental», explicó.
Señaló que algunas de las consecuencias más
evidentes de este proceso de crecimiento han sido la extracción masiva de
agua para la población en crecimiento, así como la invasión de territorios y
el cambio de los usos de suelo, los cuales por sus condiciones naturales son
importantes para el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos de toda la
región.
Dijo que de mantenerse las tendencias actuales,
los procesos de irregularidad continuarán, aproximadamente, a una tasa
cercana a 5 mil personas por año. Esto ocasionaría mayores índices de
marginación social y precariedad, así como mayores afectaciones al medio
ambiente, con la pérdida de superficies naturales y servicios ecosistémicos,
así como la configuración de nuevos escenarios de riesgo de desastres.
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