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 Con el contubernio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador buscara el próximo siete de septiembre de 2022
rematar en la segunda de tres sesiones el predio de la Unidad Habitacional «Hombres
de la Reforma», en la Alcaldía Tláhuac, lo que le consumaría el despojo
de su patrimonio a 144 familias. El remate se llevará a cabo luego de que, en el juicio 683/1997, la
jueza cuarto civil reestableció la personalidad jurídica a una persona que se
ostenta como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y
Técnicos de Educación Física y Deporte A.C. (Amprotefd), lo que viola
la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual ratificó la nulidad la
personalidad desde 2010, según expediente 2927/2010. Los vecinos están desesperados porque AMLO pide a sus funcionarios
sacar dinero de donde sea para comprar votos en las elecciones de 2024. La
nueva mafia del poder acosa a 144 familias en Tláhuac y va de la mano con el
crimen organizado que asola y esquilma a gente en la Ciudad de México. Fraude procesal de Estado En evidente acción concertada con jueces y gobierno capitalino, la
administración del AMLO continúa con el fraude procesal de Estado para
despojar de su patrimonio a 144 familias de la Unidad Habitacional «Hombres
de la Reforma», en el centro de Tláhuac. La primera de tres sesiones de remate del predio Nepantla que se iba a
llevar a cabo el pasado 28 de junio fue declarada desierta. Las familias se enteraron que el objetivo es rematar el predio en
287 millones de pesos. Pero las familias están al tanto que de esa
cantidad el gobierno federal se embolsaría 100 millones de pesos, dinero que
con seguridad sería destinado a los programas sociales que le han redituado
votos al movimiento Morena, fue declarada desierta.  Las partes implicadas en el fraude El tres de mayo de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó al juzgado 4 de lo civil sacar a
remate el predio de Nepantla, sobre el cual se encuentra edificada la
unidad habitacional, en Canal Seco 18, barrio Guadalupe, en San Pedro
Tláhuac, por 201 millones de pesos, de cuya cantidad 101 millones
corresponderían para Amprotefd, la cual es la parte fundamental del fraude. En el juicio 683/1997, el juzgado 4 de lo civil concedió la petición,
después de rechazar un recurso sobre la falta de representatividad de la
Amprotefd, luego de que la Suprema Corte ratificó un recurso de nulidad
presentada por los vecinos de la unidad. Es así como el gobierno federal, a través del Fonhapo, pretende
obtener por la venta de las 144 viviendas un ingreso de 100 millones de pesos
por construcción y terreno, en caso de adjudicárselo. Si se hace
valida la nulidad de la representación, el juicio será nulo y el gobierno
federal no recibiría sus 100 millones. Los afectados destacan que la gran mayoría de quienes participaron
en el inicio del programa de vivienda hace casi 30 años, son personas de la
tercera edad o próximos a serlo–, solicitaron desde el año pasado la
intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero ambos hicieron
caso omiso a las denuncias, y avalaron el fraude. El caso también fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), instancia que mantiene su negativa de rendir cuentas. Por lo
anterior, 144 familias están en peligro de ser lanzadas a la calle luego de
juicios viciados y fraudulentos. Habitantes de la unidad habitacional destacaron que, de un préstamo
inicial en 1995 por 505 mil pesos, el gobierno federal a través de Fonhapo
busca obtener ahora más de 100 millones de pesos. Luego de que la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de
Educación Física y Deporte contrajo en 1995 el crédito 1368 para vivienda con
Fonhapo, ahora los funcionarios del organismo y militantes del movimiento
Morena, pretenden «vender» las viviendas a sus posesionarios por unos tres
millones de pesos por familia. Incluso, Fonhapo amenazó de manera paralela y extrajudicial a los
poseedores de las viviendas con que serían desalojados de inmediato si no
pagaban 150 mil pesos en una sola exhibición, cantidad que no está a
discusión, con el contubernio de un grupo que se ostenta como «comisión de
gestión». Fonhapo busca adjudicarse el predio donde fue construida la unidad, con
lo que pretende cobrar el adeudo de Amprotefd, la cual carece de
representación legal, luego de que un individuo que intentó apropiarse de la
dirigencia fue desconocido desde 2010, en un proceso legal ratificado
después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 1995, Fonhapo convocó a los vecinos de la unidad para
entregarles la carta de adjudicación de la vivienda, en la cual informó a
éstos que Amprotefd no había depositado el dinero, por lo que deberían de
cubrirlo de manera individual. Se les proporcionó un talonario para depositar cada mes los pagos y,
según dijeron, éstos irían a una cuenta que abonaría al pago de la vivienda. Ardid de Fonhapo para «bolsear» a quien tiene vivienda Amprotefd
fue demandada por Fonhapo, organismo que cerró de
manera unilateral la ventanilla de pagos y se negó a atender de manera
individual a los habitantes de la unidad habitacional, al asegurar que
sólo los atendería por medio de quien tuviera la representatividad de la
fraudulenta asociación. Lo
anterior fue aprovechado por un individuo que se adjudicó con el contubernio
de Fonhapo, también de manera fraudulenta, la representación de la asociación, y por su cuenta dio inicio con una serie de negociaciones, pero a
espaldas de calidad que perdió en 2010 tras un juicio cuya sentencia fue
ratificada por la Suprema Corte los habitantes de «Hombres de la Reforma». Fonhapo conocía de antemano la falta de representación legal de quien
se ostentó como presidente de la asociación, pero aun así continuó con el
proceso legal, lo cual a su vez es parte de la carpeta de investigación en la
Fiscalía General de la Ciudad de México 933/06-2016, la cual fue cerrada por
haber delito que perseguir. Fonhapo
intentó hacer creer a los habitantes de «Hombres de la Reforma» que el
crédito de la unidad habitacional había sido enviado al SAE (Servicio de
Administración y Enajenación de bienes, lo que hoy es el instituto para
devolverle al pueblo lo robado) para su remate y con eso obligarlos a pagar,
en una sola exhibición, dos millones de pesos, so pena
de ser desalojados de inmediato al argumentar que «es imposible conseguirse
casa a ese precio», tras de lo cual amagó con la idea de que el predio ya
había sido adjudicado. Algunos vecinos comenzaron a investigar y se dieron cuenta que Fonhapo
no se había adjudicado el terreno, que éste todavía aparecía a nombre de
Amprotefd. Algunos empezaron a considerar el borrar su firma del listado,
los de la comisión trataron por varios medios de persuadir que no lo
hicieran, al argumentar que eso no causaba ningún compromiso. En una reunión, el representante de la Procuraduría Social (Prosoc), sin dar ningún
argumento –porque según él «sería una larga explicación y que no entenderían
el lenguaje jurídico»– insistió en que, aun así, Fonhapo podría exigir el
pago. La mayoría
de los vecinos pagó por su terreno a Amprotefd 40 mil pesos, cantidad que
Fonhapo no reconoce. El
préstamo base por vivienda fue de 30 mil pesos y no de dos millones pesos,
que de manera arbitraria y sin fundamento Fonhapo pretende cobrar, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada vivienda, es decir,
ingresos, estado de salud y pagos previos. Posteriormente, AMLO estableció que el negocio está en la subasta
del predio de la unidad, por 287 millones, lo que fija el precio de los 144
lotes en poco más de dos millones cada uno, lo que es como una sentencia
de muerte para sus posesionarios». |
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