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Uic se reunirán |
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Un grupo de 10 enfermeras y
enfermeros que entró a trabajar al Hospital
General Tláhuac desde el pasado mes de octubre, hasta el momento no han
recibido remuneración alguna y desconocen cuál será el monto de su salario,
lo que evidencia una cadena de irresponsabilidades e indolencia por parte de
quienes dirigen los hospitales del sector salud en la Ciudad de México. Tras atender la convocatoria al
entregar sus documentos, fueron llamados a mediados de octubre porque habían
sido seleccionados para laborar en la unidad hospitalaria de Tláhuac. Desde un principio les advirtieron
que debido a su condición de ser personal de nuevo ingreso, su pago podría
tardar hasta tres quincenas. Sin embargo, Recursos Humanos del hospital
comenzó a advertirles que había «errores en la documentación», por lo que volvieron a
entregar sus papeles, lo cual sucedió el 4 de noviembre. A partir de ahí les
prometieron un depósito para el día 10, pero no les pagaron nada. Posteriormente,
el administrador del nosocomio, Carlos Olivos, les informó que sería la
última quincena de noviembre, pero de nueva cuenta no llegó ningún pago. Todos
ellos mientras tanto, continuaban con el trabajo en jornadas completas, incluyendo
días festivos. El 11 de diciembre fueron citados en las
oficinas de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar, ubicadas en Santa María Tetepan, Alcaldía Xochimilco. Luego de horas de espera, les
informaron que sus nombres no aparecían en el sistema, aunque sus plazas sí se
encontraban registradas. Nuevamente tuvieron que entregar documentos. Pero el
22 de diciembre se les notificó que debido a «errores administrativos» no habría pago, como tampoco
vales de despensa. La inmensa mayoría de ellos habían
estado pidiendo prestado a amigos y familiares para costear sus traslados
desde lugares remotos, incluso de poblaciones en los estados de Morelos y
México, confiados en que al recibir su pago saldarían sus otras deudas como
renta y comida. Una situación compleja y grave es la que
han vivido no sólo estos 10 trabajadores y trabajadoras de la salud, sino
alrededor de 90 que se encuentran distribuidos en hospitales diversos como el
Belisario Domínguez de Iztapalapa o
el Pediátrico de Coyoacán, al laborar sin seguridad social, pero expuestos a
pacientes con neumonía, tuberculosis y otros padecimientos de alto riesgo. «Nos estuvieron hablando por teléfono
–dijo una de ellas a MSR
Noticias–. La primera llamada fue para darnos
a conocer que habíamos sido seleccionadas a cierto hospital, posteriormente
recibimos una segunda llamada por parte del personal del Hospital General
Tláhuac para presentarnos de un día a otro a trabajar. Todo esto sucedió en
el mes de octubre. Pero al preguntar por nuestro salario, prestaciones y
contrato, nos dijeron que todo eso lo viéramos con Recursos Humanos». A decir de otra enfermera, que por
cuestiones de seguridad personal pidió el anonimato, señaló que las habían
llamado con engaños. «Nos dijeron que era con base a partir de 6 meses un día,
lo cual eso pues no va a ocurrir, ya que dicen que no hay presupuesto para
pagarnos y que nos pagarían con tiempo tres meses, lo que ya trabajamos, y
que los siguientes tres meses nos van a descansar». Al ingresar al hospital a laborar, en
el área de Recursos Humanos les solicitaron la misma documentación que en el
mes de junio habían entregado en la Coordinación Estatal de Tepepan. «Cómo fuimos ingresando de manera asincrónica, esperábamos el pago de la
segunda quincena de octubre, pero al no llegar éste, fuimos a Recursos Humanos
a preguntar y nos comentaron que tardaba el pago en llegar, por lo que era
probable que nos pagaran la primera quincena de noviembre. »En noviembre, los primeros días,
tuvimos curso de inducción, el cual se nos comentó que nosotras entrábamos
con plaza y que a los 6 meses 1 día íbamos a obtener la base; posterior a
ello, se nos preguntó si ya nos habían pagado (porque cabe mencionar que sólo
a ciertos compañeros de los tres turnos ya se les había depositado su pago
desde la segunda quincena de octubre). «Al comentar que no nos habían
pagado, pidieron que anotáramos nuestro nombre en una hoja y, posteriormente,
nos volvieron a pedir documentos por parte de Recursos Humanos. Se nos
comentó por parte de ellos que no nos habían pagado porque teníamos
pendientes en la entrega de documentos. Sin embargo, pasó la primera y la
segunda quincena de noviembre y no recibimos nada de salario. Volvimos a
preguntar en Recursos Humanos qué estaba pasando y nos comentaron que era
problema de Tepepan. Fuimos a Tepepan y nos dijeron que de nueva cuenta
hacían falta documentos, pero que eso era problema de Recursos Humanos de
nuestro hospital, el General de Tláhuac ya que ellos no les habían enviado
completa la documentación». El grupo de personal de enfermería
acudió de nueva cuenta los primeros días de diciembre a Tepepan, porque se les
indicó que ya iban a firmar el contrato. «Fue ahí que nos dimos cuenta que ellos
no llevaban un orden en la documentación, que había gente que cobraba sin
presentarse a su hospital o, incluso, que iba a firmar contrato y nunca le
llamaron para laborar. Había compañeros que no aparecían en las listas y los
que aparecíamos, decían que teníamos pendientes nuestra entrega completa de
documentos, lo cual era absurdo porque ya habíamos entregado todo completo. »Hasta ellos mismos te hablaban por
teléfono para enviar la documentación escaneada. Pero desde esa fecha en
Tepepan se nos comentó que iban a remediar la situación y que iban a estar en
contacto con Recursos Humanos de nuestro hospital, así como también se nos
comentó ese día que no teníamos derecho al momento de firmar el contrato porque
no aparecíamos en esa lista para firmar dicho documento, y que se nos
iba a depositar el 15 de diciembre todo». Sólo que al no ver el depósito el 15 de
diciembre, volvimos a ir a Tepepan y no obtuvimos respuesta de ellos sino hasta
el día 22 de diciembre, cuando se nos mandó llamar. Al ir, los directores nos dijeron
que nos habían citado para darnos la cara y para comentarnos que prácticamente
Hacienda había hecho corte y que no tenían cómo pagarnos, en pocas palabras,
nos dijeron, no hay presupuesto para pagarles». Los directivos en cuestión lo único
que pudieron ofrecerles fue un pago con tiempo, esto es, que si alguien había
trabajado tres meses, debía descansar tres meses y regresar a laborar en
marzo de 2026. «Cuando nos negamos a aceptar esa
propuesta –dijeron las enfermeras–, inmediatamente estos directivos dieron la orden de no
presentarnos a laborar y nos avisaron que el viernes 26 de diciembre obtendríamos un veredicto
final». Dicho
veredicto se los daría a conocer su representante, en este caso la directora
del Hospital General Tláhuac y el administrador del nosocomio. El pasado viernes el grupo de 10 enfermeras
con presunta contratación fraudulenta, acudió ante los directivos para conocer
los pormenores del veredicto, pero al no obtener respuesta, acudieron a las
oficinas centrales ubicadas en Barranca del Muerto, donde se les comentó que
se les pagaría la primera quincena de febrero, porque es el mes en que se
abre el presupuesto. En tanto que en la Coordinación Estatal nunca les
comentaron nada. «No
teníamos ni una hora de haber salido de las oficinas centrales cuando
recibimos una llamada de las oficinas centrales para decirnos que les acababan
de llamar de la Coordinación Estatal para notificarles
que no se les pagaría su salario, y que su pago sería con tiempo. »Tras la
noticia acudimos con nuestra representante del Hospital, la directora
general, pero no obtuvimos respuesta de nadie», relataron. De hecho, el pasado 24 de diciembre les
volvieron a llamar de la Coordinación Estatal para que dieran de alta sus
documentos a fin de que les pagaran. «Sólo estamos pidiendo que se nos
pague lo laborado, ya que estuvimos sin contrato, sin seguro, sin
prestaciones y sin salario», precisaron. Por el momento, las 10 trabajadoras
del área de Enfermería del Hospital General de Tláhuac desconocen si
realmente el sector salud del Gobierno de la Ciudad les va a pagar el tiempo
que ya laboraron, si regresarán a laborar en marzo y si les van a cumplir lo
acordado desde un inicio. «Sólo nos dan largas y mentiras. No sabemos qué
pasará con nuestro futuro. Sólo promesas y mentiras nos dan», expresaron. «No tenemos nada seguro porque en el Hospital
de Tláhuac, en Tepepan y en las oficinas centrales se maneja información
diferente», concluyeron las enfermeras. |
miércoles, 31 de diciembre de 2025
Con presuntos engaños llaman a trabajar a 10 enfermeras en Tláhuac
viernes, 22 de marzo de 2024
Alerta de seguridad ante una modalidad de fraude «sugar daddy»
Mercado Sobre Ruedas | |||
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Efectivos de la Unidad de
Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la
Ciudad de México, a través de sus actividades de monitoreo las 24 horas del
día, detectó una nueva modalidad de fraude conocido como «sugar daddy» o «sugar mommy». Dicho fenómeno ha ganado
popularidad en los últimos años y se caracteriza por una dinámica financiera
donde individuos económicamente establecidos, denominados «sugar daddies» o «sugar mommies», brindan apoyo financiero o regalos a parejas más
jóvenes; sin embargo, detrás de la aparente generosidad pueden esconderse
riesgos de estafas y fraudes. En ese contexto, los estafadores
se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes buscan una relación afectiva y para eso utilizan identidades falsas, fotos manipuladas y perfiles
ficticios, a fin de atraer a sus víctimas; una vez establecida la conexión,
pueden solicitar dinero por adelantado bajo falsos pretextos o engañar a la
otra persona sobre su capacidad financiera. Fue en julio de 2021 cuando Google
anunció cambios en su Política de Contenido Inadecuado, por los que prohibió
en la tienda de aplicaciones Play Store los software que ofrecían relaciones
sexuales a cambio de algún tipo de gratificación. Los cambios en la Política
introducían nuevas restricciones en relación al contenido de tipo sexual, que
actualmente prohíbe aquellas aplicaciones que «incluían o promocionaban contenido sexual o palabras malsonantes», o «cualquier
contenido o servicio cuya finalidad fuera la de provocar placer sexual». Ahora y para evitar convertirse
en víctima de estas estafas, es importante estar informado y tomar
precauciones adecuadas, por lo que especialistas de la Policía Cibernética
emiten las siguientes recomendaciones digitales: • Antes de comprometerse con
alguien en este tipo de relación, investigar a fondo su identidad y
antecedentes. • Mantener la privacidad de
información personal y financiera, por lo que se debe evitar compartir
detalles como números de cuentas bancarias o información de tarjetas de
crédito. • Mantenerse vigilantes ante
cualquier señal de advertencia, como solicitudes de dinero anticipado,
discrepancias en la información proporcionada o comportamiento inusual
durante la comunicación. • Ser cautelosos frente a
promesas excesivamente generosas, ser escéptico ante las promesas de grandes
sumas de dinero o regalos lujosos. • Evitar comprometerte en una
relación financiera sin tener una comprensión clara de quién es la persona. • Evitar reuniones en lugares
privados o desconocidos durante las primeras citas. Al seguir estas recomendaciones
digitales, se puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de
estafas en línea. Para mayor información u
orientación adicional, la Unidad de Policía Cibernética está las 24 horas del
día, en el número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, o en el correo
electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Así como también en las redes
sociales oficiales @ssc_cdmx y @ucs_gcdmx para mantenerse actualizado y recibir consejos
de seguridad. |
sábado, 26 de agosto de 2023
Detenidos 4 en Tláhuac por robar dinero a 2 compradores de una moto
viernes, 26 de agosto de 2022
Fraude procesal de Estado 4T en Tláhuac apoyado por AMLO
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Con el contubernio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador buscara el próximo siete de septiembre de 2022
rematar en la segunda de tres sesiones el predio de la Unidad Habitacional «Hombres
de la Reforma», en la Alcaldía Tláhuac, lo que le consumaría el despojo
de su patrimonio a 144 familias. El remate se llevará a cabo luego de que, en el juicio 683/1997, la
jueza cuarto civil reestableció la personalidad jurídica a una persona que se
ostenta como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y
Técnicos de Educación Física y Deporte A.C. (Amprotefd), lo que viola
la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual ratificó la nulidad la
personalidad desde 2010, según expediente 2927/2010. Los vecinos están desesperados porque AMLO pide a sus funcionarios
sacar dinero de donde sea para comprar votos en las elecciones de 2024. La
nueva mafia del poder acosa a 144 familias en Tláhuac y va de la mano con el
crimen organizado que asola y esquilma a gente en la Ciudad de México. Fraude procesal de Estado En evidente acción concertada con jueces y gobierno capitalino, la
administración del AMLO continúa con el fraude procesal de Estado para
despojar de su patrimonio a 144 familias de la Unidad Habitacional «Hombres
de la Reforma», en el centro de Tláhuac. La primera de tres sesiones de remate del predio Nepantla que se iba a
llevar a cabo el pasado 28 de junio fue declarada desierta. Las familias se enteraron que el objetivo es rematar el predio en
287 millones de pesos. Pero las familias están al tanto que de esa
cantidad el gobierno federal se embolsaría 100 millones de pesos, dinero que
con seguridad sería destinado a los programas sociales que le han redituado
votos al movimiento Morena, fue declarada desierta. Las partes implicadas en el fraude El tres de mayo de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó al juzgado 4 de lo civil sacar a
remate el predio de Nepantla, sobre el cual se encuentra edificada la
unidad habitacional, en Canal Seco 18, barrio Guadalupe, en San Pedro
Tláhuac, por 201 millones de pesos, de cuya cantidad 101 millones
corresponderían para Amprotefd, la cual es la parte fundamental del fraude. En el juicio 683/1997, el juzgado 4 de lo civil concedió la petición,
después de rechazar un recurso sobre la falta de representatividad de la
Amprotefd, luego de que la Suprema Corte ratificó un recurso de nulidad
presentada por los vecinos de la unidad. Es así como el gobierno federal, a través del Fonhapo, pretende
obtener por la venta de las 144 viviendas un ingreso de 100 millones de pesos
por construcción y terreno, en caso de adjudicárselo. Si se hace
valida la nulidad de la representación, el juicio será nulo y el gobierno
federal no recibiría sus 100 millones. Los afectados destacan que la gran mayoría de quienes participaron
en el inicio del programa de vivienda hace casi 30 años, son personas de la
tercera edad o próximos a serlo–, solicitaron desde el año pasado la
intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero ambos hicieron
caso omiso a las denuncias, y avalaron el fraude. El caso también fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), instancia que mantiene su negativa de rendir cuentas. Por lo
anterior, 144 familias están en peligro de ser lanzadas a la calle luego de
juicios viciados y fraudulentos. Habitantes de la unidad habitacional destacaron que, de un préstamo
inicial en 1995 por 505 mil pesos, el gobierno federal a través de Fonhapo
busca obtener ahora más de 100 millones de pesos. Luego de que la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de
Educación Física y Deporte contrajo en 1995 el crédito 1368 para vivienda con
Fonhapo, ahora los funcionarios del organismo y militantes del movimiento
Morena, pretenden «vender» las viviendas a sus posesionarios por unos tres
millones de pesos por familia. Incluso, Fonhapo amenazó de manera paralela y extrajudicial a los
poseedores de las viviendas con que serían desalojados de inmediato si no
pagaban 150 mil pesos en una sola exhibición, cantidad que no está a
discusión, con el contubernio de un grupo que se ostenta como «comisión de
gestión». Fonhapo busca adjudicarse el predio donde fue construida la unidad, con
lo que pretende cobrar el adeudo de Amprotefd, la cual carece de
representación legal, luego de que un individuo que intentó apropiarse de la
dirigencia fue desconocido desde 2010, en un proceso legal ratificado
después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 1995, Fonhapo convocó a los vecinos de la unidad para
entregarles la carta de adjudicación de la vivienda, en la cual informó a
éstos que Amprotefd no había depositado el dinero, por lo que deberían de
cubrirlo de manera individual. Se les proporcionó un talonario para depositar cada mes los pagos y,
según dijeron, éstos irían a una cuenta que abonaría al pago de la vivienda. Ardid de Fonhapo para «bolsear» a quien tiene vivienda Amprotefd
fue demandada por Fonhapo, organismo que cerró de
manera unilateral la ventanilla de pagos y se negó a atender de manera
individual a los habitantes de la unidad habitacional, al asegurar que
sólo los atendería por medio de quien tuviera la representatividad de la
fraudulenta asociación. Lo
anterior fue aprovechado por un individuo que se adjudicó con el contubernio
de Fonhapo, también de manera fraudulenta, la representación de la asociación, y por su cuenta dio inicio con una serie de negociaciones, pero a
espaldas de calidad que perdió en 2010 tras un juicio cuya sentencia fue
ratificada por la Suprema Corte los habitantes de «Hombres de la Reforma». Fonhapo conocía de antemano la falta de representación legal de quien
se ostentó como presidente de la asociación, pero aun así continuó con el
proceso legal, lo cual a su vez es parte de la carpeta de investigación en la
Fiscalía General de la Ciudad de México 933/06-2016, la cual fue cerrada por
haber delito que perseguir. Fonhapo
intentó hacer creer a los habitantes de «Hombres de la Reforma» que el
crédito de la unidad habitacional había sido enviado al SAE (Servicio de
Administración y Enajenación de bienes, lo que hoy es el instituto para
devolverle al pueblo lo robado) para su remate y con eso obligarlos a pagar,
en una sola exhibición, dos millones de pesos, so pena
de ser desalojados de inmediato al argumentar que «es imposible conseguirse
casa a ese precio», tras de lo cual amagó con la idea de que el predio ya
había sido adjudicado. Algunos vecinos comenzaron a investigar y se dieron cuenta que Fonhapo
no se había adjudicado el terreno, que éste todavía aparecía a nombre de
Amprotefd. Algunos empezaron a considerar el borrar su firma del listado,
los de la comisión trataron por varios medios de persuadir que no lo
hicieran, al argumentar que eso no causaba ningún compromiso. En una reunión, el representante de la Procuraduría Social (Prosoc), sin dar ningún
argumento –porque según él «sería una larga explicación y que no entenderían
el lenguaje jurídico»– insistió en que, aun así, Fonhapo podría exigir el
pago. La mayoría
de los vecinos pagó por su terreno a Amprotefd 40 mil pesos, cantidad que
Fonhapo no reconoce. El
préstamo base por vivienda fue de 30 mil pesos y no de dos millones pesos,
que de manera arbitraria y sin fundamento Fonhapo pretende cobrar, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada vivienda, es decir,
ingresos, estado de salud y pagos previos. Posteriormente, AMLO estableció que el negocio está en la subasta
del predio de la unidad, por 287 millones, lo que fija el precio de los 144
lotes en poco más de dos millones cada uno, lo que es como una sentencia
de muerte para sus posesionarios». |
jueves, 9 de junio de 2022
Fraude de Estado en Tláhuac. AMLO busca 'atracar' a 144 familias
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Mercado Sobre Ruedas |
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Noticiudadana.- En evidente acción
concertada con jueces y el gobierno de la Ciudad de México, la
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador continua con el
fraude procesal de Estado para despojar de su patrimonio a 144 familias de la
Unidad Habitacional Hombres de la Reforma, en el centro de la Alcaldía Tláhuac. La primera de tres sesiones de remate del predio Nepantla está
prevista para el 28 de junio, según disposición de la administración Lopezobradorista,
en la que buscan rematar el predio en 287 millones de pesos, cantidad de
la que el gobierno federal se embolsaría 100 millones de pesos, que con
seguridad destinaría a los programas sociales que le han redituado votos al movimiento
Morena. El remate se llevará a cabo luego de que, en el juicio 683/1997, la
jueza cuarto civil le concediera la personalidad jurídica a una persona que
se ostenta como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y
Técnicos de Educación Física y Deporte A.C. (Amprotefd), violando la
resolución de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la nulidad de esa
personalidad desde 2010, según expediente 2927/2010. El tres de mayo de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó al juzgado 4 de lo civil sacar a
remate el predio de Nepantla, sobre el cual se encuentra edificada la
unidad habitacional, en Canal Seco 18, barrio Guadalupe, en San Pedro
Tláhuac, por 287 millones de pesos, de cuya cantidad 187 millones corresponderían
para Amprotefd, la cual es la parte fundamental del fraude. En el juicio 683/1997, el juzgado 4 de lo civil concedió la petición,
después de rechazar un recurso sobre la falta de representatividad de la
Amprotefd, luego de que la Suprema Corte ratificó un recurso de nulidad
presentada por los vecinos de la unidad. Es así como el gobierno federal, a través del Fonhapo, pretende
obtener por la venta de las 144 viviendas un ingreso de 100 millones pesos
por construcción y terreno, en caso de adjudicárselo. Si se hace valida
la nulidad de la representación, el juicio será nulo y el gobierno federal no
recibiría sus 100 millones. Los inconformes destacan que la gran mayoría de quienes participaron en
el inicio del programa de vivienda hace casi 30 años –mismos que ahora ya
son personas de la tercera edad o próximos a serlo–, solicitaron desde el
año pasado la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como
de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero
ambos hicieron caso omiso a las denuncias. Las asambleas informativas previas fueron presididas por personal de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), instancia que carece de facultades
para tomar decisiones vinculatorias respecto a la situación de las viviendas. El caso también fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), la cual recién recibió la respuesta de Fonhapo, instancia
que mantiene su negativa de rendir cuentas. Por lo anterior, 144 familias están en peligro de ser lanzadas a la
calle luego de una serie de juicios viciados y fraudulentos. Habitantes de la unidad habitacional destacaron que, de un préstamo
inicial en 1995 por 505 mil pesos, el gobierno federal a través de Fonhapo
busca obtener ahora más de 100 millones de pesos. Luego de que la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de
Educación Física y Deporte contrajo en 1995 el crédito 1368 para vivienda con
Fonhapo, ahora los funcionarios del organismo y militantes del movimiento
Morena, pretenden «vender» las viviendas a sus posesionarios por unos tres
millones de pesos por familia. Incluso, Fonhapo amenazó a los poseedores de las viviendas con que
serían desalojados de inmediato si no pagaban 150 mil pesos, cantidad que
no está a discusión, con el contubernio de un grupo que se ostenta como
«comisión de gestión». Fonhapo busca adjudicarse el predio donde fue construida la unidad, con
lo que pretende cobrar el adeudo de Amprotefd, la cual carece de
representación legal, luego de que un individuo que intentó apropiarse de la
dirigencia fue desconocido desde 2010, en un proceso legal ratificado después
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 1995, Fonhapo convocó a los vecinos de la unidad para
entregarles la carta de adjudicación de la vivienda, en la cual informó a
éstos que Amprotefd no había depositado el dinero, por lo que deberían de
cubrirlo de manera individual. Se les proporcionó un talonario para depositar cada mes los pagos y,
según dijeron, éstos irían a una cuenta que abonaría al pago de la vivienda. Ardid de Fonhapo para «bolsear» a quien tiene vivienda Amprotefd fue demandada por Fonhapo, organismo que cerró de manera
unilateral la ventanilla de pagos y se negó a atender de manera individual a
los habitantes de la unidad habitacional, al asegurar que sólo los atendería
por medio de quien tuviera la representatividad de la fraudulenta asociación. Lo anterior fue aprovechado por un individuo que se adjudicó, también
de manera fraudulenta, la representación de la asociación, y por su cuenta
dio inicio con una serie de negociaciones, pero a espaldas de los habitantes
de Hombres de la Reforma, calidad que perdió en 2010 tras un juicio cuya
sentencia fue ratificada por la Suprema Corte. Fonhapo conocía de antemano la falta de representación legal de quien
se ostentó como presidente de la asociación, pero aún así continuó con el
proceso legal, lo cual a su vez es parte de la carpeta de investigación en
la Fiscalía General de la Ciudad de México 933/06-2016, la cual fue cerrada
por haber delito que perseguir. Fonhapo intentó hacer creer a los habitantes de «Hombres de la Reforma»
que el crédito de la unidad habitacional había sido enviado al SAE (Servicio
de Administración y Enajenación de bienes, lo que hoy es el instituto para
devolverle al pueblo lo robado) para su remate y con eso obligarlos a
pagar, en una sola exhibición, dos millones de pesos, so pena de ser
desalojados de inmediato al argumentar que «es imposible conseguirse casa a
ese precio», tras de lo cual amagó con la idea de que el predio ya había
sido adjudicado. Algunos vecinos comenzaron a investigar y se dieron cuenta que Fonhapo
no se había adjudicado el terreno, que éste todavía aparecía a nombre de
Amprotefd. Algunos empezaron a considerar el borrar su firma del listado, los
de la comisión trataron por varios medios de persuadir que no lo hicieran, al
argumentar que eso no causaba ningún compromiso. En una reunión, el representante de la Prosoc, sin dar ningún argumento
–porque según él «sería una larga explicación y que no entenderían el
lenguaje jurídico»– insistió en que, aun así, Fonhapo podría exigir el pago. La mayoría de
los vecinos pagó por su terreno a Amprotefd 40 mil pesos, cantidad que
Fonhapo no reconoce. El préstamo base por vivienda fue de 30 mil pesos y no de dos
millones pesos, que de manera arbitraria y sin fundamento Fonhapo
pretende cobrar, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada vivienda, es
decir, ingresos, estado de salud y pagos previos. Posteriormente, AMLO estableció que el negocio está en la subasta
del predio de la unidad, por 287 millones, lo que fija el precio de los
144 lotes en poco más de dos millones cada uno, lo que es como una sentencia
de muerte para sus posesionarios». |





