Sanatorio Trinidad, de referente médico a epicentro de intimidación

Uic se reunirán

Información ·      Cofepris hace oídos sordos ante una crisis que genera irregularidades médicas, desgasta a trabajadores y pone en gran riesgo a los pacientes

En el Sanatorio Trinidad, el miedo y la intimidación han pasado a ser parte del mobiliario cotidiano porque este centro hospitalario, que en sus mejores días fue un referente en traumatología y ortopedia, hoy se encuentra sumido en una crisis que afecta tanto a sus trabajadores como a los pacientes que confían en sus servicios, ya que la administración encabezada por los doctores Jesús Torán Sierra, Juan Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez y Javier Alfonso Ortega Alonso, con la dirección administrativa de la actuaria Adriana Beltrán Mallén y Alma Alicia Sígales Chicas, ha instaurado un ambiente de terror que erosiona la salud física y mental de su personal. En un documento interno del 29 de julio del año pasado, Angélica Clairín Pantoja denunció que Adriana Beltrán Mallén generó junto con la Jefa de Recursos Humanos, Alma Sígales, una estrategia de fabricación de pruebas y argumentos en su contra a través de las propias colaboradoras de Clairín a las que «compraron», mientras que el doctor Jesús Torán Sierra le gritó, humillándola ante el personal, que ella lideraba como jefa de intendencia, luego de que como tal había reclamado que les generaron exceso de trabajo durante su jornada laboral, y les estaban restringiendo material para cumplir correctamente con sus labores de limpieza e higiene del sanatorio. Finalmente, renunció. Testimonio de Angélica María Clairín Pantoja Los testimonios de otros trabajadores confirman que este ambiente hostil no es un caso aislado. Enfermeros, camilleros, administrativos y personal de intendencia se quejan de acoso constante, vigilancia excesiva (incluso con programas espía en las computadoras) y desinformación. Muchos aseguran que se les presionó para firmar declaraciones falsas contra antiguos directivos, como el ex administrador Alfredo Gutiérrez del Ángel, bajo la amenaza de perder sus empleos. Han intentado fabricarles pruebas para correrlos y, a través del acoso y la intimidación, buscar que ellos mismos decidan renunciar, muchos con bastantes años en la empresa, de acuerdo con documentos mostrados. Prefieren quedar en el anonimato a la espera de cumplir el tiempo conveniente para jubilarse, aguantando el acoso y la intimidación diarios. Además, los pagos de salarios y prestaciones como el Fondo de Ahorro y vales de despensa se los han retrasado injustificadamente, así como los bonos de productividad que les daban cada trimestre, simplemente han desaparecido desde la llegada de la actual administración. Incluso, comentan, carecen totalmente del apoyo de su sindicato, afiliado a la Federación de Sindicatos Autónomos de México (Fesam), que está totalmente del lado de los liderados por Jesús Torán y Adriana Beltrán. En la más reciente negociación de salarios, a los que ganan el mínimo les subieron el 12%, pero al resto apenas el 5.5%, porque el Sindicato no quiso apoyarlos. Mientras tanto, el incremento en vales fue de apenas 20 pesos. «A diferencia de la anterior administración del doctor Arturo Gutiérrez, quien decía que su personal era lo primero y más importante del Sanatorio, hoy medran con nuestros salarios y prestaciones», porque, afirman, «recursos económicos entran al hospital». La situación se agrava con la falta de insumos y condiciones laborales dignas. Los empleados denuncian que los quirófanos están clausurados, las terapias carecen de agua caliente y los medicamentos esenciales como omeprazol y paracetamol, entre otros, brillan por su ausencia. Incluso los procedimientos de quimioterapia, que antes eran transferidos a hospitales mejor equipados, ahora se realizan con recursos limitados y sin remuneración adicional para el personal que asume el riesgo. En urgencias, los pacientes deben enfrentarse a la falta de materiales y medicamentos mientras los trabajadores intentan hacer milagros con lo poco que tienen a su disposición, mientras corren a la farmacia de la esquina a comprar lo que necesitan. «Estamos trabajando con miedo», confiesa un enfermero que prefiere permanecer en el anonimato. Las jornadas laborales son interminables, sin pagos extra, sin tiempo para comer ni beber agua. En Navidad y Año Nuevo, el personal de enfermería tuvo que asumir funciones de intendencia y camilleros, debido a la ausencia de los nuevos contratados. Las quejas de los pacientes y sus familias también se acumulan: habitaciones en mal estado, falta de ropa de cama y toallas, y un trato que deja mucho que desear. «Los pacientes y sus familiares van y nos gritan, y con justa razón. Lo que están haciendo es hartarnos para que nos vayamos. Nos dicen, ‘a ver, tú, tú, tú, tú, ve y dile al paciente, no hay toallas para que se bañe’. No lo hacen ellos, nos mandan a nosotros. ¿Quién recibe las malas caras? Los regaños y todo. Y por eso queda la impresión de que las enfermeras son malas», expresó una de ellas. La gestión financiera del hospital también está en tela de juicio. Los empleados denuncian irregularidades en los pagos al SAT, IMSS, Infonavit y Fonacot. Mientras tanto, la administración parece enfocarse más en aumentar el número de vigilantes y personal administrativo que en mejorar las condiciones de trabajo o garantizar la calidad de atención a los pacientes. «Ha sido difícil y humillante para nosotros trabajar con esta administración; nos están hartando para que renunciemos», afirma otra trabajadora cansada de las humillaciones constantes. El doctor Erick Ramírez Arias se la pasa gritando a los trabajadores. A su personal médico les dice que se callen cuando le informan que un procedimiento está mal porque, afirma, él tiene mayor jerarquía y deben mostrarle respeto. «Piden respeto, pero no lo dan». La situación alcanzó su punto álgido a inicios de enero de 2024, cuando a un directivo lo acusaron de robo y fue despedido de manera irregular. Este evento marcó el inicio de una purga sistemática contra empleados vinculados a la administración anterior. Las sospechas y rumores, fomentados desde la administración, han creado una atmósfera de paranoia que paraliza al personal y lo somete a una constante vigilancia. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pese a haber identificado irregularidades graves, no ha clausurado el hospital de manera definitiva. Esto permite que el Trinidad siga operando, pero a costa del bienestar de sus empleados y, sobre todo, de sus pacientes, quienes han sufrido de maltrato, como uno de ellos que tiraron los paramédicos durante el traslado al hospital San Luis el reciente viernes. Las denuncias de maltrato, intimidación y falta de recursos siguen acumulándose, mientras la administración parece más interesada en mantener una fachada de normalidad que en resolver las graves carencias estructurales, aún hoy después de la suspensión urgente de actividades realizadas entre la tarde del jueves y madrugada del viernes pasado. Con más de cien familias afectadas y un personal agotado física y emocionalmente, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué hace falta para que las autoridades intervengan de manera decisiva? Los trabajadores del Sanatorio Trinidad necesitan más que promesas y discursos; necesitan justicia, apoyo y una garantía de que sus derechos económicos y laborales serán respetados. Mientras tanto, el terror y la precariedad siguen siendo los protagonistas de este drama cotidiano. Lectura recomendada: ¡Peligro! Suspensión de Cofepris es ignorada por el Sanatorio Trinidad Clausura temporal Como se informó recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), clausuró 8 establecimientos en la Ciudad de México y el estado de México que ofrecían servicios médicos sin contar con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria, por lo que ponían en riesgo la salud de sus clientes. Sin embargo, para el Sanatorio Trinidad S.A. de C.V., sólo aplicó la clausura temporal de la unidad quirúrgica del hospital. _____ Fuente: Difunet

Aún pende de un hilo la candidatura de Clara Brugada para el 2024

Mercado Sobre Ruedas

Información Un conflicto de dos décadas entre comunidades indígenas y la Alcaldía Iztapalapa, podría inhabilitar a la morenista para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.

La administración de Brugada se negó a entregar el panteón a pobladores Tras de que se dio a conocer que la candidatura de Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estaría en riesgo de quedar sepultada en un panteón de Culhuacán, debido a un conflicto de larga data entre comunidades indígenas y la alcaldía Iztapalapa, nada se ha sabido de la inhabilitación de la morenista para ejercer cargos públicos hasta por diez años. El diario El País informó a mediados de diciembre que luego de 20 años de disputa por la titularidad de un cementerio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el caso para determinar si emite sanciones contra Brugada, por no haber acatado resoluciones judiciales que darían fin al conflicto, dejándola inelegible para el proceso electoral de 2024. El origen del problema se remonta a 2005, año en que un grupo de comunidades indígenas asentadas en San Francisco Culhuacán, comenzaron la pugna por la titularidad del predio de la Avenida Tláhuac 3442, en el que buscan establecer un cementerio comunitario para su uso tradicional, de acuerdo a la cosmovisión de estos pueblos, entre los que se encuentran nahuas, toltecas y colhuas. La petición fue rechazada por el entonces delegado perredista Horacio Martínez, pero años después el gobierno de Marcelo Ebrard reconoció a Culhuacán como pueblo originario y realizó una entrega simbólica del predio a los pobladores, quienes edificaron en el sitio un templo piramidal denominado Teocalli. Vinieron entonces decretos expropiatorios por los que la alcaldía Iztapalapa quedó a cargo de la edificación del panteón comunitario. La vuelta de tuerca se dio durante la administración de Dione Anguiano, quien con apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno, comenzó un litigio para arrebatarle a la comunidad el predio y transformarlo en un panteón civil administrado por la alcaldía. Fue así como la Dirección de Patrimonio Inmobiliario falló a favor de la entonces alcaldesa y el grupo indígena fue denunciado por despojo, derivando en un operativo en donde la Fiscalía y la policía desalojaron por la fuerza a las familias asentadas en el 3442 de Avenida Tláhuac, destruyendo su templo con maquinaria de demolición en diciembre de 2017. Posterior al embate que dejó decenas de heridos, las comunidades organizadas en la Alianza de Barrios de Culhuacán emprendieron una defensa jurídica en busca del reconocimiento a acuerdos internacionales que garantizan su derecho a ser consultados, por lo que solicitaron ser beneficiarios del nuevo cementerio así como formar parte de su administración. La respuesta de la alcaldía fue considerada insuficiente por la comunidad, por lo que promovieron un amparo y el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la capital, ordenó a las autoridades iztapalapenses emitir una respuesta correctamente fundamentada. Fue a través de diferentes oficios como tanto en la administración de Anguiano como posteriormente en la de Brugada, se pretendió dar respuesta a dicho amparo, pero el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México las determinó como no válidas, dado que no hubo garantía de audiencia para la comunidad y tampoco resolvieron la solicitud referente al uso del cementerio. Desde entonces, el tribunal ha solicitado a la alcaldía atender correctamente el amparo e, incluso, han instruido, además de al titular de la Dirección Jurídica, a la autoridad superior jerárquica, en este caso la alcaldesa, para ordenar y vigilar el cumplimiento. Cuando una autoridad incumple reiteradamente amparos, los casos son remitidos a la Suprema Corte, organismo que ahora debe determinar ejercer sanciones contra el director Jurídico, quien sería separado de su cargo y consignado a un juez bajo el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, alcanzando hasta 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.  La ley aplica también para la autoridad superior en caso de que no cumpla la sentencia de amparo, por lo que Clara Brugada, e incluso Dione Anguiano, podrían ser merecedoras a las penas mencionadas.