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En la fotografía se ve a Armando García del lado derecho, durante un acto de campaña de López en mayo de 2015. Fotografía NosotrosMSR |
El presidente municipal suplente de Valle de
Chalco, Armando García, sí tiene un asunto pendiente con la justicia que
resolver, que le permitió ampararse y a partir de este martes debió regresar
a sus funciones, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso del Estado de México, Maurilio Hernández.
El edil, que tomó lugar tras el homicidio de
Francisco Tenorio, permaneció prófugo por una semana luego de que le fue
girada una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico.
En entrevista, previo a la sesión ordinaria de
esta tarde, Maurilio Hernández dijo que como consejero estatal del partido
Morena puede asegurar que el instituto político no tiene nada que responder
ni responsabilidades que asumir en torno al tema, pues para registrarse como
candidatos a alcaldes y suplentes deben demostrar que no tienen antecedentes
penales, pero «estas cosas pasan», dijo.
«A quien le debe preocupar es a él (en caso de que
el ilícito sea acreditado). No podemos seguir en esa visión maniquea de que
todos los de Morena son buenos, aquí hay gente excelente, de primer nivel,
pero tenemos algunos que no lo son tanto, como en los demás partidos, pero no
nos preocupa porque son asuntos personales que no tienen que ver con los
principios ni la plataforma de Morena», comentó.
Tras de que por una semana Armando García se mantuvo
como prófugo, debido a que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la
Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en su contra, el también
coordinador de los legisladores morenistas afirmó que este asunto ya está siendo
atendido por parte del edil.
«Tiene un asunto que resolver, entiendo que es por
un delito que le permite tener amparo y en consecuencia demostrar en libertad
lo que a su derecho convenga, pero debe estar en funciones incluso», precisó.
En caso de que el edil tuviera alguna cuenta que
pagar, estará sujeto a los procesos judiciales correspondientes, mientras
que, en ese caso, específicamente será el Congreso estatal quien debe
intervenir para actuar conforme al procedimiento constitucional
correspondiente y elegir de una terna enviada por el Ejecutivo mexiquense.
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