 | Operativo en la Alcaldía Tláhuac |
En lo que va de la administración de
Clara Brugada al frente del gobierno de la Ciudad de México, se han realizado
nueve operativos en áreas invadidas
del Suelo de Conservación, en los que se han recuperado 176 hectáreas,
principalmente en las alcaldías Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco.
Dichos operativos han contado con la
participación de distintas dependencias, federales y locales, por lo que ha
sido posible abrir carpetas de investigación en la Fiscalía General de
Justicia capitalina por amenazas, despojo y delitos ambientales.
Lo anterior fue señalado por Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de
México, al diario La Jornada, al tiempo que dijo tener
identificadas al menos 2 mil 500 hectáreas de Suelo de Conservación
invadidas por asentamientos humanos irregulares, superficie equivalente a
tres veces el Bosque de Chapultepec en sus cuatro secciones.
Según
estableció, la meta es liberar todo ese territorio durante la actual
administración y no permitir que se ocupe «ni un metro cuadrado más de área
verde», sobre todo en las demarcaciones donde se concentra y que son principalmente
en alcaldías del sur como Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Comentó que
cada invasión es distinta, pero hay patrones que se repiten. «En algunos
casos –explicó–, los propios comuneros y ejidatarios venden sus propiedades
para obtener un ingreso, pero en otros son organizaciones promotoras de vivienda
o grupos de la delincuencia organizada que bajo amenazas despojan y se
apropian de las tierras, que venden con documentos apócrifos y engañan a la
gente».
«En todos
los casos se trata de una acción ilegal, porque en suelo de conservación está
prohibida la construcción de vivienda, es decir, no hay un uso habitacional,
por lo que tarde o temprano serán retirados. Hay mucha gente que compra de
buena fe, pero les pedimos que no se dejen engañar, el suelo de conservación
no está en venta», puntualizó.
«Cuando
hacemos la recuperación del suelo, además de retirar los materiales,
colocamos letreros para advertir que se trata de suelo de conservación y que
es un delito construir ahí. Y se hace un censo de quiénes vivían ahí para que
las familias sean consideradas como solicitantes de viviendas, pero también
para exigir que quienes las defraudaron reparen el daño», asentó.
«Se tiene
un sinnúmero de procedimientos administrativos ambientales abiertos, por lo
que cada ocho días hay una mesa de trabajo con las distintas dependencias
competentes, para proceder a la recuperación de las áreas verdes. Nos
apoyamos en los datos del censo poblacional del Inegi y un sistema de
georreferencia vía satelital que nos indica los movimientos, semana por
semana, y corroboramos con inspecciones en campo.
«Cuando se
detecta una construcción, el personal solicita el documento de uso de suelo,
y como no es habitacional, no pueden demostrarlo, después se abre el proceso
administrativo que puede durar alrededor de tres meses y se ejecuta una orden
de demolición o retiro de materiales», concluyó.
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Fuente: La Jornada
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