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pesar de que en la última semana los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco en la Alcaldía Tláhuac se han unido para
denunciar y evidenciar el acoso que han sufrido por parte de grupos de la
delincuencia organizada, ante la
complacencia del gobierno de la Ciudad de México, de la demarcación, pero
sobre todo de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía
General de Justicia (FGJ) capitalinas, se han registrado casos de perdones
para los delincuentes por quienes han sido víctimas de despojos, pero también
de intimidaciones. Ante
la indiferencia de las autoridades, las bandas delincuenciales han demostrado su poder e influencia en
la zona, al coaccionar a quienes se han presentado a levantar denuncias –a
pesar de la sospechosa resistencia de los Ministerios Públicos en Tláhuac 1 y 2 para tomar las
declaraciones de las víctimas– a fin de que retiren las mismas y otorguen el
perdón a los delincuentes ambientales. Tal fue el caso de la señora Méndez,
titular de los derechos de la parcela que fue invadida el pasado viernes en
el Polígono 1 del ejido de Tlaltenco y que fue el comienzo de la avalancha de
informaciones que se han generado estos días, la cual otorgó el perdón a
quienes habían allanado su propiedad por las presiones que recibió de parte
del abogado de los detenidos, pero también del Ministerio Público. Antecedente: Siguen los
despojos de predios en el ejido de Tlaltenco en Tláhuac Y es que para los ministerios públicos es muy
difícil consignar a los detenidos y presentados ante ellos por delitos
ambientales, debido a que por invasión u ocupación de una parcela –o lo que
es lo mismo, «instigar, promover, dirigir o incitar la invasión», según la
propia FGJ–, los inculpados podrían purgar una pena por comisión simple de
tres a nueve años de prisión, pero si se trata de una pena calificada, se
elevaría hasta 13.5 años de prisión debido a que los delitos se acumulan y
suman. Por lo anterior, los MP solamente quieren
adjudicar a los detenidos y presentados ante ellos el delito de daños a la
propiedad, y no delitos ambientales. El poco interés en la Fiscalía General de Justicia
(FGJ) y de la titular, Ernestina Godoy, en el escabrosos asunto del crimen
organizado en la Ciudad de México, pero específicamente en el ejido de Tlaltenco
de la Alcaldía Tláhuac, parece obedecer a un deseo de la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, para que no se dimensione ningún tema relacionado con la inseguridad y, mucho menos, que éste llegue a ser ventilado en los medios de
difusión. Sobre todo, cuando la gobernante se la ha pasado diciendo que los índices de inseguridad en la capital del país van a la baja. Porque incluso, la Guardia Nacional que el pasado viernes fue la única instancia que se presentó en el ejido de Tlaltenco para apoyar a los ejidatarios, de pronto se desapareció y ya ni las llamadas contestan. A lo que se sumaría el hecho de que a Claudia Sheinbaum se le esfumó el entusiasmo por abrir dos cuarteles de la Guardia Nacional en Milpa Alta y Tláhuac. Sólo así es posible entender también el nulo interés que han
mostrado las empresas comunicacionales por el tema del ejido de Tlaltenco,
luego de que siempre habían estado muy atentas y solícitas con todo lo que se
refería a Tláhuac y, sobre todo, a las organizaciones criminales que ahí
operan. |
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