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Mercado Sobre Ruedas |
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Tras de que se dio a conocer que la candidatura de Clara
Brugada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estaría en
riesgo de quedar sepultada en un panteón de Culhuacán, debido a un conflicto
de larga data entre comunidades indígenas y la alcaldía Iztapalapa, nada se
ha sabido de la inhabilitación de la morenista para ejercer cargos públicos
hasta por diez años. El diario El País
informó a mediados de diciembre que luego de 20 años de disputa por la
titularidad de un cementerio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza
el caso para determinar si emite sanciones contra Brugada, por no haber
acatado resoluciones judiciales que darían fin al conflicto, dejándola
inelegible para el proceso electoral de 2024. El origen del problema se remonta a 2005, año en que un
grupo de comunidades indígenas asentadas en San Francisco Culhuacán,
comenzaron la pugna por la titularidad del predio de la Avenida Tláhuac 3442,
en el que buscan establecer un cementerio comunitario para su uso
tradicional, de acuerdo a la cosmovisión de estos pueblos, entre los que se
encuentran nahuas, toltecas y colhuas. La petición fue rechazada por el entonces delegado perredista
Horacio Martínez, pero años después el gobierno de Marcelo Ebrard reconoció a
Culhuacán como pueblo originario y realizó una entrega simbólica del predio a
los pobladores, quienes edificaron en el sitio un templo piramidal denominado
Teocalli. Vinieron entonces decretos expropiatorios por los que la alcaldía
Iztapalapa quedó a cargo de la edificación del panteón comunitario. La vuelta de tuerca se dio durante la administración de
Dione Anguiano, quien con apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la
jefatura de gobierno, comenzó un litigio para arrebatarle a la comunidad el
predio y transformarlo en un panteón civil administrado por la alcaldía. Fue así como la Dirección de Patrimonio Inmobiliario falló
a favor de la entonces alcaldesa y el grupo indígena fue denunciado por
despojo, derivando en un operativo en donde la Fiscalía y la policía
desalojaron por la fuerza a las familias asentadas en el 3442 de Avenida
Tláhuac, destruyendo su templo con maquinaria de demolición en diciembre de
2017. Posterior al embate que dejó
decenas de heridos, las comunidades organizadas en la Alianza de Barrios de
Culhuacán emprendieron una defensa jurídica en busca del reconocimiento a
acuerdos internacionales que garantizan su derecho a ser consultados, por lo
que solicitaron ser beneficiarios del nuevo cementerio así como formar parte
de su administración. La respuesta de la alcaldía fue
considerada insuficiente por la comunidad, por lo que promovieron un amparo y
el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la capital, ordenó a las
autoridades iztapalapenses emitir una respuesta correctamente fundamentada. Fue a través de diferentes
oficios como tanto en la administración de Anguiano como posteriormente en la
de Brugada, se pretendió dar respuesta a dicho amparo, pero el Decimoctavo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México las
determinó como no válidas, dado que no hubo garantía de audiencia para la
comunidad y tampoco resolvieron la solicitud referente al uso del cementerio. Desde entonces, el tribunal ha
solicitado a la alcaldía atender correctamente el amparo e, incluso, han
instruido, además de al titular de la Dirección Jurídica, a la autoridad
superior jerárquica, en este caso la alcaldesa, para ordenar y vigilar el
cumplimiento. Cuando una autoridad incumple
reiteradamente amparos, los casos son remitidos a la Suprema Corte, organismo
que ahora debe determinar ejercer sanciones contra el director Jurídico,
quien sería separado de su cargo y consignado a un juez bajo el delito de
incumplimiento de sentencias de amparo, alcanzando hasta 10 años de prisión e
inhabilitación para ejercer cargos públicos. |
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