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Sólo muerte política para quienes sean pescados con las manos en la masa de la hedionda corrupción, propuso dirigente de Coparmex |
Una «ley de muerte política»
para que sea aplicada contra aquellos funcionarios y políticos corruptos que
hayan sido vinculados a proceso y sentenciados, propuso el dirigente de la
Coparmex en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, la cual sea
imprescriptible a fin de desinfectar el servicio público del cáncer de la
corrupción que le cuesta al país alrededor de 347 mil millones de pesos
anuales.
Por ello, el dirigente
empresarial llamó a los legisladores que pronto ocuparán sus curules a «darse
prisa» para crear una ley contra los funcionaros y políticos corruptos, así
como terminar la puesta en marcha de los sistemas nacional y local anticorrupción.
Consideró «importante y
necesaria» una reunión con la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así
como con el nuevo Congreso de la Ciudad, a fin de que el organismo que
preside pueda dialogar sobre la manera de reformar el Sistema Anticorrupción
Local aprobado por la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), así como el nombramiento de la Fiscalía Especializada, con el propósito
de comenzar el próximo sexenio con «un ánimo realmente combativo» contra la
corrupción.
A un año de la entrada
en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción para la «prevención, detección,
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así
como en fiscalización y control de recursos públicos», dijo, éste no se ha
consolidado en la Ciudad de México ni en los estadose.
Aseguró que como ha sido
con otras políticas públicas en la capital del país, el gobierno capitalino
necesita del «acompañamiento del empresariado» de la Ciudad de México para
que ésta sea la primera entidad en tener completo su Sistema Local
Anticorrupción.
De acuerdo con
mediciones de la corrupción, refirió, dicha práctica le cuesta al país el 9
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que en el
índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015 de Transparencia
Internacional (IT), México ocupó el lugar 95 de 168 países.
Recordó que el tres de
octubre de 2017, la Coparmex capitalina propuso la «ley de muerte política» contra
funcionarios y políticos corruptos, y sólo dos semanas después el senador
José Luis Preciado, del PAN, retomó la propuesta en la cámara alta.
Recientemente, indicó, Juan
Zepeda del PRD y Movimiento Ciudadano, la integró a su agenda legislativa
para el periodo que dará inicio el primero de septiembre.
Incluso, el pasado 28 de
junio una ley de nombre similar fue aprobada por el Congreso de
Aguascalientes.
Por lo anterior, el
dirigente empresarial pidió a los legisladores que incluyan en sus agendas la
iniciativa de una reforma constitucional para que los delitos donde haya
actos de corrupción sean imprescriptibles, bajo el supuesto de que con el
tiempo y en acciones acumuladas, laceran, atentan y frenan el desarrollo del
país.
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