Mercado Sobre Ruedas |
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Las hermanas Diana Karen y
Estefanía Pérez Ramírez, hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, el «Ojos», ex
líder del Cártel de Tláhuac, señaladas como supuestas integrantes de dicha
organización –a la que el jefe de la Policía, Omar García Harfuch, ha dado
por «desaparecida» hasta en
tres ocasiones–, fueron trasladadas al
Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil en el estado de
Morelos. El grupo estuvo integrado por
49 personas que se encontraban internadas en cárceles de la Ciudad de México y
fueron trasladadas hace unos días a penales federales, junto con presuntos
líderes, miembros de grupos delictivos y cárteles como el de Sinaloa y La
Unión Tepito. La Secretaría de Seguridad
Ciudadana (ssc) capitalina
informó que los traslados se realizaron hacia Centros Federales de
Readaptación Social los estados de México, Veracruz, Morelos y Nayarit. Entre los delincuentes que
fueron movidos se encuentra Lenin Jonathan Canchola Martínez, presunto líder
de Los Malcriados 3AD, quien se encontraba preso en el Módulo Diamante, zona
de máxima seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha
Acatitla; fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1
del Altiplano en el estado de México. También fue movido Francisco
Benítez Padrón, el «Pañal», presunto colaborador
de segundo nivel de Lenin Canchola, y Raúl Rojas Molina, «Mi Jefe», señalado
como líder de La Unión Tepito. Asimismo, Eleobardo Castro
Armenta y Jorge Carlo Flores Bernal, posibles miembros del Cártel de Sinaloa,
relacionados con el presunto enfrentamiento con policías de la Ciudad de
México en la Alcaldía Tlalpan. Los traslados se realizaron
desde ocho penales de la Ciudad de México; 21 personas fueron llevadas hacia
el Centro Federal de Readaptación Social número 4 CPS Noroeste Nayarit; 22 al
Centro Federal de Readaptación Social número 5 CPS Oriente Veracruz y un
traslado hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano,
en el estado de México. Los traslados se efectuaron
en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y
federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la
actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos. |
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