Fraude de Estado en Tláhuac. AMLO busca 'atracar' a 144 familias

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| Información ° Están desesperados porque López le pide a sus funcionarios sacar dinero de donde sea para sus programas clientelares que le reditúan votos.

Nueva mafia del poder asola a 144 familias en Tláhuac, va de la mano con el crimen organizado que asola y esquilma a gente de bien Noticiudadana.- En evidente acción concertada con jueces y el gobierno de la Ciudad de México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador continua con el fraude procesal de Estado para despojar de su patrimonio a 144 familias de la Unidad Habitacional Hombres de la Reforma, en el centro de la Alcaldía Tláhuac. La primera de tres sesiones de remate del predio Nepantla está prevista para el 28 de junio, según disposición de la administración Lopezobradorista, en la que buscan rematar el predio en 287 millones de pesos, cantidad de la que el gobierno federal se embolsaría 100 millones de pesos, que con seguridad destinaría a los programas sociales que le han redituado votos al movimiento Morena. El remate se llevará a cabo luego de que, en el juicio 683/1997, la jueza cuarto civil le concediera la personalidad jurídica a una persona que se ostenta como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de Educación Física y Deporte A.C. (Amprotefd), violando la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la nulidad de esa personalidad desde 2010, según expediente 2927/2010. El tres de mayo de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó al juzgado 4 de lo civil sacar a remate el predio de Nepantla, sobre el cual se encuentra edificada la unidad habitacional, en Canal Seco 18, barrio Guadalupe, en San Pedro Tláhuac, por 287 millones de pesos, de cuya cantidad 187 millones corresponderían para Amprotefd, la cual es la parte fundamental del fraude. En el juicio 683/1997, el juzgado 4 de lo civil concedió la petición, después de rechazar un recurso sobre la falta de representatividad de la Amprotefd, luego de que la Suprema Corte ratificó un recurso de nulidad presentada por los vecinos de la unidad. Es así como el gobierno federal, a través del Fonhapo, pretende obtener por la venta de las 144 viviendas un ingreso de 100 millones pesos por construcción y terreno, en caso de adjudicárselo. Si se hace valida la nulidad de la representación, el juicio será nulo y el gobierno federal no recibiría sus 100 millones. Los inconformes destacan que la gran mayoría de quienes participaron en el inicio del programa de vivienda hace casi 30 años –mismos que ahora ya son personas de la tercera edad o próximos a serlo–, solicitaron desde el año pasado la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero ambos hicieron caso omiso a las denuncias. Las asambleas informativas previas fueron presididas por personal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), instancia que carece de facultades para tomar decisiones vinculatorias respecto a la situación de las viviendas. El caso también fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual recién recibió la respuesta de Fonhapo, instancia que mantiene su negativa de rendir cuentas. Por lo anterior, 144 familias están en peligro de ser lanzadas a la calle luego de una serie de juicios viciados y fraudulentos. Habitantes de la unidad habitacional destacaron que, de un préstamo inicial en 1995 por 505 mil pesos, el gobierno federal a través de Fonhapo busca obtener ahora más de 100 millones de pesos. Luego de que la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de Educación Física y Deporte contrajo en 1995 el crédito 1368 para vivienda con Fonhapo, ahora los funcionarios del organismo y militantes del movimiento Morena, pretenden «vender» las viviendas a sus posesionarios por unos tres millones de pesos por familia. Incluso, Fonhapo amenazó a los poseedores de las viviendas con que serían desalojados de inmediato si no pagaban 150 mil pesos, cantidad que no está a discusión, con el contubernio de un grupo que se ostenta como «comisión de gestión». Fonhapo busca adjudicarse el predio donde fue construida la unidad, con lo que pretende cobrar el adeudo de Amprotefd, la cual carece de representación legal, luego de que un individuo que intentó apropiarse de la dirigencia fue desconocido desde 2010, en un proceso legal ratificado después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 1995, Fonhapo convocó a los vecinos de la unidad para entregarles la carta de adjudicación de la vivienda, en la cual informó a éstos que Amprotefd no había depositado el dinero, por lo que deberían de cubrirlo de manera individual. Se les proporcionó un talonario para depositar cada mes los pagos y, según dijeron, éstos irían a una cuenta que abonaría al pago de la vivienda. Ardid de Fonhapo para «bolsear» a quien tiene vivienda Amprotefd fue demandada por Fonhapo, organismo que cerró de manera unilateral la ventanilla de pagos y se negó a atender de manera individual a los habitantes de la unidad habitacional, al asegurar que sólo los atendería por medio de quien tuviera la representatividad de la fraudulenta asociación. Lo anterior fue aprovechado por un individuo que se adjudicó, también de manera fraudulenta, la representación de la asociación, y por su cuenta dio inicio con una serie de negociaciones, pero a espaldas de los habitantes de Hombres de la Reforma, calidad que perdió en 2010 tras un juicio cuya sentencia fue ratificada por la Suprema Corte. Fonhapo conocía de antemano la falta de representación legal de quien se ostentó como presidente de la asociación, pero aún así continuó con el proceso legal, lo cual a su vez es parte de la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la Ciudad de México 933/06-2016, la cual fue cerrada por haber delito que perseguir. Fonhapo intentó hacer creer a los habitantes de «Hombres de la Reforma» que el crédito de la unidad habitacional había sido enviado al SAE (Servicio de Administración y Enajenación de bienes, lo que hoy es el instituto para devolverle al pueblo lo robado) para su remate y con eso obligarlos a pagar, en una sola exhibición, dos millones de pesos, so pena de ser desalojados de inmediato al argumentar que «es imposible conseguirse casa a ese precio», tras de lo cual amagó con la idea de que el predio ya había sido adjudicado. Algunos vecinos comenzaron a investigar y se dieron cuenta que Fonhapo no se había adjudicado el terreno, que éste todavía aparecía a nombre de Amprotefd. Algunos empezaron a considerar el borrar su firma del listado, los de la comisión trataron por varios medios de persuadir que no lo hicieran, al argumentar que eso no causaba ningún compromiso. En una reunión, el representante de la Prosoc, sin dar ningún argumento –porque según él «sería una larga explicación y que no entenderían el lenguaje jurídico»– insistió en que, aun así, Fonhapo podría exigir el pago. La mayoría de los vecinos pagó por su terreno a Amprotefd 40 mil pesos, cantidad que Fonhapo no reconoce. El préstamo base por vivienda fue de 30 mil pesos y no de dos millones pesos, que de manera arbitraria y sin fundamento Fonhapo pretende cobrar, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada vivienda, es decir, ingresos, estado de salud y pagos previos. Posteriormente, AMLO estableció que el negocio está en la subasta del predio de la unidad, por 287 millones, lo que fija el precio de los 144 lotes en poco más de dos millones cada uno, lo que es como una sentencia de muerte para sus posesionarios».