Colusión entre funcionarios 4T en Tláhuac con grupos delincuenciales

Mercado Sobre Ruedas

| Columna de Zaratustra | §  Primero «sopean» a dueños de negocios o viviendas §  Después aparecen nuevos dueños con papeles apócrifos §  Luego, sujetos armados los despojan de su patrimonio §  Por último, el funcionario acaba por agenciarse el local

Y conste, que según López, el presidente, todos estos servidores públicos debían ser diferentes La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, visitará la Alcaldía Tláhuac la mañana de este viernes, luego de haber aplazado en más de dos ocasiones una gira de trabajo por la demarcación, un lugar donde la vida en pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales, está marcado por la actividad diaria de la delincuencia organizada. Trascendió que la fiscal, con toda seguridad, recibirá los reclamos y sentires de los habitantes de esta alcaldía de la periferia de la Ciudad de México, donde sus pobladores deben sobrellevar una difícil coexistencia con al menos una docena de agrupaciones delincuenciales que, incluso, en varios de los casos son hasta familias completas dedicadas de lleno a dicha actividad, algunas por cierto franquiciadas a cárteles de la droga. Pero también, una demarcación donde su gente ha sufrido las penurias del retroceso de por lo menos 20 años a su movilidad, tras del colapso de la fallida Línea 12 el tres de mayo de 2021, por la corrupción que acompañó la obra desde su inicio, durante la gestión del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard; días en que a la susodicha línea aquí en la revista Nosotros bautizamos como una que iba a terminar por ser simple «línea guajolotera», lo cual molestó a varios «exquisitos» que entonces sentían ser parte de las fuerzas vivas de Tláhuac. Contrario a lo que presumió recientemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la capital es una de las ciudades «más seguras del mundo», en la Alcaldía Tláhuac los homicidios dolosos continúan al alza, a tal grado que se ha vuelto normal para la población ver continuamente notas periodísticas ligadas al crimen organizado y su actividad en la demarcación. Reportajes de nota roja acerca de detenciones u homicidios violentos, por no decir ejecuciones en cuyos cuerpos de las víctimas son dejados mensajes entre grupos que disputan el control de la plaza que dejó acéfala en 2017, con su abatimiento por parte de elementos de la Marina, Felipe de Jesús Pérez Luna alias el «Ojos», son la bendita constante de Tláhuac y los tlahuaquenses. Un hecho preocupante y que en fecha reciente ha sido documentado por diversos medios informativos, da cuenta de las actividades de intimidación, amenazas y extorsión que llevan a cabo bandas de la delincuencia organizada contra habitantes de Tláhuac, siendo el despojo de propiedades el delito que más es denunciado, y en el que dichas bandas ha encontrado un nicho altamente redituable. Mucha de la información que funcionarios de la administración pública y sus operadores obtienen de gente de bien que ha trabajado muy duro para tener un patrimonio, posteriormente le es entregada a estos grupos de la delincuencia organizada. Nos dicen que dicha información la obtienen estos funcionarios luego de que «casualmente» sus operadores realizan acercamientos con administradores, líderes, gestores o ciudadanos comunes y corrientes, con el pretexto de, por ejemplo, una gira de gestión que por la zona va a realizar un director de, digámoslo así, unidades habitacionales. Una vez que estos funcionarios de la 4T tienen en su poder los datos de predios o establecimientos comerciales y de servicios y los nombres de sus correspondientes dueños, a los pocos días de la supuesta «visita de gestión», aparecen nuevos dueños de esos negocios y exhiben contratos de compraventa apócrifos. Contienen los datos que los operadores de los funcionarios recabaron y para lo cual tuvieron que adentrarse en terrenos, predios, departamentos o locales. Nos cuentan del caso que sucedió en la plaza comercial Juan de Dios Peza, en Santiago Zapotitlán, donde luego de un recorrido de la directora de Unidades Habitaciones (Olga Chávez), a los pocos días llegaron al lugar 20 personas armadas a bordo de camionetas blindadas de lujo y tomaron posesión de los locales. Los establecimientos posteriormente fueron vendidos y, no lo va usted a creer –sobre todo en estos tiempos del no mentir, ni robar ni traicionar–, una de las presuntas dueñas de uno de estos locales terminó siendo la susodicha funcionaria. Con el mismo modus operandi llegaron a la unidad habitacional Villa de los Trabajadores, en donde la funcionaria en cuestión se hizo acompañar por operarias del Sindicato Libertad. Ahí los vecinos despojados todavía preguntaron vía transparencia las facultades que correspondían a la susodicha funcionaria, pero sólo encontraron evasivas. Después de todo, esta caterva de cuatroteros son «diferentes », como alega el presidente López y no pasó nada. Dueños con documentos reales se han enfrentado a estas mafias para recuperar su patrimonio; sin embargo, debido a la relación que han  tejido funcionarios con personal de la Fiscalía capitalina, los quejosos resultan amenazados para que retiren sus denuncias y éstas no prosperen. Porque igual sucede con el comercio en vía pública. Nos dicen que el director de Gobierno y Población (Miguel Ávila), además de tener a varios familiares en la nómina de la alcaldía, brinda protección a comerciantes que, a su vez, son instalados por la delincuencia organizada, a los que, como es de suponer, también les cobran la cuota del pago por derecho de piso. Por último, nos informan, la funcionaria que al parecer se agenció un local comercial en la Plaza Juan de Dios Peza, ya realiza las gestiones correspondientes a fin de conseguir la regularización del mismo ante el Instituto Nacional de Vivienda (INVI). ¡Cosas veredes apreciable lector, lectora!