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Con el pretexto de la renovación de tubería, en la gestión pasada en Tláhuac alguien se llevó una millonada a costa de lis vecinos de varias colonias |
Tras de que en la administración pasada en Tláhuac,
la del delegado interino Félix Arturo Medilla Padilla (hoy flamante
subsecretario de Gobierno de Claudia Sheinbaum), empleados de la
administración sangraron a vecinos de diversas colonias con tres mil pesos
por domicilio (sin expedir ningún recibo) por el supuesto cambio de tubos de plástico para la red de
suministro de agua potable, el alcalde Raymundo Martínez Vite envió una
iniciativa ciudadana al Congreso local para reducir costos por instalaciones
de tomas de agua.
Luego de que dichos empleados en contubernio con
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México literalmente hicieron su agosto al
ofrecer incluso la instalación de tomas clandestinas, esto es, sin necesidad de
colocar medidores, el Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa
ciudadana con proyecto de decreto para reformar el Código Fiscal de la
capital del país, a fin de reducir los costos de derechos para las
instalaciones de tomas de agua, medidores y conexión de drenaje.
Fue el alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite,
quien entregó la propuesta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso
local, diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, con el propósito de que
ésta sea turnada para su estudio en la Comisión de Puntos Constitucionales y
Atención a Iniciativas Ciudadanas.
El Artículo 107 de Ley Orgánica del Congreso de la
Unión reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar propuestas de leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. La iniciativa
ciudadana no es procedente en materia penal, tributaria y en ninguna materia
que contravenga los derechos humanos.
Con respecto a la iniciativa presentada el lunes,
el alcalde de Tláhuac señaló que tiene como propósito atender a la población
más necesitada, cuyos recursos económicos son insuficientes para gozar del
acceso al agua como un derecho tan indispensable para el ser humano.
En el documento presentado, Martínez Vite advierte
que «en la actualidad acceder a una toma de agua en una vivienda popular,
cuyo jefe de familia cuenta sólo con el salario mínimo, representa un monto
de inversión equivalente a cuatro meses de trabajo remunerado, lo que lleva a
miles de ciudadanos al incumplimiento y a buscar tomas clandestinas, al no
poder cubrir este gasto».
La propuesta plantea también reducciones de hasta
70 por ciento como una propuesta emanada del espíritu ciudadano, a través de
las nuevas facultades con las que han sido investidos los titulares del
Ejecutivo en cada una de las 16 alcaldías de la ciudad.
El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver
sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
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