Fiscalía al parecer protege a quien despojó de su casa a dos ancianos

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Escenarios Se trata de un «alumno aventajado» del matrimonio Bejarano-Padierna, refiere don Arturo, persona de 85 años, quien junto con su esposa fueron echados de su casa en abril de 2016.

El señor Arturo Fernández no descarta un halo de protección desde la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy para el grupo afín a Morena La Fiscalía General de Justicia vuelve a evidenciar que no actúa en contra de presuntos delincuentes «de casa» y evita proceder en contra de Gabriel Mayorga («alumno avanzado» del ínclito René Bejarano, del partido Morena), quien pretende despojar de su casa al propietario legal del inmueble, el señor Arturo Fernández Tovanche, de 85 años, a pesar de que ha presentado todas las pruebas que lo acreditan como legítimo propietario. Dicha propiedad se ubica en Avenida Central 242 de la Colonia Prohogar en la Ciudad de México, pero de ahí fue echado junto con su esposa por golpeadores del Movimiento Urbano Popular, presunta organización social ligada al tristemente célebre «señor de las ligas», hecho que fue denunciado a la Fiscalía capitalina de Ernestina Godoy, donde fiel a su costumbre, se han negado a proceder contra apoyadores incondicionales de la 4T. Gabriel Mayorga «presume tener la protección de los funcionarios de esa dependencia encargada de procurar justicia», dijo don Arturo. «Ya demostramos que somos los legítimos propietarios –manifestó–. ¿Qué más debemos hacer para que nos devuelvan nuestra propiedad?». En rueda de prensa, el afectado, quien ya quiere regresar a la que es su legítima casa porque su esposa, Lourdes Hernández Bernal, se encuentra afectada por una grave enfermedad, recordó que ya han pasado seis años entre vivir en un asilo unos días y en otros con su hijo que radica en otra ciudad. El señor Fernández trabajó buena parte de su vida con lo que compró su casa como para que los de la nueva mafia del poder se la quieran quitar En abril de 2016 él y su esposa fueron a visitar a su hijo y cuando regresaron a su hogar ya no pudieron entrar porque estaba tomado por el Bloque Urbano Popular que lidera Mayorga. Uno de los inquilinos que habitaba en su casa, porque le rentaban un cuarto para allegarse recursos debido a que por su avanzada edad ya no está en condiciones de trabajar, le dio entrada a los invasores y golpeadores de quienes entonces operaban bajo el amparo del PRD. A decir de su hijo, Arturo Fernández Hernández, «el 17 de abril de 2016, aproximadamente a las 16:00 horas, al llegar mi señor padre a su domicilio (…) vio que se encontraba una manta con varios logotipos, entre ellos uno del Gobierno de la Ciudad de México», y la leyenda: «‘Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular’, en el que también indica que el señor Gabriel Mayorga es coordinador nacional». La víctima de una organización apoyadora de la 4T fue a protestar a las afueras del búnker por la corrupción que ahí impera En la Fiscalía operan como execrable mafia Tras cinco años desde que fue abierta la carpeta de investigación ci-faz/az-1/ui/2s/d/01782/03-2017 (febrero de 2017), la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana no ha podido dar una resolución al asunto y el pasado seis de junio, por enésima ocasión, los funcionarios Carlos Alfredo Frausto Martínez, director General de Derechos Humanos de la Fiscalía; Luis Gerardo Fuentes Muñiz, director de enlace de aquel, y Sergio Miranda Martínez, asesor del secretario particular de la fiscal Ernestina Godoy, dejaron en la indefensión a Fernández Tovache y su esposa porque no asistieron a la reunión que tendrían con el fiscal especializado Fausto Amador. En esta manta acusan a la fiscal de proteger a organizaciones  invasoras de viviendas, y el Bloque apenas es una de cientos Fernández Tovache afirmó que a durante el proceso, el propio Gabriel Mayorga, así como la dirigente del Movimiento Urbano Popular en Azcapotzalco, Arlette Rangel Barragán, junto con otros sujetos, los han amenazado diciéndoles que nunca van a volver al lugar porque ya pertenece a su organización. En la Fiscalía hasta las secretarias dicen que las denuncias de corrupción no asustan ahí a nadie porque ya están acostumbrados «Son unos invasores –dijo don Arturo–. Nosotros tuvimos que demostrar que somos dueños, que estas personas cometieron el delito. Todo eso está comprobado en las carpetas de investigación, todo se ha investigado y los funcionarios de aquí me han dicho que ya está todo, que ya está listo para que se haga justicia, pero no se hace». El abogado Jorge Cruz Elizalde advirtió que «probablemente exista un halo de protección desde la propia Fiscalía que dirige Ernestina Godoy para el grupo afín a los intereses del partido que gobierna la Ciudad de México», debido a que la agente del Ministerio Público que lleva el caso le había solicitado candados para realizar el pasado martes 31 de mayo el aseguramiento del bien inmueble despojado, pero horas antes de llevar a cabo la diligencia, fue notificado que no se llevaría a cabo. El abogado de don Arturo, Jorge Cruz Elizalde, solicitó que se judicialice la carpeta de investigación para que, en caso de que el fallo les sea adverso, ellos puedan seguir el procedimiento jurídico con otras autoridades, «de otra forma, podrían llevarse muchos años más para resolver el caso, y al parecer eso es lo que esperan». El señor Fernández Tovanche y su abogado Jorge Cruz Elizalde, una lucha contra la corrupta fuerza de una institución podrida Tras afirmar que «existe protección a Gabriel Mayorga y el Bloque Urbano Popular desde la Fiscalía», refirió que en una de sus visitas a la Fiscalía para impulsar que se judicialice la carpeta de investigación, «aún no pasaba una hora y Gabriel Mayorga me habló para amenazarme de muerte a mí y que me iba a levantar a mí y a mi familia». Mayorga ha sido identificado como uno de los «dirigentes sociales» ligados al supuesto líder social René Bejarano y a su esposa Dolores Padierna, así como a Miguel Ángel Mancera, actual senador y ex jefe de gobierno.