| Esas otras maletas de las que poco se sabe
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Por recibir recursos al margen de la ley, el
titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto
Castillo, congeló las cuentas de los integrantes y principales cabecillas
del sindicato Libertad por extorsión, pero también de la agrupación Antorcha
Popular, por haber recibido «al margen de la ley», recursos en efectivo.
Ambos casos competen a la alcaldía Tláhuac, debido
a los presuntos nexos que los dirigentes de esas organizaciones tienen con un
diputado local, quien ya se encuentra en campaña encubierta a través de la
promoción del uso del cubrebocas con motivo de la pandemia del coronavirus,
para ser el beneficiario de las candidaturas de su partido, Morena. a
fin de repartirlas entre sus incondicionales para el próximo proceso
electoral.
La semana pasada la UIF congeló las cuentas de seis
prestanombres y cuatro empresas vinculadas financieramente con Hugo Bello
–quien tiene operaciones en diversas entidades de la República– por
supuestamente utilizar una red de prestanombres y empresas fantasma, para «lavar
dinero producto de los delitos a los que se le vincula por homicidio,
secuestros, extorsiones y despojos».
Dichas operaciones financieras consistieron en
retiros en efectivo, la compra de 19 inmuebles por un monto aproximado de 44
millones de pesos y ocho vehículos con un costo de 15 millones de pesos, aproximadamente.
A través del sindicato Libertad se registraron
depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 884
millones de pesos, 483 de ellos en efectivo.
Integrantes de esa organización han sido
vinculados con otros delitos como el homicidio del presidente municipal de
Valle de Chalco, en el estado de México, Francisco Tenorio Contreras, así
como con el Cártel de Tláhuac.
En tanto que del Movimiento Antorchista Nacional –en
proceso de asumir como suyo el territorio de Tláhuac– fueron congeladas las
cuentas de tres personas morales y siete personas físicas vinculadas con esa
organización, a la que pertenecen varios servidores públicos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), debido a que recibieron «al margen de
la ley» cantidades no especificadas de dinero en efectivo.
El Movimiento Antorchista Reaccionó ante las
acciones de la UIF acusando al actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa,
de utilizar a la instancia investigativa de la SHCP como instrumento de una «venganza
política».
Los antorchos actualmente llevan a cabo en Tláhuac
una serie de invasiones y despojos de lotes a sus legítimos dueños en el
predio de Atotolco Chinanco, sin que la autoridad se atreva a intervenir a
fin de detener la embestida de esa organización.
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