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En el Sanatorio Trinidad, el miedo y
la intimidación han pasado a ser parte del mobiliario cotidiano porque este
centro hospitalario, que en sus mejores días fue un referente en
traumatología y ortopedia, hoy se encuentra sumido en una crisis que afecta tanto
a sus trabajadores como a los pacientes que confían en sus servicios, ya que
la administración encabezada por los doctores Jesús Torán Sierra, Juan
Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez y Javier Alfonso Ortega Alonso, con la
dirección administrativa de la actuaria Adriana Beltrán Mallén y Alma Alicia
Sígales Chicas, ha instaurado un ambiente de terror que erosiona la salud
física y mental de su personal. En un documento interno del 29 de
julio del año pasado, Angélica Clairín Pantoja denunció que Adriana Beltrán
Mallén generó junto con la Jefa de Recursos Humanos, Alma Sígales, una
estrategia de fabricación de pruebas y argumentos en su contra a través de
las propias colaboradoras de Clairín a las que «compraron»,
mientras que el doctor Jesús Torán Sierra le gritó, humillándola ante el
personal, que ella lideraba como jefa de intendencia, luego de que como tal
había reclamado que les generaron exceso de trabajo durante su jornada
laboral, y les estaban restringiendo material para cumplir correctamente con sus
labores de limpieza e higiene del sanatorio. Finalmente, renunció.
Los testimonios de otros trabajadores
confirman que este ambiente hostil no es un caso aislado. Enfermeros,
camilleros, administrativos y personal de intendencia se quejan de acoso constante,
vigilancia excesiva (incluso con programas espía en las computadoras) y
desinformación. Muchos aseguran que se les presionó para firmar declaraciones
falsas contra antiguos directivos, como el ex administrador Alfredo Gutiérrez
del Ángel, bajo la amenaza de perder sus empleos. Han intentado fabricarles pruebas
para correrlos y, a través del acoso y la intimidación, buscar que ellos
mismos decidan renunciar, muchos con bastantes años en la empresa, de acuerdo
con documentos mostrados. Prefieren quedar en el anonimato a la espera de
cumplir el tiempo conveniente para jubilarse, aguantando el acoso y la
intimidación diarios. Además, los pagos de salarios y
prestaciones como el Fondo de Ahorro y vales de despensa se los han retrasado
injustificadamente, así como los bonos de productividad que les daban cada trimestre,
simplemente han desaparecido desde la llegada de la actual administración.
Incluso, comentan, carecen totalmente del apoyo de su sindicato, afiliado a
la Federación de Sindicatos Autónomos de México (Fesam), que está totalmente
del lado de los liderados por Jesús Torán y Adriana Beltrán. En la más reciente negociación de
salarios, a los que ganan el mínimo les subieron el 12%, pero al resto apenas
el 5.5%, porque el Sindicato no quiso apoyarlos. Mientras tanto, el
incremento en vales fue de apenas 20 pesos. «A diferencia de la anterior administración
del doctor Arturo Gutiérrez, quien decía que su personal era lo primero y más
importante del Sanatorio, hoy medran con nuestros salarios y prestaciones»,
porque, afirman, «recursos económicos entran al hospital». La situación se agrava con la falta
de insumos y condiciones laborales dignas. Los empleados denuncian que los
quirófanos están clausurados, las terapias carecen de agua caliente y los
medicamentos esenciales como omeprazol y paracetamol, entre otros, brillan
por su ausencia. Incluso los procedimientos de quimioterapia, que antes eran
transferidos a hospitales mejor equipados, ahora se realizan con recursos
limitados y sin remuneración adicional para el personal que asume el riesgo.
En urgencias, los pacientes deben enfrentarse a la falta de materiales y
medicamentos mientras los trabajadores intentan hacer milagros con lo poco
que tienen a su disposición, mientras corren a la farmacia de la esquina a
comprar lo que necesitan. «Estamos trabajando con miedo»,
confiesa un enfermero que prefiere permanecer en el anonimato. Las jornadas
laborales son interminables, sin pagos extra, sin tiempo para comer ni beber
agua. En Navidad y Año Nuevo, el personal de enfermería tuvo que asumir
funciones de intendencia y camilleros, debido a la ausencia de los nuevos
contratados. Las quejas de los pacientes y sus familias también se acumulan:
habitaciones en mal estado, falta de ropa de cama y toallas, y un trato que
deja mucho que desear. «Los pacientes y sus familiares van y
nos gritan, y con justa razón. Lo que están haciendo es hartarnos para que
nos vayamos. Nos dicen, ‘a ver, tú, tú, tú, tú, ve y dile al paciente, no hay
toallas para que se bañe’. No lo hacen ellos, nos mandan a nosotros. ¿Quién
recibe las malas caras? Los regaños y todo. Y por eso queda la impresión de
que las enfermeras son malas», expresó una de ellas. La gestión financiera del hospital
también está en tela de juicio. Los empleados denuncian irregularidades en
los pagos al SAT, IMSS, Infonavit y Fonacot. Mientras tanto, la administración
parece enfocarse más en aumentar el número de vigilantes y personal
administrativo que en mejorar las condiciones de trabajo o garantizar la
calidad de atención a los pacientes. «Ha sido difícil y humillante para nosotros trabajar con
esta administración; nos están hartando para que renunciemos»,
afirma otra trabajadora cansada de las humillaciones constantes. El doctor
Erick Ramírez Arias se la pasa gritando a los trabajadores. A su personal
médico les dice que se callen cuando le informan que un procedimiento está
mal porque, afirma, él tiene mayor jerarquía y deben mostrarle respeto. «Piden
respeto, pero no lo dan». La situación alcanzó su punto álgido
a inicios de enero de 2024, cuando a un directivo lo acusaron de robo y fue
despedido de manera irregular. Este evento marcó el inicio de una purga
sistemática contra empleados vinculados a la administración anterior. Las
sospechas y rumores, fomentados desde la administración, han creado una
atmósfera de paranoia que paraliza al personal y lo somete a una constante
vigilancia. La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pese a haber identificado
irregularidades graves, no ha clausurado el hospital de manera definitiva.
Esto permite que el Trinidad siga operando, pero a costa del bienestar de sus
empleados y, sobre todo, de sus pacientes, quienes han sufrido de maltrato,
como uno de ellos que tiraron los paramédicos durante el traslado al hospital
San Luis el reciente viernes. Las denuncias de maltrato, intimidación y falta
de recursos siguen acumulándose, mientras la administración parece más
interesada en mantener una fachada de normalidad que en resolver las graves
carencias estructurales, aún hoy después de la suspensión urgente de
actividades realizadas entre la tarde del jueves y madrugada del viernes
pasado. Con más de cien familias afectadas y
un personal agotado física y emocionalmente, la pregunta que queda en el aire
es: ¿qué hace falta para que las autoridades intervengan de manera decisiva?
Los trabajadores del Sanatorio Trinidad necesitan más que promesas y
discursos; necesitan justicia, apoyo y una garantía de que sus derechos
económicos y laborales serán respetados. Mientras tanto, el terror y la
precariedad siguen siendo los protagonistas de este drama cotidiano. Lectura recomendada: ¡Peligro! Suspensión de Cofepris es ignorada por el
Sanatorio Trinidad Clausura temporal Como se informó recientemente, la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), clausuró
8 establecimientos en la Ciudad de México y el estado de México que ofrecían servicios
médicos sin contar con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria,
por lo que ponían en riesgo la salud de sus clientes. Sin embargo, para el Sanatorio
Trinidad S.A. de C.V., sólo aplicó la clausura temporal de la unidad
quirúrgica del hospital. _____ Fuente: Difunet |
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