Aún pende de un hilo la candidatura de Clara Brugada para el 2024

Mercado Sobre Ruedas

Información Un conflicto de dos décadas entre comunidades indígenas y la Alcaldía Iztapalapa, podría inhabilitar a la morenista para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.

La administración de Brugada se negó a entregar el panteón a pobladores Tras de que se dio a conocer que la candidatura de Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estaría en riesgo de quedar sepultada en un panteón de Culhuacán, debido a un conflicto de larga data entre comunidades indígenas y la alcaldía Iztapalapa, nada se ha sabido de la inhabilitación de la morenista para ejercer cargos públicos hasta por diez años. El diario El País informó a mediados de diciembre que luego de 20 años de disputa por la titularidad de un cementerio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el caso para determinar si emite sanciones contra Brugada, por no haber acatado resoluciones judiciales que darían fin al conflicto, dejándola inelegible para el proceso electoral de 2024. El origen del problema se remonta a 2005, año en que un grupo de comunidades indígenas asentadas en San Francisco Culhuacán, comenzaron la pugna por la titularidad del predio de la Avenida Tláhuac 3442, en el que buscan establecer un cementerio comunitario para su uso tradicional, de acuerdo a la cosmovisión de estos pueblos, entre los que se encuentran nahuas, toltecas y colhuas. La petición fue rechazada por el entonces delegado perredista Horacio Martínez, pero años después el gobierno de Marcelo Ebrard reconoció a Culhuacán como pueblo originario y realizó una entrega simbólica del predio a los pobladores, quienes edificaron en el sitio un templo piramidal denominado Teocalli. Vinieron entonces decretos expropiatorios por los que la alcaldía Iztapalapa quedó a cargo de la edificación del panteón comunitario. La vuelta de tuerca se dio durante la administración de Dione Anguiano, quien con apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno, comenzó un litigio para arrebatarle a la comunidad el predio y transformarlo en un panteón civil administrado por la alcaldía. Fue así como la Dirección de Patrimonio Inmobiliario falló a favor de la entonces alcaldesa y el grupo indígena fue denunciado por despojo, derivando en un operativo en donde la Fiscalía y la policía desalojaron por la fuerza a las familias asentadas en el 3442 de Avenida Tláhuac, destruyendo su templo con maquinaria de demolición en diciembre de 2017. Posterior al embate que dejó decenas de heridos, las comunidades organizadas en la Alianza de Barrios de Culhuacán emprendieron una defensa jurídica en busca del reconocimiento a acuerdos internacionales que garantizan su derecho a ser consultados, por lo que solicitaron ser beneficiarios del nuevo cementerio así como formar parte de su administración. La respuesta de la alcaldía fue considerada insuficiente por la comunidad, por lo que promovieron un amparo y el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la capital, ordenó a las autoridades iztapalapenses emitir una respuesta correctamente fundamentada. Fue a través de diferentes oficios como tanto en la administración de Anguiano como posteriormente en la de Brugada, se pretendió dar respuesta a dicho amparo, pero el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México las determinó como no válidas, dado que no hubo garantía de audiencia para la comunidad y tampoco resolvieron la solicitud referente al uso del cementerio. Desde entonces, el tribunal ha solicitado a la alcaldía atender correctamente el amparo e, incluso, han instruido, además de al titular de la Dirección Jurídica, a la autoridad superior jerárquica, en este caso la alcaldesa, para ordenar y vigilar el cumplimiento. Cuando una autoridad incumple reiteradamente amparos, los casos son remitidos a la Suprema Corte, organismo que ahora debe determinar ejercer sanciones contra el director Jurídico, quien sería separado de su cargo y consignado a un juez bajo el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, alcanzando hasta 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.  La ley aplica también para la autoridad superior en caso de que no cumpla la sentencia de amparo, por lo que Clara Brugada, e incluso Dione Anguiano, podrían ser merecedoras a las penas mencionadas.