Empresas del narco, máquinas de destrucción de cuerpos y poblados

Guerra del Narco Tras de recordar que en México hay 32 mil personas desaparecidas, la periodista Alejandra Guillén refirió que en Jalisco, entre 1996 y 2015, los gobiernos locales incineraron 3,000 cuerpos que no fueron reclamados ni identificados, lo que impide que las familias puedan aspirar a encontrar a sus desaparecidos, y que alguna vez se pueda saber qué les ocurrió, quiénes eran y por qué murieron. Son 32,277 las personas desaparecidas en México según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas Las «empresas del narco» cuentan con todo un engranaje para el secuestro, amenazas y cooptación de jóvenes, debido a que poseen «toda una maquinaria de destrucción de cuerpos y poblados, de traslado y lavado de dinero, de despojo de tierras y gestión con autoridades de todos los niveles», aseguró la periodista Alejandra Guillén. Cuestionó el hecho de que la información llegue a la población «a cuenta gotas», debido a que la gente ha sido silenciada mediante el terror. «De pronto en una zona hay sólo una madre que se atreve a romper el silencio, o algún sacerdote, quienes de inmediato son silenciados y deben salir huyendo», denunció. Al participar en el Segundo Coloquio de Investigadores sobre Biopolítica y Necropolítica, organizado por la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dijo que en México «hay mucho más ocultamiento de las desapariciones de lo que pensábamos», y que la gran mayoría de los desaparecidos son «jóvenes de sectores vulnerables». Al compartir su experiencia en la búsqueda de desaparecidos, así como de testimoniales que contribuyan a entender qué ha ocurrido a más de 32,000 personas que hoy se encuentran desaparecidas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Alejandra Guillén manifestó que de acuerdo con su investigación, entre los desaparecidos hay gente que fue secuestrada para servir en los laboratorios clandestinos de anfetaminas. Asimismo, para obligarlos a trabajar en la cosecha de amapola y marihuana, para después asesinarlos a fin de no dejar rastro de las operaciones realizadas. «A otros los amenazan con aniquilar a sus familias si no se unen al narco», indicó. Refirió que las investigaciones acerca de las actividades de las «empresas del narco» le toman mucho tiempo a quienes las realizan, debido a que «se necesita estar un largo periodo en una región», para que la gente «comience a tener la suficiente confianza para narrarnos fragmentos de sus historias». «Fue así que nos contaron de una zona donde se tenían entre ochenta a cien tambos de metal (como los de basura) para incinerar cadáveres», afirmó. «En el lugar apenas quedaban algunos pocos, pues la misma población fue por ellos para venderlos ‘para el kilo’, a un lado de los que quedaban había una pila de zapatos de hombre, de mujer, de niño… Como una macabra exhibición de trofeos de los narcotraficantes», asentó. Describió cómo en el norteño estado de Coahuila, estas «empresas del narco» tienen quien se especialice en «desaparecer a los desaparecidos», en lo que la Fiscalía estatal denomina como «centros de inhumación clandestina». El término incluye los sitios en donde son incinerados los cadáveres y enterrados los restos calcinados. Ahí son utilizados tambos agujereados en los cuales meten a la gente y la queman con diesel y gasolina. «Alrededor ponen una llanta de tráiler para contener el fuego y en hoyos de 40 por 40 centímetros de hondo vacían los restos quemados». Dichos «centros de exterminio» (como los nombran principalmente integrantes de los colectivos de familiares que recorren el territorio nacional en busca de sus desaparecidos vivos, o en fosas), han salido «cientos de restos óseos incinerados en ranchos, pozos y terrenos repletos, donde se quemó a decenas o tal vez a cientos de personas, cifra que tal vez nunca se sabrá, porque de pocas piezas se puede extraer ADN que sirva para la identificación». A decir de Alejandra Guillén, «estos relatos le rompen el alma a quien los cuenta, pero también a quienes los recibimos. Nosotros comenzamos la recopilación de información en Cherán y hubo quien llegó a decirnos: ‘no vayan tras la muerte, vayan tras la vida’; nos preocupa cómo narrar lo que vamos encontrando, porque el rechazo a estas narraciones es muy fuerte, la población no quiere escuchar, no quiere enterarse, hay un miedo gigante a lo que está pasando», comentó en el coloquio que este año se centró en las narrativas y «vocabularios bio-necropolíticos». Dijo que le ocurre con mucha frecuencia que durante una conferencia en la que expone casos y nombres, aunque sin ubicación y con pocos detalles de las personas desaparecidas, «aun así la gente nos pide no seguir porque no pueden escuchar esto que está ocurriendo». Refirió que en el caso del estado de Jalisco, entre 1996 y 2015 los gobiernos locales incineraron 3,000 cuerpos que no fueron reclamados ni identificados, lo que «impide que las familias puedan aspirar a encontrar a sus desaparecidos, que alguna vez sepamos qué les ocurrió, quiénes eran y por qué murieron». «Esta política se detuvo por el escándalo que se generó, el argumento de las autoridades fue que no había espacio en las morgues, pero al final del día es una política que además de borrar la verdad, permite cualquier clase de abusos», indicó. El encuentro fue organizado por el Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y Necropolítica de la UACM‎, y el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el Proyecto Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ambas de la UNAM.