Los disparos al aire que alrededor de las dos de la tarde del día último del año hizo un individuo sin ninguna consideración por la integridad física de medio centenar de comensales de un restaurante de la delegación Tláhuac con razón social «Cocoliso», marisquería que se encuentra sobre la Avenida Estanislao Ramírez en la Colonia Selene Tlaltenco, debe ser investigado por alguna instancia de gobierno a fin de que esa comunidad tome las previsiones del caso si es que ya llegaron bandas de sicarios al Distrito Federal o, también, para saber si los tres individuos que escandalizaban en estado de ebriedad acompañados de igual número de mujeres (de «connotada reputación») eran «judas» (judiciales) de alguna corporación policiaca que festejaban el fin de año… A sabiendas de que los gobernantes perredistas son como jarritos de Tlaquepaque debido a que no les gusta la crítica, y que con su actitud chabacana simplemente ignoran denuncias y cuestionamientos como forma de venganza contra quienes osan insinuarles siquiera que se pongan a trabajar, lo sucedido ante la mirada atónita de quienes degustaban sus platillos en compañía de sus familias llama la atención debido a que son varios los funcionarios de la administración capitalina así como representantes populares afines al Partido de la Revolución Democrática a quienes hemos escuchado decir que la Ciudad de México es la «más segura de la República Mexicana»… El próximo 11 de enero se va a cumplir un año de que una veintena de comerciantes de la delegación Tláhuac fueron amenazados a través de llamadas telefónicas realizadas, según dijeron, por elementos de la Familia michoacana, del Cártel del Golfo y de los Zetas, en los que exigieron a sus probables víctimas cantidades de dinero a cambio de protección tanto para su patrimonio como de la integridad física de su familia. Según advirtieron los presuntos sicarios, estaban tomando la delegación Tláhuac, por lo que exigían dinero a sus víctimas a cambio de no realizar ninguna agresión en contra de ellos o secuestrar a algún miembro de su familia… Sólo que las personas que estaban siendo amenazadas con llamadas telefónicas tenían una característica común: sus negocios y demás establecimientos comerciales los anunciaban en publicaciones locales, lo que nos permitió suponer que se trataba de delincuentes recluidos en penales del DF. Y escribimos que «nos» permitió deducir porque, como ya es costumbre en las fiscalías de la PGJDF donde ministerios públicos y la carabina de Ambrosio son la misma cosa, cuando el asunto fue expuesto al gris funcionario que entonces se desempeñaba como fiscal en Tláhuac, no pasó nada. Sólo fue ir a perder el tiempo a la fiscalía porque ahí al ciudadano común y corriente, que no tiene credencial de militante del PRD ni trabaja en la administración ni tiene el gusto de conocer al procurador Miguel Ángel Mancera, nadie le hace caso… Por fortuna, casi la mayoría de las personas que fueron extorsionadas con llamadas telefónicas no se amedrentaron, se rehusaron a ser presas del miedo, y solamente cambiaron sus números telefónicos y decidieron continuar con sus inserciones publicitarias. La revista Nosotros publicó una serie de medidas preventivas a seguir como es mantener la calma en caso de una posible extorsión telefónica, y a continuación colgar el auricular antes de seguir escuchando las intimidaciones del presunto sicario que, para mayor impacto intimidatorio, le daba una entonación a su habla como de norteño o costeño. A falta de interés y voluntad de los burócratas de la PGJDF para brindar algún tipo de ayuda a las personas que habían sido amenazadas, una de las medidas preventivas publicadas en Nosotros fue en el sentido de que «en ningún momento hay que mostrar temor, al contrario, quien sea acosado por uno de estos criminales debe conducirse hasta con cierto desinterés»… La serie de medidas publicadas en el número 131 de la revista dio buenos resultados, debido a que la gente supo cómo evitar ese tipo de llamadas realizadas por reclusos desde sus cloacas en los penales del altiplano, y al poco tiempo, sin ningún tipo de ayuda de ninguna corporación policiaca (donde ya sabemos que, igual y como sucede con las bandas de delincuentes, si el ciudadano no les ofrece dinero nunca le van a hacer caso), la gente dejó de sufrir ese tipo de extorsiones telefónicas… Sin embargo, a casi un año después, en la delegación Tláhuac tuvo lugar un incidente que tiene visos de haber sido protagonizado por «delincuentes organizados», como suelen definir los burócratas dizque expertos en su chamba… Hasta donde supimos, los sujetos exigieron a los empleados del restaurante que le subieran todo el volumen al sonido del grupo musical que los deleitaba con corridos y tonadillas norteñas, cuya temática, como es sabido en algunos casos se refiere a narcotraficantes, y tras de escandalizar e impedir a las meseras que le fueran a bajar el nivel a las bocinas tal y como lo pedían algunos de los comensales, de pronto uno de ellos sacó una pistola de grueso calibre y vacío al aire la carga, sin que los encargados del lugar se atrevieran a solicitar el apoyo de la policía capitalina, ni que ningún elemento de la SSP se dignara presentarse en el lugar pese a que por ser ampliamente transitada la Avenida Estanislao Ramírez, siempre andan «mordiendo» automovilistas. De acuerdo con los testigos, el sujeto que vació la carga de su pistola una vez que tuvo lugar su prepotente desplante, se retiró del lugar, quedándose los otros dos individuos; pero aún así ningún representante de supuesta autoridad se dignó presentarse por el restaurante… Por eso anotamos que sería bueno que como ciudadanos pudiésemos saber si los individuos que pusieron en peligro la vida de las personas que, desgraciadamente, en ese momento comían en el lugar, para conocer si se trató de sicarios o policías judiciales y si en ambos casos estaban de acuerdo con el responsable de la marisquería, porque según testigos parecía que había cierta relación entre ellos (como en el caso del ex futbolista Salvador Cabañas, que se llevaba de a cuartos con su agresor, pero al último nadie supo nada); saber, repetimos, para que como ciudadanos podamos instrumentar nuestras propias medidas de seguridad debido a que los jefes de las policías andan más ocupados en otros menesteres que en cuidar y proteger a la ciudadanía. Sobre todo los funcionarios de la administración capitalina que tienen la obligación de convencernos a fuerza de repetir una mentira como es la de decirnos a través de sus choros mareadores que vivimos en la ciudad «más segura» de la República Mexicana, para que así ellos puedan continuar en el trapecio de la «grilla politiqueril» ahora que vengan las siguientes elecciones.
No hay dinero que alcance para salvar Xochimilco
Luego de un tiempo de haber guardado silencio como parte de su estrategia para mantener bajo perfil debido a la serie de denuncias y cuestionamientos de que ha sido objeto a través de diversos medios de difusión impresos, ligados con actos de corrupción durante su gestión como jefe delegacional en Xochimilco, el diputado local perredista Uriel González Monzón llamó a salvar la zona lacustre y canales de la zona chinampera, según dijo, «ante la negligencia e irresponsabilidad del gobierno federal que año con año se niega a aportar recursos para su restauración, pese a que la Unesco ha considerado en otras ocasiones patrimonio cultural en riesgo a esa parte de la Ciudad de México»… El legislador calificó como de «actitud mezquina» la del gobierno federal por negar recursos para el rescate de los canales de Xochimilco, cuando «fue él quien firmó en 1987 la declaratoria con la Unesco y en ese decreto se comprometió a otorgar recursos para el rescate de la zona chinampera y el Centro Histórico de la demarcación, que es lo que conforma el Patrimonio Cultural de la Humanidad»… Pero el problema es que el gobierno federal cuando ha aportado los recursos estos no sirven de mucho, debido a que las administraciones locales (incluida la de González Monzón) hacen todo lo posible porque aquel vergel chinampero acabe por extinguirse lo más pronto posible ante las autorizaciones que otorgan para que grupos de paracaidistas afines a su partido político, invadan, arrasen y contaminen de suciedad y mugre con legiones de vendedores ambulantes el entorno urbano, y que ellos consideran como bastión del perredismo, y no como un sitio histórico y turístico que dio fama y gloria a lo que un día fue la región más transparente del aire… El diputado local culpa a «una postura política» de que Xochimilco no cuente con los recursos del gobierno federal, lo que «transgrede el trabajo de miles de familias, cuyo sustento está basado en el turismo y en la vocación natural de Xochimilco»; sin embargo, no dice nada acerca de cómo los gobiernos delegacionales se han visto beneficiados con la proliferación de asentamientos humanos en suelo de conservación y zona chinampera (por ejemplo el Barrio 18), con lo que kilómetros de canales han desaparecido, así como la multiplicación de organizaciones de vendedores ambulantes que incluyen hasta trajineros piratas, y la propagación de fondas y emborrachadurías en nuevas áreas de la zona chinampera que no habían sido contaminadas por el turismo… Además, ¿cuánto hizo González Monzón como jefe delegacional para evitar que el drenaje con aguas residuales y pestilentes vaya a descargar a los canales de la zona chinampera, por donde realizan sus recorridos tradicionales las trajineras y los turistas suponen que la de la llamada «Venecia mexicana» se trata de agua natural y desconocen el peligro que corren al entrar en contacto con ella?… Eso sí, para el legislador los productores de Xochimilco son depositarios de una cultura milenaria, por lo que «lejos de agredirla y querer aniquilarla», es un ejemplo en el mundo por su sustentabilidad en la agricultura. Y tiene razón porque ni él ni sus demás correligionarios han podido aún acabar con Xochimilco, que a pesar de propiciar asentamientos irregulares con oleadas de militantes perredistas, la delegación aún cuenta con el área natural protegida decretada más grande del Distrito Federal, con dos mil 656 hectáreas… Lo cierto es que ahora sí parece interesarle al diputado que Xochimilco aporte servicios ambientales a la ciudad, cuando justamente si esa región estuvo en riesgo de perder la declaratoria de la Unesco de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad fue precisamente durante su gestión como jefe delegacional. Llama la atención que ahora considere esa zona como uno de los pulmones más importantes y sitio turístico de la capital, cuando en su gestión no hizo absolutamente nada por cambiar el aspecto de chiquero que esta tenía… Según el atribulado denunciante el dinero que debía aportar el gobierno federal serviría para realizar labores de «limpieza y saneamiento de canales, protección de las riveras de las chinampas; control de plagas y enfermedades que se dan en los árboles y cultivos de la zona; investigaciones de las universidades y colegios de posgrado, entre otros trabajos». Y no es que uno sea mal pensado pero, ¿no necesitarán ese dinero para construir el mentado acuario y demás centro comercial que según algunas versiones tienen proyectado levantar en la zona de Cuemanco». Porque es curioso que de pronto González Monzón salga con el cuento de que le preocupa mucho que el gobierno federal «no apoye la ciencia y la investigación», cuando Xochimilco es «uno de los laboratorios más importantes de la ciudad». Si como delegado jamás le importó lo que ahí hacían la UAM, la UNAM, la Universidad de Chapingo y otras instancias con las especies endémicas como el ajolote, por ejemplo, ni que estuviera en riesgo el aporte de los elementos naturales hacia la Ciudad de México, como el oxígeno y agua, ni que haya sido zona de recarga del acuífero de la capital cuando las hordas de paracaidistas rellenaban con cascajo los canales de la zona chinampera para tener más superficie para levantar sus tendejones, ¿de cuándo acá el interés por una jurisdicción que ya gobernó y por la cual no quiso hacer mucho, quizás porque no le convenía?
En el DF hay invasiones porque los gobiernos las solapan
Ante la grave reducción de las áreas de valor ambiental en el DF, el diputado local panista Juan Carlos Zárraga Sarmiento propuso que el Fondo Ambiental Público local destine una partida para el establecimiento de programas y servicios de protección, rehabilitación y conservación que brinden sustentabilidad a la ciudad en materia de preservación ecológica. Señaló que en la Ciudad de México existen cinco bosques urbanos y 74 barrancas, considerados por la ley como de valor ambiental, mismos que requieren recursos propios para su operación y conservación, toda vez que en los últimos años han sufrido un deterioro paulatino, que afecta gravemente su entorno, lo que resulta en las frecuentes quejas de los usuarios por daños en su infraestructura. «La tala ilegal de los bosques de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, la invasión ilegal de áreas verdes, con la complicidad o tolerancia de autoridades de las 16 delegaciones, así como la urbanización ilegal de áreas agrícolas en la zona oriente y sur de la ciudad, han sido resultado del crecimiento urbano desmedido e irracional, contrario a todo principio de sustentabilidad para la conservación ambiental del centro del país», denunció… Quien también es secretario de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica indicó que actualmente los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón son administrados por la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual destina parte de su presupuesto a su conservación, por lo que consideró indispensable que cuenten con recursos propios para su operación. Finalmente, Zárraga Sarmiento aseveró que en materia de Protección Civil, la anarquía en la urbanización de diversas zonas de barrancas de la ciudad pone en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas asentadas en ellas, ya que las expone a los efectos de los derrumbes, deslaves e inundaciones provocadas por la desestabilización del suelo y la incidencia de la temporada de lluvias.
Ecocidio en Tláhuac y la gente ni se inmutó
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| Esta imagen ya no existe en la vida real |
El señor Benjamín Rioja se refirió a la tala indiscriminada de árboles que el gobierno capitalino llevó a cabo a lo largo del tramo de la Avenida San Rafael Atlixco, con motivo de la construcción de la terminal de la línea 12 del Metro, donde lo más sorprendente de todo fue que ante tamaño ecocidio la gente ni se inmutó. «Me parece que la población de Tlaltenco y de otros pueblos ha entrado en un estado de indolencia, nadie ha expresado su molestia o inconformidad, lo peor de todo es que creen que es algo ‘normal’»… En un correo electrónico enviado a nuestra columna, apuntó que «de por sí se está erosionando el entorno con las vialidades y la construcción del Metro, y más aún si le sumamos el derribo de arboles, que de alguna manera eran una barrera para detener las tolvaneras y también servían como escudo para ‘capturar’ el ruido del transporte público pesado. Ahora el entorno es diferente, es más grisáceo, hay menos arboles y la delegación no ha hecho nada. Por lo que vuelvo a expresar a través de la columna Mercado Sobre Ruedas mi más enérgica protesta y reclamo a las autoridades delegacionales, para que se abstengan de talar arboles en áreas públicas, mejor que se dediquen a reforestar y a regar el bosque de Tláhuac que está hecho un llano, todo seco», manifestó.
Con obras faraónicas quiere Ebrard retener la Jefatura
En vano fueron los llamados que hizo el diputado local panista Fernando Rodríguez Doval al Gobierno del DF para dejar atrás su política autoritaria y represiva en contra de ciudadanos que se oponen a la construcción de «obras faraónicas» como es la supervía poniente y la línea 3 del Metrobús, y regresar a las mesas de diálogo con los vecinos de la Colonia La Malinche en la delegación Magdalena Contreras, que fueron violentamente desalojados de sus viviendas. Ayer domingo el gobierno capitalino anunció a los propietarios de los 50 predios expropiados para continuar con la construcción de la supervía que no habría más diálogo, mientras más de 600 granaderos mantienen bajo resguardo los predios confiscados… «A más de ocho meses de haber dado inicio el conflicto legal de la expropiación de predios en La Malinche para la construcción de la supervía poniente, el jefe de Gobierno ha vulnerado la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina para establecer un diálogo con los inconformes, el cual, al igual que sucedió con los vecinos de la Colonia Narvarte, ha roto de manera hostil», dijo el legislador… «Es totalmente incongruente y reprobable que Marcelo Ebrard mida con una vara distinta las diversas manifestaciones de oposición que se dan en la ciudad, ya que mientras con grupos como a los del sindicato de electricistas los protege y apoya en sus protestas, por otro lado reprime a movimientos genuinamente vecinales como los de las colonias Narvarte o La Malinche», señaló el también integrante de la Comisión de Transporte y Vialidad, para quien la obra «es inviable desde el punto de vista técnico, económico, financiero, vial y ambiental, que rompe con las tendencias mundiales que van en sentido contrario a este tipo de construcciones»… Y es que desde su proyección, la supervía poniente ha sido desestimada por académicos y expertos por su inviabilidad. «Ni un solo especialista se ha pronunciado a favor de la construcción de la supervía poniente, por el contrario, los Institutos de Biología, Ecología y Geografía de la UNAM, el Centro de Investigación Mario Molina, así como la Universidad Autónoma Metropolitana y las más diversas organizaciones de la sociedad civil han dado opiniones en contra, lo que evidencia su inviabilidad», agregó… Finalmente, Rodríguez Doval enfatizó que es clara la intención del Gobierno del DF de dar inicio en 2011 a una nueva ofensiva en su campaña electoral con miras a las elecciones del próximo año, en donde a través de la construcción de obras monumentales y el uso clientelar de programas sociales busca ganar el voto de los capitalinos con miras a retener la Jefatura de Gobierno para su partido… Por su parte, el diputado perredista Héctor Guijosa criticó la falta de sensibilidad del gobierno capitalino para lograr el bienestar y la paz social con los contrerences. Se deslindó de la actual administración en la delegación Magdalena Contreras y de su titular Eduardo Hernández Rojas, quien por cierto, según dijo, firmó la autorización de la obra desde el pasado mes de febrero del 2010. «Dentro de la posición del jefe delegacional no hubo nunca la intención de apoyar a los afectados directos e indirectos por la construcción de esa nueva vialidad, con estas acciones u omisiones queda claro el desequilibrio político a todo lo largo y ancho de la demarcación», indicó. El ahora legislador señaló que cuando él ocupó el cargo de jefe delegacional en Magdalena Contreras rechazó el proyecto original, que en su administración no firmó o autorizó obra alguna ni dio inicio con ningún proyecto relacionado con la supervía poniente. Rechazó el uso de la violencia con que fueron desalojados los vecinos del lugar, y pidió al secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, que coadyuve a buscar métodos que salvaguarden la integridad física y de paz social entre vecinos y la propia autoridad.
Propone la creación de jueces de ejecución de sentencia
Una iniciativa para crear la ley de ejecución penal fue presentada por el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandro Carbajal González, quien urgió a poner énfasis en las acciones y programas de rehabilitación de presos porque, de lo contrario, advirtió, las cárceles terminarán llenas de jóvenes. Al menos hasta el momento representan entre 45 y 50 por ciento los reclusos que son jóvenes. Así que con el propósito de que haya un seguimiento puntual del procesado, el legislador propone la creación de la figura de los jueces de ejecución de sentencia. Se trata de crear una figura donde el juez que conozca del asunto no concluya la vigilancia de los procesados con la emisión de la sentencia, sino que tengamos una autoridad judicial que garantice los derechos de los sentenciados como una forma de lograr su reinserción a la sociedad. Contempla nuevas figuras como la mencionada del juez de ejecución de sanciones penales y la sala colegiada especializada en ejecución de sanciones penales, ambos del Tribunal Superior de Justicia del DF… La iniciativa de Carbajal Morales está en el marco de la obligación de actualizar el marco legal del DF, con la Reforma Constitucional en materia Penal realizada en 2008. Plantea modificaciones e inclusiones correspondientes en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia en el DF, que es el instrumento legal en donde se regula la organización administrativa y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales dependientes de dicho Tribunal… Reconoció que la ejecución de la pena es una etapa en la que se ha observado una tendencia hacia el descuido, como demuestran los informes anuales de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, lo que se refleja en serios problemas como el hacinamiento, suministro insuficiente de agua potable, desabasto de alimentos; negligencia médica, problemas de salud pública, negativa y suspensión de las visitas familiar e íntima; tortura, corrupción, problemas en las zonas de aislamiento; discrecionalidad en los beneficios de libertad anticipada y otras violaciones a los derechos humanos… «Con ello se hacen nugatorios lo mismo los fines de prevención especial de la pena que los esfuerzos del personal criminológico de las instituciones penitenciarias encaminados a la readaptación social», dijo. «La ejecución de la sanción penal es de vital importancia para el sano funcionamiento de cualquier sociedad, pues de ella depende su capacidad para recuperar a una persona dispuesta a reintegrarse de nuevo al cuerpo social tras del cumplimiento de la pena; en cambio, cuando falla el proceso de reinserción, resulta un ser que odia a la sociedad, a la que no se reintegrará jamás»… El juez estaría supervisando de manera permanente al procesado porque hoy en día, en el momento que se emite la sentencia, la autoridad judicial pierde contacto con éste y se traslada la responsabilidad a la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Esta situación provoca, por ejemplo, que para lograr una pre liberación se tiene que reunir un consejo multidisciplinario, pero éste se reúne cada que «San Juan baja el dedo» y se olvidan y violentan garantías de los reos. Indicó que el juez de ejecución de sentencia tendría como obligación el supervisar y revisar la conducta de los reos para ver quiénes son sujetos de beneficios que evitarían tener las cárceles tan llenas y saturadas, y se empiece a tener verdaderos procesos de rehabilitación que concedan el beneficio de la pre liberación.
Nombres, hechos, actitudes
REVISARÁN MINAS DE LA MIGUEL HIDALGO. Para proteger la vida y propiedades de los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo que habitan en zonas de minas, la ALDF asignó 10 millones de pesos para ese rubro y 15 millones para el fortalecimiento del Atlas de Riesgo, a petición del diputado local perredista Víctor Hugo Romo Guerra. Es necesario darle tratamiento a cada mina y se requiere de la realización de estudios de radiodiagnóstico para determinar la ubicación y profundidad exacta y la perforación de túneles, para así determinar qué zonas están en más alto riego y aplicar el recurso necesario. Se debe acabar con la permanente zozobra que significa tener una mina debajo de la vivienda, como es el caso los vecinos de la Privada José Morán, en la Colonia Daniel Garza, que en sus pisos presentan daños importantes, al igual que el riesgo de intoxicación por la gran cantidad de gases que se detectan en algunas zonas como en la mina ubicada en la Cerrada de Ignacio Esteva, de la Colonia San Miguel Chapultepec… Al respecto, la UNAM elabora una base de datos acerca de grietas en la ciudad y zona metropolitana, donde hasta ahora existen 380 fracturas ubicadas en Iztapalapa, Chalco, Xochimilco y la zona de Vallejo… ¡Nos leemos el miércoles!
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