| A un mes del primer aniversario de la tragedia que se derivó de la corrupción jamás vista en una obra del gobierno de la Ciudad la L12 sigue igual |
El
dictamen técnico a los peritajes practicados por el desplome de la Línea 12
del Metro permitirá hacer nuevas acusaciones en contra de aquellos
funcionarios que tuvieron a su cargo, desde la planeación y proyecto, hasta
la construcción, mantenimiento y supervisión de ese medio de transporte.
Dicho
análisis evitará que prevalezca la impunidad en ciertos personajes del ámbito
público como el caso de Florecía Serranía, ex titular del Metro, así como la
ex subdirectora de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC)
Metro, al parecer protegidas por la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum.
En
un comunicado, Teófilo Benítez, asesor jurídico de 14 víctimas, dijo que es
una burla que mientras la fiscal
Ernestina Godoy premia a funcionarios por las investigaciones de la Línea
12 del Metro, por otra parte
prevalezca la impunidad, debido a que a casi un año de los hechos no se ha formulado
imputación directa a los implicados.
«Nosotros demostraremos
con sus propios documentos, con sus propios análisis, que realmente estuvo
corta la investigación, que estuvo mal la investigación, que sí está bien
hecha la imputación a las personas que ellos tienen ahorita como imputadas,
pero se les olvidaron muchísimos más atrás, entonces este peritaje es
precisamente de lo que trata es de esclarecer los hechos a los ojos de la
ciudadanía y en especial de la propia fiscal», señaló el abogado.
Acerca
del informe, aseguró que se obtendrán resultados el próximo 19 de mayo,
mismos que serán presentados a la Fiscalía General de Justicia con la
finalidad de que se incluyan en la carpeta de investigación, como también las
imputaciones que de éste deriven.
En
cuanto a las indemnizaciones que Grupo
Carso ha entregado a diferentes víctimas, Teofilo Benítez mencionó que «es una burla y humillación lo que
han hecho y más por que la Fiscalía lo ha avalado e, incluso, ha otorgado
reconocimientos a su propio personal, cuando el caso continúa impune».
Sostuvo
que ese acto de supuesta indemnización «lo único que ha hecho es ponerle
precio de un millón de pesos a la vida de las personas que lamentablemente
fallecieron por un acto de corrupción avalado desde las altas esferas del
poder».
«Nunca
ha habido una reparación del daño histórica, imagínense, tal vez para ella
sí, para la jefatura de gobierno, disculpen, porque ya tiene precio una vida.
Ellos dicen que dieron un millón de pesos por una vida, si ‘históricamente’
ya le pusieron valor a la vida de una persona, será que la vida de ellos
valdrá lo mismo, esa es su reparación histórica, un millón de pesos, una vida»,
apuntó.
El
estudio técnico cuenta con el aval de especialistas en diferentes materias y
es un derecho constitucional de las víctimas presentarlo como dato de prueba
ante instancias ministeriales y judiciales con el propósito de llegar a la «verdad
histórica».
En
su oportunidad, varias víctimas que sobrevivieron al colapso exigieron al gobierno
de la Ciudad y a la Fiscalía que no tolere la impunidad y el despropósito de
avalar investigaciones y acusaciones a medias, pues esto no permite acceder a
la verdad de los hechos.
Recordaron
que este principio, así como el debido proceso y el acceso a la justicia,
forman parte del amplio catálogo de los Derechos Humanos que toda autoridad
debe respetar , promover y hacerlos valer.
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