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Mercado Sobre Ruedas |
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Los
perredistas del Gobierno del DF seguramente tuvieron un amargo fin de semana
cuando el pasado sábado nueve de octubre elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), detuvieron en una residencia de Tepoztlán, Morelos, al
ex secretario de Finanzas de la administración de Manuel López Obrador, recluyéndolo
en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de
México, acusado de lavado de dinero. Como se recordará, el uno de marzo del 2004
Joaquín López Dóriga dio a conocer en El Noticiero el video en el que Gustavo Ponce aparece
apostando en el casino del Hotel Bellagio en Las Vegas, y en donde gastó
en un solo día 125 mil pesos. Al día siguiente, y ante la desesperante
ineptitud de la Procuraduría de Justicia del DF, Ponce huyó de la
policía a pesar de que López Obrador le estaba organizando una rueda
de prensa con cafecito y galletitas para que explicara lo de sus múltiples
visitas a Las Vegas. Horas más tarde fue destituido como secretario de
Finanzas del GDF. El siete de marzo, el secretario de Gobierno, Alejandro
Encinas, informó que recibió una llamada telefónica de Ponce en la
que afirmó que López Obrador le había ordenado diversos movimientos
financieros ilegales para la construcción de obras en el DF. El 10 de marzo
ordenan su aprehensión por el presunto delito de fraude por 31 millones de
pesos en contra del DF. El 15 de abril la Secretaría de Hacienda informó que
desde el 18 de febrero se investigaba a Ponce por lavado de dinero. El
20 de mayo, el procurador Bernardo Bátiz aceptó que sí, que
efectivamente Ponce se le había escapado. Pero el pasado nueve de
octubre, y tras de realizar múltiples pesquisas, elementos de la AFI
penetraron a la residencia donde se escondía Ponce, quien según llegó
a decir el procurador Bátiz era probable que se encontrara en el
extranjero. Sin embargo, las investigaciones de la AFI se concretaron a
buscarlo en el territorio nacional encontrándolo en Tezpotlán. Ahora sabremos
qué tan cierta era la teoría del Peje
de Gobierno con respecto a un supuesto «compló» de las fuerzas oscuras o, si como se suponía, sólo se trataba de una
cortina de humo para distraer la atención de los verdaderos objetivos del
tabasqueño: alcanzar en el 2006 la silla presidencial.
La ambición del militante del Partido Revolucionario Institucional Misael Morales, director general de Jurídico y Gobierno de la delegación Tláhuac, acabó por llevarlo el pasado cinco de octubre al Reclusorio Norte, acusado del delito de cohecho en pandilla, debido a las acusaciones de extorsión que hizo en su contra el empresario distribuidor de gas de la delegación Tláhuac Enrique Medrano. Era obvio que al ser el único priista incrustado en la administración perredista de Tláhuac, iba también a ser el único inmolado públicamente por las mafias burocráticas del Partido de la Revolución Democrática para mantener el engaño de la dizque «honestidad valiente» en miles de desposeídos del Distrito Federal que, por conveniencia, mantienen fe ciega en el «rayito de esperanza»… Pero la historia comenzó hace cuatro años. Una vez que Francisco Martínez Rojo asumió el cargo como jefe delegacional en Tláhuac en octubre del 2000, Misael Morales, entonces acendrado dirigente del PRI en Tláhuac, reclamó en su papel de opositor un espacio en la jurisdicción para continuar incrementando su capital político. Desde entonces, una gran amistad surgió entre ambos. Misael Morales en su papel de líder de la oposición, hacía como que presionaba al jefe delegacional y éste hacía como que tenía que ceder en algunas demandas para que aquel consolidara su figura ante los militantes de su partido. Obviamente, se dice que desde entonces, Misael Morales cobró un sueldo mensual en la administración de Martínez Rojo. Por eso fue que en vísperas de las elecciones para elegir a los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones políticas, a comienzos de 2002, Martínez Rojo apoyó con recursos de toda índole a Misael Morales, con el fin de que éste fuera designado por su partido como el candidato para la jefatura delegacional de Tláhuac, y ya como candidato le aportó 500 mil pesos a la campaña del priista… Ambos habían pactado que Morales como candidato jamás atacaría públicamente a Fátima Mena, la candidata sentimental de Martínez Rojo y abanderada formal del PRD para la delegación. El entonces dirigente del PRI en el DF, Florentino Castro López, uno de los padrinos políticos de Misael, le apoyó en sus aspiraciones… A pesar de que toda la comunidad tlahuaquense sabía muy bien de la corrupción que predominaba en la administración de Martínez Rojo, quien incluso se había visto envuelto en un supuesto caso de adicciones, lo que lo llevó a pedir licencia por más de un mes, Misael Morales jamás aprovechó esa circunstancia para inclinar la balanza a su favor… Durante su campaña política, en los mítines y concentraciones masivas guardó silencio ante sus simpatizantes, resignado a la inminente derrota y sin importarle el futuro de su partido y de los pobladores que todavía creían en el PRI… Sólo se preocupó por su beneficio personal, sabedor de que una vez que Mena ganara las elecciones, él tendría trabajo en su administración siempre y cuando no impugnara el resultado. Y fue su ambición, justamente, la tumba de su carrera política, porque al ser el único priista en una de las administraciones perredistas, pagó las consecuencias, como ya anotamos. Como René Bejarano cuando le pide a Carlos Ahumada que López quede al margen de todas las confabulaciones entre el empresario y aquel, si por alguna razón se les caía su teatrito, como finalmente así sucedió, con tal de no manchar la inmaculada imagen del jefe de Gobierno. Así también Misael Morales va a guardar silencio para no hundir más en el lodo del descrédito a su amigo Francisco Martínez Rojo. De hecho, desde que pisó el Reclusorio Norte, Misael Morales comenzó a manejar la tesis de una venganza ante el juez noveno penal, «por una posible clausura que pesaba contra el negocio del empresario Enrique Medrano; argumentó que incluso quedó asentado en la declaración ministerial que hizo ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, donde además alegó que no conocía «personalmente» a Medrano.
Alfredo Díaz Escobar, responsable de agencia en la Fiscalía para Servidores Públicos, informó que Misael Morales se negó a practicarse un peritaje de foniatría (comparativo de voz) para constatar si las grabaciones aportadas por el empresario Enrique Medrano, donde se le escucha solicitando un millón de pesos, corresponden a su persona. Morales Hernández fue detenido en compañía de su abogado, quien intentó evitar el arresto exhibiendo una suspensión provisional que no lo amparaba contra el delito de cohecho, por tratarse de un delito grave. Díaz Escobar señaló que hay imputaciones del empresario gasero contra siete funcionarios y ex funcionarios de Tláhuac, aunque actualmente sólo hay acción penal contra Carmen Misael Morales por el delito de cohecho… Al respecto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, aseguró que no existen elementos contra el ex delegado Francisco Martínez Rojo en este asunto, aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmaron la liberación de dos órdenes de aprehensión contra Martínez Rojo y el ex director de Licencias y Uso de Suelo en la demarcación, Julio César Sánchez Alba. Sin embargo, este último y como ya es tradición en lo que a ser funcionario del Gobierno del DF y ser miembro de ese partido político u ocupar un cargo de elección popular por ese partido se refiere, Sánchez Alba logró escapar de la acción de la justicia. Lo que es un hecho es que la administración tlahuaquense, de tanta corrupción que campea en casi todos los niveles de gobierno, incluida el área de Protección Civil, hiede a estiércol y su olor contamina el quehacer cotidiano de la comunidad… Si los perredistas pensaron que los pobladores de Tláhuac eran tontos, menuda sorpresa se llevaron. Fátima Mena debe ser investigada y destituida del cargo, para después cambiar a todo el equipo de colaboradores, que es prácticamente el mismo que tenía Martínez Rojo, si es que realmente los militantes del PRD quieren despojarse de la imagen que tienen de «hampones protectores de mafias y pandillas delegacionales».
A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó al juez girar órdenes de aprehensión en contra de los directores de Protección Civil, Hans Salazar Castañeda; de Obras, José Trinidad Mendoza, y de licencias de Uso de Suelo de la delegación Tláhuac, Julio César Sánchez, por considerarlos probables responsables del delito de cohecho en pandilla, tanto Trinidad Mendoza como Julio César Sánchez lograron huir y hasta el momento de cerrar nuestra edición, aún no habían sido localizados por la policía judicial. Sólo Hans Salazar, encargado del área de Protección Civil, se encuentra localizable, de acuerdo con información proporcionada en la PGJDF… Y es que en su caso, éste fue involucrado por quien supuestamente se encargaba de arreglar los permisos para que las gaseras comenzaran a operar de forma clandestina… Fue el Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos de la dependencia quien envió los elementos que consideró pertinentes al juez noveno con sede en el Reclusorio Norte, Fernando Guerrero Zárate, para que fuera él quien ordenara la detención de los ex funcionarios. El motivo es que las indagatorias realizadas por la Procuraduría encontraron elementos suficientes para presumir que los tres formaban parte de la red de corrupción en Tláhuac, y que supuestamente encabezaba el director general Jurídico y de Gobierno, Misael Morales… Pero para quienes conocen realmente cómo se han venido dando los casos de corrupción en esa jurisdicción, que es prácticamente toda la comunidad tlahuaquense, de la cual resulta evidente que el procurador Bátiz no forma parte ni lee nuestra publicación, porque él ha dicho que se entera de los ilícitos, pero «sólo a través de los periódicos», es evidente que el cabecilla de la mafia no era Morales. Suponer eso rayaría en la estulticia.
El procurador Bátiz afirmó que la dependencia a su cargo no ha relacionado en el «intento de extorsión» al empresario Enrique Medrano, al ex jefe delegacional de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, pues, dijo, no hay elementos para sospechar que participó. En tanto que Misael Morales rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que todo «es producto de una venganza», y continuó en su postura de no involucrar a sus superiores en el caso de extorsión… Tras de la rejilla de prácticas, insistió en que las acusaciones en su contra son «infundadas» y detalló que la denuncia se debe a que había la posibilidad de clausurar las instalaciones de la gasera «La Habana», propiedad de Medrano. Según dijo, todo comenzó cuando los vecinos de la demarcación le solicitaron que clausurara dicho establecimiento donde se expende combustible a vehículos del transporte público debido a que «era peligroso»… Lo que no dijo es si esa denuncia vecinal había sido promovida por alguno de sus operadores en la delegación para tener elementos con qué mandar a extorsionar al dueño de la gasera. Porque hasta el momento, nadie ha dicho que la recomendación expedida por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial sea un mandato que por ley deba cumplirse. Se trató de una recomendación que le sirvió a la administración delegacional de Tláhuac para ir a presionar a Medrano y modificar las cuotas del «entre» que seguramente había venido dando desde hacía tiempo… Es probable que a Medrano le hayan dicho «mira, si te pones a mano ignoramos el oficio que nos envió la Procuraduría Ambiental», pero el empresario, harto de estar siendo extorsionado por funcionarios locales, decidió ya no seguir aceitándoles la maquinita de la corrupción… Hasta antes de que fuera conocido por el procurador Bátiz y el jefe de Gobierno los casos de corrupción en Tláhuac, gracias en gran medida a los amplios espacios que le dedicó la televisión y la prensa, era común que inspectores del área de Julio César Sánchez colocaran sellos de clausura en diversos establecimientos comerciales, con el pretexto de alguna infracción al reglamento, para que después hiciera su aparición el conocido negociador de la administración de Mena dispuesto a «solucionar» el problema, naturalmente, mediante el pago de fuerte cantidad de dinero de parte del presunto infractor. Incluso, hasta las modestas tiendas de abarrotes eran también asediadas por los perrunos inspectores de la delegación con el propósito de extorsionar a sus dueños. «La consigna era sacar dinero de donde fuera. Todos los años eran prácticamente de Carranza (porque con uno ya no les alcanza) desde la administración de Martínez Rojo», dijo el propietario de una miscelánea de la Colonia Las Puertas, en Tlaltenco, quien frecuentemente era visitado por los inspectores a fin de revisar la documentación de su establecimiento e imponerle sanciones económicas por supuestas faltas.
Para el procurador Bátiz la delegada de Tláhuac no es indiciada de nada. Desconoce que en la Contraloría General del gobierno local existe una denuncia por el contrato multianual GGODU-LP-010-03, para realizar trabajos de conservación y mantenimiento en una parte de la cinta asfáltica de la jurisdicción, el cual tenía como fecha de inicio el 15 de enero del 2003 y fecha de conclusión de obra el 15 de diciembre de 2005, y cuyo monto era nada menos de 43 millones de pesos… Sin embargo, para el pasado mes de septiembre del 2004, esto es, más de un año antes de que concluyera el plazo para la terminación de los trabajos convenidos, la delegación Tláhuac ya había liquidado el total del monto establecido, aun cuando los trabajos no habían concluido… Es más, cuando ni siquiera se habían realizado, como es el tramo que va de la Avenida Acueducto a Paso del Toro… En su defensa, Fátima Mena ha dicho que ese contrato en cuestión fue firmado por su antecesor, Francisco Martínez Rojo, creyendo quizá que la sociedad es amnésica y ya olvidó que ella fue secretaria particular de aquel y estaba al tanto de lo que sucedía en la delegación, debido a que era aleccionada para hacerse cargo de la siguiente administración de acuerdo con el proyecto político del ex delegado… Para nadie de los perredistas en Tláhuac es un secreto que la prioridad de dicho proyecto consistió en dejar a Mena como sucesora de Martínez Rojo en la delegación.
La recomendación que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF envió a Fátima Mena, tuvo su origen luego de una investigación realizada debido a la denuncia de varios vecinos. Se recomendó a Mena Ortega demoler la estación de gas para carburación Sesgas, ubicada sobre la carretera Tláhuac-Chalco número 26, en la Colonia La Habana, luego de que fue detectado que dicha estación funcionaba con documentos irregulares e, incluso, «presumiblemente falsos»... Funcionarios de la PAOT detectaron que la estación de gas no contaba con el estudio de impacto urbano, ni tampoco con las licencias de uso de suelo y de construcción exigidas para la operación de ese tipo de establecimientos mercantiles. De ahí que los funcionarios de la PAOT hayan dictaminado que, como la instancia encargada de otorgar el uso de suelo es la Secretaría de Desarrollo Urbano, la delegada de Tláhuac debía realizar una investigación por su cuenta para conocer la autenticidad del certificado correspondiente… La petición de la PAOT a Fátima Mena decía lo siguiente: «Usted debe llevar a cabo la inmediata desocupación del predio, la demolición de construcciones y el retiro de instalaciones, de comprobarse —como se presume con la investigación realizada— que los documentos referidos son apócrifos»… En la recomendación de la Procuraduría Ambiental también se aclaraba que ese organismo identificó que se mantiene la venta de gas licuado de petróleo para carburación, principalmente, «de manera clandestina, por medio de pipas o carros cisterna, que ponen en peligro la seguridad de los habitantes y de sus bienes, afectando también la calidad del aire de la ciudad»… El documento señalaba que «la utilización del gas licuado de petróleo como un combustible, es una alternativa para reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera generadas por fuentes móviles en la Ciudad de México». Sin embargo, advertía, «es necesario fortalecer la vigilancia de parte de las autoridades para que la venta de este combustible se realice en estaciones de servicio que cumplan con las disposiciones legales aplicables, con las normas de seguridad y con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y urbano».
Otro ejemplo de corrupción en Tláhuac es el que se vivió en días pasados, cuando el propietario de una gasera clandestina localizada en un lote baldío de la Colonia Los Olivos, pagó 50 mil pesos a uno de los «fugados» para que clausurara por tres días la estación de carburación que se encuentra instalada con toda la infraestructura necesaria sobre Avenida Tláhuac, en esa misma colonia, con el fin de que los microbuseros llevaran sus unidades al expendio de su propiedad a que cargaran combustible… Como es común en Tláhuac, el combustible les fue suministrado directamente de una pipa y sin las más elementales normas de seguridad… Sobra decir que cuando ya el dueño de la gasera clandestina recuperó el dinero que le había dado al funcionario de Jurídico y Gobierno, éste fue a cobrarle al propietario de la estación de carburación otra fuerte suma de dinero para permitirle que otra vez volviera a operar con normalidad.
Ante el infausto panorama, en días pasados surgió la denominada Alianza de Organizaciones Ciudadanas de Tláhuac por la Transparencia, con Norberto Solís Cruz como representante. «Nos dimos a la tarea de investigar la obra pública y las obras particulares que violan la normatividad», apuntó Solís Cruz luego de solicitar a la Asamblea Legislativa que llamara a comparecer a Mena Ortega para que explicara «dónde y en qué» gastó el presupuesto de la delegación, al tiempo que señaló un subejercicio de 36 millones de pesos, debido a que «dejó de gastar 2.3 millones para mantenimiento de drenaje y 1.3 millones en programas sociales»… Miembros de la Alianza se plantaron en las afueras del edificio delegacional el pasado lunes 13 de septiembre, para decirle «adiós a Fátima Mena, heredera del trono de Martínez Rojo». La delegada fue efectivamente a la Asamblea Legislativa a comparecer, pero no pudo decir mucho ante las continuas peticiones de algunos legisladores de su propio partido y de la sociedad civil para que renuncie. Mena enmudeció ante los reporteros.
Empleados de la delegación Tláhuac aseguraron al diario La Crónica, haber visto al ex delegado Francisco Martínez Rojo en los pasillos de la sede delegacional. Incluso, aseguraron que el pasado 15 de septiembre vieron al ex funcionario, ahora prófugo de la justicia, en una cena que realizó la jefa delegacional, Fátima Mena, lo cual por esta ocasión fue falso, una vez que quedó en evidencia la incapacidad del equipo de burócratas incrustado en el edificio de Madero y Bravo para organizar la ceremonia del grito de Independencia y, posteriormente, una cena que, según dijeron algunas de las «víctimas» invitadas, fue preparada en alguno de los reclusorios o centros de readaptación social del DF, por la pésima calidad y mal gusto de su contenido... Lo que aquí hemos comentado desde hace un año, es lo que nos han asegurado diversos funcionarios de los cuales nos reservamos sus nombres para que no sean despedidos del gabinete local, y que también registra La Crónica, es que durante las reuniones de gabinete de la delegada, ésta se comunica por teléfono cuantas veces es necesario con Martínez Rojo para pedirle consejos y línea de cómo llevar la administración… «Mena no toma decisiones sin antes consultar a Martínez Rojo», nos han dicho en repetidas ocasiones diversas fuentes. Lo único cierto es que quien fuera director general de Jurídico y Gobierno, Mario Julio Córdoba, quien renunció al cargo días antes de que se diera a conocer la extorsión al empresario Medrano, se salvó de ser el «sacrificado». Y es que cuando el funcionario vio el cochinero en el que se encontraba, con dignidad presentó su renuncia y se fue de Tláhuac. Luego vino Misael Morales a relevarlo, pero como ya anotamos antes, éste sí acabó siendo el chivo expiatorio de la administración tlahuaquense.
Al espaldarazo que el procurador Bátiz le dio a la delegada en Tláhuac, Fátima Mena, al asegurar que no es investigada por la extorsión al empresario gasero porque «no se habían encontrado elementos para indagarla», se sumó el de la contralora Bertha Luján, quien dijo que sus investigaciones están enfocadas pero a la administración pasada, «la que estuvo a cargo de Francisco Martínez Rojo». ¿Y qué Mena no formó parte de esa administración?, preguntamos… Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, sostuvo que mientras no se encuentren elementos de prueba contra la delegada «no se va a proceder en términos legales o administrativos». Y si no los quieren encontrar, pues entonces Mena habrá salvado el pellejo y todos quedarán felices y contentos haciendo de las suyas en Tláhuac.
Los jefes delegacionales perredistas Patricia Ruiz (Gustavo A. Madero), Víctor Hugo Círigo (Iztapalapa) y Armando Quintero (Iztacalco) señalaron que si su compañero de partido, Francisco Martínez Rojo, es culpable, que pague e incluso que sea expulsado del PRD. El presidente del partido del sol azteca en el DF, Agustín Guerrero, dijo que en los próximos días solicitará a la Comisión Nacional de Garantías de su partido suspender los derechos políticos de Martínez Rojo. Incluso dijo que «aunque de facto» ya se separó de ese partido, es necesario oficializar su salida.
En plena madrugada, hace unos días ejidatarios de Milpa Alta protestaron a las afueras del antiguo Palacio del Ayuntamiento por la falta de interés del actual jefe delegacional, Cuauhtémoc Martínez Laguna, quien se ha negado a concluir la construcción de una escuela primaria en Santa Ana Tlacotenco, así como un camino para llegar a la preparatoria Emiliano Zapata, inaugurada en ese mismo pueblo a fines del año pasado por el jefe de Gobierno, Manuel López Obrador… La inconformidad de los pobladores de Milpa Alta debido a la abulia que ha caracterizado al delegado va en aumento. A su incapacidad como gobernante se debe sumar la falta de apoyo para el Consejo de la Crónica, al negarles a estos todo tipo de ayuda… «Prefiere regresar el dinero que emplearlo en beneficio de los milpaltenses, no es posible que con tantas necesidades que tenemos el señor tenga un subejercicio presupuestal, no sabe cómo desempeñar su trabajo», dijo un indignado vecino ante la pasmosa inactividad mostrada por Martínez Laguna… Pero de vuelta con los ejidatarios que fueron a protestar a la sede del Gobierno del DF, provistos de un burro al que le pegaron un cartel que decía «Cuauhtémoc Martínez Laguna, jefe delegacional de Milpa Alta», dijeron que a nueve meses de administración el delegado de extracción priista se ha negado a terminar esas obras públicas, así como un hospital geriátrico… «Martínez Laguna está demostrando que la opción del PRI sigue siendo la misma, no ha cambiado, continuamos con la actitud del viejo tricolor del ni los veo ni los oigo, y sentimos que hay falta de obras, hay desvío de recursos como sus antecesores lo hicieron por más de 70 años», sirviéndose siempre de la comunidad para sus proyectos personales», expresaron los ejidatarios en un documento que entregaron a los medios de comunicación… Indicaron, por otra parte, que el jefe delegacional «está metiendo la mano» en la elección de los enlaces territoriales, por lo que le demandaron ejercer un gobierno democrático y a reconocer el derecho de los ciudadanos a elegir libre y pacíficamente a sus representantes, «pues con su actitud lo único que ocasiona es la confrontación entre hermanos milpaltenses»… Entre otras demandas, los manifestantes exigen la destitución de los servidores públicos que causen conflictos en las comunidades, «como es el caso del enlace territorial en Santa Ana Tlacotenco», y que el jefe delegacional informe por qué no se han puesto en marcha las obras que quedaron pendientes de la pasada administración, entre las que también se cuenta un antirrábico, la sala de urgencias del hospital regional y una clínica para la mujer.
Por lo pronto, empleados de confianza de la delegación Tláhuac son obligados a «donar» (obligatoriamente de manera voluntaria) el 10 por ciento de su sueldo, el cual deben llevar ellos mismos a una de las que funcionaron como casas de campaña de Fátima Mena, la que se encuentra en Avenida Tláhuac 6594, en Zapotitlán, y que ha sido convertida en sede del «movimiento ciudadano electoral» en apoyo de López… La intención es clara, «jefecito yo te apoyo, pero tú no me desampares ni de noche ni de día»… Dichos recursos sirvieron para costear el acarreo de gente a la manifestación dizque «por la legalidad y la democracia» del domingo 29 de agosto, en la que participaron taxistas irregulares del grupo «Panteras», comerciantes ambulantes, indígenas, adultos mayores, payasos y empleados de confianza del Gobierno del DF… En ese entonces los empleados tuvieron que ir al banco a depositar su dinero a una cuenta única a nombre del PRD. Y por si fuera poco, dichos trabajadores también recibieron la orden de apoyar a la de a fuerzas, el proyecto del venadario, en el Bosque Tláhuac, el cual fue inaugurado en mayo pasado con cuatro venados (uno que regaló el delegado de Milpa Alta), para lo cual les fueron endilgados una gorra, una camiseta, bolígrafo y llavero con el logotipo del venadario, todo por la «asequible» cantidad de 500 pesos. Lo grave es que trabajadores de los Cendi aseguran que del presupuesto destinado para la alimentación de los niños de dichos centros salen los recursos para alimentar los venados; de ahí compran las verduras con que habrán de alimentarlos.
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viernes, 15 de octubre de 2004
Ex secretario de Finanzas del GDF, G. Ponce, detenido pero por la PGR
domingo, 15 de septiembre de 2002
Secretario particular de AMLO promueve invasiones en Xochimilco
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Mercado Sobre Ruedas |
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Publicada en el número 53 de la edición impresa de Nosotros. Septiembre de 2002
«Deberían ser expulsados del PRD quienes utilicen
su nombre para invadir predios», dijo Andrés
Manuel López Obrador en su conferencia matutina del martes tres de
septiembre, cuando su candorosa declaración arrancó risas de los reporteros,
por venírseles a la mente la figura del secretario particular del jefe de
gobierno, René Bejarano,
relacionado con la organización Nueva Tenochtitlan que lidera su esposa, Dolores Padierna, jefa delegacional en Cuauhtémoc. El tabasqueño fue
inmediatamente cuestionado al respecto por el papel que ha jugado el también
dirigente de la mayor tribu, Izquierda Democrática, en esto de las
invasiones, lo cual hizo recular al gobernante. «Corresponde a los partidos políticos llamar la
atención a sus militantes y evitar que se use a la institución para obtener
beneficios personales», respondió López
Obrador. Lo que significó que él
no puede castigar a un correligionario porque es funcionario público, según
dio a entender. Lo que sí prometió fue la instrumentación de un programa de
rescate de la zona chinampera de Xochimilco para «poner orden», según dijo,
luego de dos años que llevan vecinos de esa delegación clamando porque el
delegado Juan González Romero
aplique la ley y deje de beneficiar a camarillas perredistas de la órbita del
secretario particular del jefe de gobierno. Cuando se le mencionó eso a López Obrador fue lo
que ocasionó su furibunda respuesta acerca de que en su administración «todos
los invasores de predios que violen la ley serán castigados». También dijo
que no permitirá que «se valgan de influencias y agarraderas, aunque sean del
Partido de la Revolución Democrática». Luego aseguró que «no habrá cacicazgos
que valgan, sean estos pequeños, medianos y grandes». En Tláhuac aún hay quienes recuerdan cómo en el
año de 1995 el matrimonio Bejarano-Padierna
presionó al entonces delegado Alejandro
Ordorica –quien se decía
simplemente «simpatizante» perredista para deslindarse de cualquier
militancia–, para que diera su visto bueno a la construcción de una unidad
habitacional sobre Avenida Tláhuac, a la altura del denominado Paso Conejo, a
pesar de la oposición de vecinos de San Francisco Tlaltenco, la que siete
años después muestra ya cuatro edificios desocupados por el riesgo de que
colapsen debido a que por las características del suelo ahí no podían ser
construidos edificios de cinco pisos. López Obrador,
quien seguramente desconoce el asunto de la fallida unidad habitacional de la
Nueva Tecnochtitlan, dijo que de nada sirve su gobierno si son los caciques
los que mandan, por lo que anunció que «quien esté fuera de la ley será
castigado». Aunque no se ve para cuándo un gobierno perredista castigue a uno
de los suyos con la expulsión. Habrá que ver ahora si el problema de las
invasiones irregulares de perredistas en la zona chinampera de Xochimilco
será atendido. Se supone que para eso visitaron esa delegación Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno, y Claudia Sheinbaum,
secretaria del Medio Ambiente, así como legisladores locales. Las invasiones a la zona chinampera son producto
de la existencia de dos grupos antagónicos del PRD, los cuales se han
apoderado de 76 hectáreas y están relacionados con varias averiguaciones
previas. «Asuntos como la invasión de terrenos en Xochimilco están siendo
atendidos de manera expedita por las autoridades de la ciudad y, prueba de
ello, es que sigue el rescate de la zona chinampera en la demarcación»,
señaló López Obrador en su conferencia matutina, pero sin aludir al hecho de
que quienes son señalados de llevar a cabo las invasiones son los de la
organización Nueva Tenochtitlan. Por eso, al momento en que le dijeron de quiénes
se trataba, reviró con un «no se trata de señalar a nadie», ¿entonces?, ¿de
qué se trata?, le preguntaron. «Lo único que quiero decir es que nadie puede
estar por encima de la ley. Como decía Juárez,
‘todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza’». Acto seguido manifestó
que en la ciudad se gobierna para todos y se aplica la ley sin distinción
alguna, pues ningún grupo puede estar por encima de la autoridad. «Corresponde
a los partidos políticos llamar la atención a sus militantes y evitar que
usen a la institución para obtener beneficios personales», concluyó. |
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Juan González Romero acusa a Román
Sandoval de promover invasión en zona chinampera |
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 El jefe delegacional de
Xochimilco, Juan González Romero, rechazó el pasado 10
de septiembre las acusaciones en su contra que le hizo Román Sandoval Contreras, presidente de la
organización Fuerza Democrática Revolucionaria (Fuder), quien había pedido
juicio político contra el guerrerense por permitir la invasión de 187
hectáreas de la zona chinampera. Sin embargo, González Romero le recriminó a Román Sandoval haber borrado su pasado perredista de su currículum
y ahora pertenecer al PRI, donde junto con el también priista Antonio Rosas Santana, dirigente de la Fuder,
es de los «principales vendedores clandestinos de tierras en la zona
chinampera». Sorprendió que el
delegado hubiese asumido diferente talante al que había tenido en su
administración. En este espacio y en otros de la Revista Nosotros hemos denunciado desde
hace dos años (por lo menos) la indiferencia del delegado ante el cochinero
en que fue convertido el Centro Histórico de Xochimilco, Patrimonio Mundial
de la Humanidad, de acuerdo con la declaratoria de la Unesco, así como a las
invasiones promovidas por grupos tanto perredistas como priistas. En todo ese tiempo su
única respuesta ante la problemática ha sido el silencio y la indiferencia.
En la única entrevista que Juan González concedió a la Revista Nosotros fue cuando su campaña
política, en la que bastante explícito al anticipar a nuestro colaborador
José Antonio Cabello, que como delegado iba
a defender a los vendedores ambulantes y a la organización de los Panchos Villa. Con todo y esoel voto
de los electores fue mayoritariamente para los candidatos del partido del sol
azteca, por lo que no debería haber queja de pobladores xochimilcas. Hemos buscado nuevamente
a González Romero para que nos de su
punto de vista con respecto a las acusaciones de diversas organizaciones
civiles, pero no se deja entrevistar. |
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La
visita de Sheinbaum y Encinas al Barrio 18 de Xochimilco |
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La visita a Xochimilco del 23 de agosto de la
comitiva integrada por la diputada local por el PVEM, Guadalupe García
Noriega; la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo,
y el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas –más Ernesto
Aguilar Apis, representante del secretario de Seguridad Pública, Marcelo
Ebrard–, fue para recorrer la zona chinampera en conflicto junto con
vecinos del Barrio 18. Ahí estuvo también el jefe delegacional Juan
González Romero. El conflicto en la zona chinampera es en el área
comprendida por la Laguna del Toro, el Canal de Toltenco, Amelaco,
Amalacachico y El Ranchito, por lo que debieron «zarpar» del embarcadero
Fernando Celada en tres lanchas de motor, escoltadas por policías preventivos
que custodian los canales y a los cuales la gente ya bautizó como «guardianes
de la bahía» –en alusión a una serie televisiva–. Así fue como los servidores
públicos pudieron constatar el desastre biológico y ecológico derivado de la
indolencia de las autoridades. Aun cuando está prohibido construir en la zona
chinampera, por ser área natural protegida, hay viviendas gracias a que las
bandas de delincuentes despojan a la gente de su tierra, lotifican y
comercializan el suelo. Una segunda parte del recorrido se hizo por
tierra, en camioneta que partió del embarcadero de Cuemanco hacia el
poniente, a fin de entrar por Amelaco hacia el Bordo de la Ciénega Chica y el
canal de por medio que limita con el Barrio 18. Después caminaron por la «tierra
minada», en los dominios de la banda de Los Pantoja, hasta llegar al
mercadito de los ejidatarios del Barrio 18. Ahí los funcionarios pudieron
darse cuenta de los montones de tierra depositada por más de 40 camiones de
volteo, y cuyo propósito es el de rellenar los apantles (zanjas) con el fin
de construir viviendas. Cabe decir que las acciones de gobierno de la
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) y sus llamadas
patrullas ecológicas, ponen en riesgo esa área natural protegida y Patrimonio
Cultural de la Humanidad, debido a que no hacen nada por la preservación del
lugar. No actúan por miedo o por negligencia de sus directivos. Ahí en ese
sitio los funcionarios del gobierno capitalino improvisaron una conferencia
de prensa para los reporteros de la fuente que los acompañaban, y en la que Sheinbaum y Encinas se comprometieron a
recuperar –dentro del marco legal del gobierno del DF– las hectáreas
invadidas. En tanto que el delegado Juan González Romero
insistió en que el gobierno federal es corresponsable en el rescate de la
chinampería xochimilca. Sin embargo, estas autoridades presuntas «protectoras
del medio ambiente» pudieron constatar la destrucción del bioma xochimilca,
pues sobre ellas los integrantes de la banda de los Pantoja estaban
pasando tierra a las chinampas invadidas para rellenar canales. |
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Campaña de diputados y empresarios
de la construcción contra el Bando 2 |
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Margarita González Gamio,
presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del DF, tuvo la ocurrencia de calificar como
un «pronunciamiento con fines eminentemente políticos», la emisión del Bando 2 por parte de Andrés Manuel López Obrador, y como
si tuviera interés en que empresas constructoras perpetúen su negocio de
construcción de unidades habitacionales, consideró que con dicho bando el
jefe de gobierno «borró 50 años de
planeación urbana» en la Ciudad de México.
Por lo pronto, la proclama vino a detener, así sea sólo momentáneamente, la
proliferación de unidades habitacionales en zonas como Zapotitlán, en Tláhuac,
en detrimento de las empresas constructoras que repartían dádivas o
departamentitos al por mayor entre servidores públicos y líderes de la junta
de vecinos, con tal de obtener las firmas correspondientes para la
autorización de proyectos de vivienda. Por muchos años
quienes tuvieron alguna responsabilidad en el servicio público de la capital
del país, solamente vieron por sus intereses personales, sin importarles el
deterioro ecológico de delegaciones como Tláhuac,
Xochimilco y Milpa Alta, que por su carácter semi urbano permiten aún la
recarga de los mantos acuíferos a través de sus amplias áreas verdes. Pero
ahora resulta que la diputada González
está más interesada en denostar la administración de López Obrador que por conocer lo que la gente opina por la
paulatina degradación ambiental del territorio en donde viven, por la llegada
de fuereños en busca de vivienda. En la campaña
también participa de forma activa Miguel
Gómez Mont, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), quien acusa al tabasqueño de
haber provocado el encarecimiento del suelo en la Ciudad de México hasta en
cuatro ocasiones, al grado de que en zonas medias, donde el metro cuadrado
costaba dos mil pesos hace un par de años, ahora se cotiza en seis mil pesos
o más. |
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Frenar el
crecimiento de la mancha urbana, propósito de López Obrador |
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Durante su
participación en el seminario «Ciudad de México, metrópoli y región centro», organizada por la Asamblea Legislativa, Andrés Manuel López Obrador, jefe de
gobierno, aseguró que de continuar el crecimiento anárquico de la Ciudad de
México las zonas de recarga de los acuíferos se encontrarán en grave peligro
de desaparecer, con lo que se agudizaría el problema de la escasez de agua
ante la sobre explotación de los mantos freáticos. Debido a esa situación, el
jefe de gobierno se refirió a su iniciativa de repoblar el centro de la
Ciudad, decisión que no ha sido del agrado de algunos legisladores que tienen
«relaciones suspicaces» con dueños de empresas constructoras de la capital,
por lo que su gobierno optó por otorgar estímulos fiscales a quienes
construyan en el Centro Histórico. En
su opinión, el crecimiento debe ser hacia el norte de la Ciudad de México, «aunque
se trate del mismo Valle de México», luego dijo que en el oriente «no se debe
construir más». Aseguró que en la
delegación Tláhuac la población ha crecido cuatro veces de 1970 a la fecha,
en tanto que Iztapalapa en ese año había 522 mil habitantes por los cerca de
dos millones que ahora tiene. Asimismo, de 1970 a la fecha el número de
habitantes creció de 130 mil a 600 mil. «Si la mancha urbana continúa
creciendo hacia esas delegaciones estaremos atentando contra la
sustentabilidad de la capital mexicana, sobre todo porque es la zona que
permite la recarga de los acuíferos», subrayó. |
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Puñalada trapera
al diputado Alejandro Sánchez Camacho en la ALDF |
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Seis diputados del
PRD en la Asamblea Legislativa del DF anunciaron su separación política y
administrativa del coordinador de su fracción, Alejandro Sánchez Camacho, en protesta porque éste sería quien
contestara el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores inconformes porque
Sánchez Camacho presidirá la mesa
directiva son: Armando Quintero, Gilberto Ensástiga, Clara Brugada, Edgar Torres, Bernardino
Ramos y Ricardo Chávez,
quienes y por un lapso de ocho meses se reunieron, entre otros, con Carlos Imaz, ex presidente del PRD, y
René Bejarano, secretario
particular del jefe de gobierno. Gilberto Ensástiga
aseguró que en el marco de la búsqueda de acuerdos, en más de una ocasión Sánchez Camacho los dejó plantados.
En diciembre de 2001 y con 10 votos a favor de un total de 19, el milpaltense
se erigió como coordinador de la fracción en lugar de Quintero Martínez. Desde entonces, no tuvo ninguna posibilidad de
construir acuerdos de trabajo coordinado con su grupo parlamentario. Ocupó
tanto la presidencia de la Comisión de Educación como la vocería de la
fracción. Sin embargo, su lugar fue ocupado por Gilberto Ensástiga durante la sesión del 17 de septiembre en la
que AMLO simuló presentar un
informe de labores. La gota que
derramó el vaso fue Sánchez Camacho,
sin consultar a los del grupo llamado «de
los seis», se había apuntado para responder el informe del jefe de gobierno. Armando Quintero comentó que en estos
meses ellos no habían encontrado en sus compañeros más que una «pequeñez
política», que en ningún momento había tenido dimensión de lo que implicaba
la representación parlamentaria de un grupo del partido en el gobierno. Torres Baltazar advirtió que van a
llegar hasta las últimas consecuencias, y que seguirán señalando la
responsabilidad que tienen los diputados de la CID (Izquierda Democrática) al
tomar decisiones alejadas de cualquier discusión y consenso. El diputado Bernardino Ramos comentó que es el
autoritarismo lo que se está combatiendo, ya que era una práctica común entre
los perredistas que simpatizan con la CID, que encabeza René Bejarano. En tanto que Clara
Brugada manifestó que por dignidad no podían seguir esperando a que René Bejarano y su grupo de diputados
estuviera dispuesto a ceder para lograr un equilibrio político en la Asamblea
Legislativa. Sánchez Camacho
consideró que la salida de sus compañeros no afectará la labor legislativa,
pues mientras estuvieron juntos sí se les consultaron cosas. Negó que los
problemas internos vayan a afectar la imagen del PRD el próximo año. «Todavía
falta tiempo para las elecciones, lo que sí puedo asegurar es que para 2023
vamos a llegar completamente unidos a las distintas trincheras que tiene
nuestro proyecto político, esa es una virtud de nuestro partido, la unidad en
la diversidad», remarcó. |
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Que el «grupo de
los seis» es manipulado, dice Sánchez Camacho |
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Luego del sonado
conflicto interno entre la fracción perredista en la Asamblea Legislativa ,
el diputado local Alejandro Sánchez Camacho reanudó el sábado siete de
septiembre sus recorridos domiciliarios por colonias y pueblos de la
delegación Milpa Alta, con miras a conseguir la candidatura de su partido, el
PRD, por la jefatura delegacional el próximo año. En una reunión, el todavía
presidente de la mesa directiva de la ALDF, tras enumerar presuntos logros en
la fracción parlamentaria y por gobernantes perredistas, dijo que debido al «gran éxito» alcanzado los opositores políticos
están muy preocupados por la situación adversa que enfrentan. «Les inquieta
ver que la gente reconoce el trabajo que realizamos los perredistas, de ahí
que traten de golpearnos políticamente». Palabras más, palabras menos, indicó
que una de esas acérrimas opositoras, agobiada por las circunstancias, era la
diputada local priista María de los
Ángeles Moreno, quien tiene la capacidad e inteligencia necesaria para
manipular a los legisladores del «grupo de los seis». Sánchez Camacho,
con 15 años de residencia en San
Salvador Cuauhtenco, culpó a MAM –como
se le identifica por sus siglas– de ser la causante de la división interna
que sufrió la fracción perredista de 19 diputados locales, la cual se partió
en tres grupos, uno de 10 –controlado por René Bejarano–, el de los seis y un tercero de no más de tres,
según dijo. Sin
embargo, y como ya anotamos antes, fue Gilberto
Ensástiga quien finalmente presidió la mesa directiva durante el fallido
informe de AMLO y por consiguiente
respondió a lo dicho por el jefe de gobierno. |
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PRI, adiós a las
armas. «Se volvieron a salir con la suya»: Rafael Luviano |
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Desde
que Manuel Aguilera se posesionó
del PRI capitalino en 1988 y6, posteriormente, lo «compartió» con María de los Ángeles Moreno en 1994,
el tricolor defeño entró en caída libre hacia la incertidumbre de la cual
nadie ha podido detener. Los tiempos volvieron a comerse al PRI-DF y la tan
prometida y anunciada renovación de la dirigencia distrital nunca llegó,
quizá para regocijo de su sombrío dirigente Jorge Schiaffino, quien llegó hace cosa de dos años como delegado
especial. Se dijo que sólo iba a estar en el cargo dos meses, pero como dicta
la escuela tricolor parece que busca perpetuarse en el cargo. Según el Cofipe
(Código federal de instituciones y procedimientos electorales), ningún
partido político puede llevar a cabo procesos de renovación de dirigencia en
año electoral. Resulta que este año electoral comienza en octubre, que está a
la vuelta de la esquina, así que como dijo el periodista Rafael Luviano –ex asambleísta por cierto y del partido tricolor–
«se volvieron a salir con la suya». Al
darnos su opinión de lo que acontece en el PRI-DF, Luviano Delgado expresó que se trata de «personajes nefastos que
nunca han tenido la más mínima intención de renovar al partido». Quien ya
ocupó una curul en la entonces Asamblea de Representantes, Manuel Aguilera sí está detrás de
todo lo que sucede en el PRI capitalino. Incluso, señaló que las derrotas del
PRI en las elecciones de 1997 y 2000 fueron una concertación de los nefandos
dirigentes con la entonces oposición, léase PRD y PAN, «desde el momento mismo en que fueron designados
como candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México» Alfredo del Mazo y, tres años
después, Jesús Silva Herzog; este
último impuesto sobre la personalidad de Roberto
Campa Cifrián, quien conocía a las bases de su partido y tenía el apoyo
incondicional de estas. «Y
tan todo estaba pactado que una vez que perdió las elecciones Silva Herzog, éste inmediatamente
aceptó la chamba que le ofreció Jorge
Castañeda en la Cancillería», dijo el politólogo y colaborador de la
Revista Nosotros. En las elecciones de 2000 hubo concertación
y eso fue motivo para que los candidatos del PRI capitalino se quedaran con
los dos millones que les dieron para que los invirtieran en sus campañas, a
sabiendas de que debían perder. Por eso se entiende que en tiempos de
campañas los candidatos más activos
son los de la presunta izquierda y muy poco se ven a los del partido
tricolor. |
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Nombres, hechos,
actitudes |
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Tláhuac. Cuando el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador visitó la unidad habitacional Juan de
Dios Peza, en Zapotitlán, para entregar más de tres millones de pesos
destinados a mejoras en la misma, escuchó lo que un grupo de mujeres corearon
lo de ¡presidente!, ¡presidente! En respuesta, Prometió
obras hidráulicas y drenaje, luego de la demanda que le hiciera el jefe delegacional
Francisco Martínez Rojo. Cual si estuviera
en campaña política, el jefe de gobierno aseguró que sus programas sociales
van a continuar y que a diferencia de otros gobiernos que apoyan a
privilegiados y empresarios, su administración dedicará el dinero del
presupuesto para los más pobres. El problema es que con el doble lenguaje que
maneja en su discurso las inversiones privadas en la Ciudad se han venido
abajo, en detrimento de la apertura de empleos. Xochimilco. En opinión de Carlos Daniel Torres, director general
de Jurídico y Gobierno de la delegación, las invasiones en la zona chinampera
se deben a que los ejidatarios, cuyas tierras fueron expropiadas para la
habilitación de una zona ecológica, no recibieron la indemnización prometida,
y que bajo la acción de líderes sin escrúpulos como Antonio Rosas Santa Ana, accedieron a vender sus predios. Iztapalapa. El diputado federal Florentino Castro López se perfila como el más viable candidato
de su partido, el PRI, para contender por la jefatura delegacional. Hace unos
días el legislador reapareció en medios de difusión para defender a Fernando Espino, líder del Sindicato
Único de Trabajadores del Metro, tras la petición de la Procuraduría General
de Justicia del DF para que fuera desaforado. Bando 2. Fernando
Torroelia Labrada, integrante del Colegio de Arquitectos, calificó como
de «muy positiva» la aplicación del Bando 2 del gobierno capitalino, el cual prohíbe
el crecimiento de la mancha urbana en las delegaciones del sur y oriente del
DF, precisamente porque en su suelo se permite la recarga de los mantos
acuíferos. «Eso detendrá en parte el hundimiento de la capital», dijo durante
su participación en el Foro «Anarquía en el uso del subsuelo en la Ciudad de
México», que organizó la Asamblea Legislativa. Ahí también, Gabriel Auvinet Guichard, catedrático
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que según estudios técnicos en
200 años la Ciudad de México ha descendido más de nueve metros de su nivel
original, porque al perderse presión de agua en la estructura del subsuelo,
formada por partículas, se generan los asentamientos de tierra y los hundimientos
de la superficie. Tláhuac. Nuestro espacio está abierto a la opinión de nuestras lectoras, lectores,
como la que nos enviaron vía correo electrónico y que se refiere a un
colaborador de nuestra publicación, oriundo de San Francisco Tlaltenco,
siempre y cuando (en este caso) la remitente se identifique plenamente
proporcionándonos su nombre real y número telefónico para poder
entrevistarnos con ella.
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