| Integrantes del Concejo de Tláhuac con la alcaldesa |
Tuvieron que pasar cuatro meses después de rendir protesta para que
los 10 concejales de Tláhuac finalmente se pusieran de acuerdo en la
repartición de las comisiones encargadas de supervisar la transparencia en la
gestión de la alcaldesa Berenice
Hernández Calderón.
La Constitución de la Ciudad de México señala que el Concejo debe supervisar y evaluar las acciones de
gobierno, el control del ejercicio
del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos
correspondiente a la alcaldía, y lo cierto es que en los hechos la
alcaldesa Berenice Hernández podría librar cualquier fiscalización debido a que cuenta un Concejo con mayoría morenista.
En teoría parece haber en Tláhuac cuatro concejales de partidos
políticos a los que se puede calificar de «oposición», y que serían dos lugares
para el PRI, uno para el PRD y otro para el PAN. «Parece», anotamos, porque de cuatro figuras, tres
mujeres y un hombre, a uno hay que darlo por perdido y a otra se le mantiene
en dicha categoría, pero con las reservas del caso.
Los del partido Morena, pues, son los mandamases en la demarcación
más castigada de la capital por las torpezas, ineptitudes y siniestra
cooptación de la ley –Línea 12 y Cártel de Tláhuac– por parte de estos
figurines de la política absolutista y pro dictatorial; porque además, tienen
aliados tanto en el PAN como en el PRI, debido a que quienes mantienen el
control de dichos partidos en Tláhuac, han medrado con los cargos a su
voluntad.
En el partido tricolor, y como consta en la memoria política de
nuestro blog de la revista Nosotros –por cierto, ya
con 25 años de trayectoria–, el
grupo afín a Cuauhtémoc Gutiérrez de
la Torre –hoy caído en desgracia por enfrentar finalmente ante la
justicia acusaciones de trata de personas– es el que ha usufructuado los
cargos y manejado las candidaturas para poner aspirantes a modo a los contendientes
en las elecciones, y que primero fue cuando el PRD era el partido
preponderante en la capital, nos referimos al tiempo del celebérrimo «rey de
la basura» que hasta fungió de operador político del constructor de la
trágica Línea 12, Marcelo Ebrard, hasta llegar con el tiempo de los abanderados de Morena.
En el PAN una familia al
parecer adquirió la franquicia del partido a la directiva capitalina para poder
así tomar a Tláhuac como si fuese un
feudo de su propiedad; todo esto con la malévola protección de un ex
senador, ex diputado federal, ex asambleísta y actualmente diputado local,
quien mantiene subrepticia alianza con el presunto cacique morenista de la demarcación, a quien suele hacerle el
trabajo sucio de golpear, mediáticamente, a quienes le resultan incómodos a aquel por
restarle protagonismo a su figura en la demarcación donde según dice «mueve
los hilos políticos».
Así las cosas, los únicos concejales que en el papel significan oposición
a la alcaldesa son Claudia Elena
Ramos López y Richard Ulises
Solórzano Jiménez, ambos del PRI; Azucena
Flores Peña, del PRD, y Patricia
Álvarez Macías, del PAN.
Sin embargo, en los hechos Ulises
Solórzano es el más claro ejemplo de cómo el PRI capitalino va de la mano
con los de Morena para facilitarle la labor de arrasar con todo lo que se le
ponga enfrente en Tláhuac.
Gracias a los votos que el candidato a la alcaldía por la alianza Va por México, compuesta por el PRI y
PRD –recordemos que el PAN no formó parte de ella por los acuerdos del operador
del blanquiazul en el Congreso del cacique de Tláhuac–, el empresario
filántropo como se le conoce a Alejandro
Durán, le sumó el número de votos suficientes para que tuvieran derecho a
dos concejalías. Sin embargo, Tonatiuh
González Case, dirigente del partido en la capital y hombre de todas las
confianzas del «rey de la basura»,
aprovechó el regalito y en lugar de entregarle una concejalía a quien les
había elevado los votos en una demarcación donde ya prácticamente el tricolor
estaba extinto, prefirió poner en ella a un incondicional suyo.
Se trata de alguien que ni siquiera tenía su lugar de residencia en Tláhuac
–al menos hasta el día en que tomó protesta del cargo– y, por consiguiente, desconoce
los problemas de la demarcación. Pero eso sí, invariablemente levanta la mano
para votar a favor de todo lo que beneficie a la alcaldesa Berenice Hernández.
Entonces, uno supondría que de los 27 mil pesos que recibe de salario (más vales
de despensa, bonos, prestaciones y aguinaldo) por desempeñar su función de
florero –muy ad doc con el macetero
de la 4T– en la concejalía, además de los 28 mil pesos para pago de dos
asesores, el monto total iría a parar a la calle de Puente de Alvarado.
Según el artículo 53 de la Constitución local, los concejales tienen
facultades para supervisar y evaluar
el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
alcaldía. Pero eso sólo es en el papel, en los hechos, doña Berenice no tendrá ningún problema
para darle la vuelta a la transparencia cuando de rendición de cuentas se
trate.
La responsabilidad de las comisiones, cada una conformada por un presidente,
un vicepresidente y tres integrantes, recayó en los siguientes concejales:
Elena Ramos (PRI), preside la Comisión de
Jurídica y Gobierno
Richard Solórzano (PRI) la de Comisión de Protección
Civil y Reconstrucción
Patricia Álvarez (PAN) la de Administración,
Contraloría y Transparencia
Azucena Flores (PRD) es la presidenta de la Comisión
de Pueblos Originarios e Igualdad Sustantiva
Karina Alcalá (PT) preside la de Derechos
Culturales, Recreativos y Educación
Diego Anselmo (Morena) la de Planeación y
Desarrollo Económico
Ana Laura Chavaro (Morena) es la presidenta de la
Comisión de Servicios Urbanos y Atención ciudadana
Mauricio Molotla (Morena) la de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana
Jaime Palacios (Morena) preside la de Sustentabilidad
y Medio Ambiente
Rocío Luqueño (Morena) la de Obras, Desarrollo
Urbano y Movilidad
En el desigual equilibrio de fuerzas, las concejalas de oposición recordaron
el viernes que de acuerdo con la Constitución local, tienen la facultad para
aprobar el Presupuesto de Egresos del presente año; sin embargo, los
concejales sólo fueron convocados a sesión ordinaria para ser informados de las
partidas presupuestales generales, pero sin detallar montos exactos y ni
rubros en específico.
Como podemos ver, no hay ningún contrapeso, la alcaldesa puede
dormir tranquila porque solamente tiene tres votos en contra de todo lo que
se le antoje hacer en el cargo, porque siempre la van a favorecer siete concejales
del quorum total de las sesiones. Incluido el del priista Richard Solórzano,
generosa cortesía de quienes por años han medrado con el partido en la Ciudad
de México, al ponerlo a las órdenes de sus patrones izquierdosos de Tláhuac.
En conclusión, cuando los diputados constituyentes diseñaron la
figura de concejal en la Constitución capitalina lo hicieron para crear un
contrapeso al poder del alcalde, debido a que su objetivo es supervisar la
ejecución de políticas y el gasto público. Sin embargo, la realidad es muy
diferente en el cacicazgo de Tláhuac. Las denuncias, supervisiones,
revisiones y quejas que se ponen sobre la mesa sesión tras sesión, son
abatidas por la mayoría relativa de los concejales, quienes están más interesados
en blindar las decisiones de la alcaldesa Berenice Hernández, para ganarse en
el futuro inmediato la gracia de pasar a formar parte de la dizque cuarta
transformación a través de un cargo público.
Sobre todo cuando el cacique de Tláhuac asuma el cargo de alcalde en
2024… Al tiempo.
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