Mediante
asambleas amañadas el alcalde de Xochimilco impuso a sus representantes por encima de las
autoridades tradicionales de cada uno de los pueblos, pero el Tribunal
Electoral las echó abajo.
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Fotografía de archivo |
Tras de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
emitiera una resolución para anular las distintas asambleas en pueblos de
Xochimilco, orquestadas por el alcalde José Carlos Acosta Ruiz, habitantes
del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco advirtieron que éste ha puesto en
marcha una «segunda oleada de guerra sucia» contra el derecho que tiene cada
comunidad para determinar la estructura de su gobierno interno.
Ahora la alcaldía de
Xochimilco ofrece cambios de uso de suelo en zonas ecológicas, como gancho
para obtener apoyo social y legitimar la imposición de personas afines a los
intereses del alcalde, dijeron, para lo cual servidores públicos visitan
barrios a fin de enganchar incautos con dicho engaño.
Por lo pronto, continúan
con la defensa de sus derechos ante la sala regional de la Ciudad de México
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde denunciaron
que mediante asambleas amañadas el alcalde impuso a sus representantes por
encima de las autoridades tradicionales de cada uno de los pueblos.
En respuesta, el pasado seis
de marzo dicho tribunal emitió la resolución de echar para abajo las distintas
asambleas que ya habían sido realizadas en pueblos de Xochimilco, debido a la
ausencia de adecuados mecanismos de coordinación entre las autoridades
tradicionales de los pueblos y las autoridades del Estado, además de que no
se contó con una adecuada difusión para las asambleas comunitarias.
Igual a como sucedió
días después en Tláhuac, donde el director de Jurídico, Tomás Noguerón,
cometió garrafal pifia al desempolvar una convocatoria y hacerla pública para
la elección del coordinador territorial del pueblo de San Pedro Tláhuac, lo
que de no estar en tiempos de la dizque «cuarta transformación» hubiese sido
motivo suficiente para que presentara su renuncia al cargo.
La «segunda oleada de
guerra sucia de la Alcaldía Xochimilco», dijeron, ha sido orquestada junto
con la diputada local Donají Olivera Reyes y la diputada federal, Guadalupe
Ramos Sotelo. Ambas emitieron un comunicado el pasado lunes 11 de marzo en el
que señalaron que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tomó una
decisión equivocada al anular las asambleas, y que con dicha anulación se
violaron los principios de certeza y democracia.
Con ello, las diputadas ignoraron
que las asambleas se llevaron a cabo incluso con violencia en muchos casos, y
sin que existiera una plena participación de habitantes, originarios, y
autoridades tradicionales.
«Lo que pretenden en
realidad las diputadas es convalidar elecciones en donde apoyaron a ciertos
candidatos», señalaron vecinos de Tlaxialtemalco, en razón de que Donají «tiene
presencia en las colonias de Huichapan, Ampliación Tepepan (de donde es
habitante) y Jardines del Sur», en tanto que Guadalupe «fue una de las
personas que acudió a la asamblea del pueblo de Xochitepec a imponer la
figura de Coordinador Territorial, ya que habita en ese pueblo».
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