Por no pagar extorsión del Jurídico de Milpa Alta fastidian a una familia

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Información En 2019, durante la administración del alcalde Octavio Rivero –hoy flamante diputado local por Morena–, a la familia Ortega-Castillo le pidieron 15 mil pesos por una licencia de construcción y «dejarlos en paz», pero como no aceptaron hasta la fecha les siguen dificultando los trámites.

Por lo visto en la corrupción del Jurídico en la alcaldía Milpa Alta también estarían involucrados servidores públicos del Invea Una denuncia pública en contra de las autoridades del Jurídico de la Alcaldía Milpa Alta en la gestión del entonces alcalde Octavio Rivero Villaseñor, presentó la familia Ortega-Castillo a través de Noticiudadana, la cual expuso que Juan Carlos Reyes Sánchez –del Jurídico– los compadeció por su «mala suerte» debido a que su vecino, «muy amigo de Mariana Moguel y sus familiares de Octavio Rivero», les había hecho una denuncia ciudadana. Acta de visita de verificación  Todo se originó cuando la familia Ortega-Castillo decidió en marzo de 2019 dar inicio con los trámites correspondientes para conservar un terreno de su propiedad ubicado en Calle 16 de Septiembre sin número, ubicado en el poblado de San Antonio Tecómitl, y comenzar con la delimitación del predio, su reforestación y la construcción de una bodega. Presuntos verificadores (Antonio Gil Medina) en el predio de la familia Ortega-Castillo Sin embargo, antes de iniciar los trabajos ya habían acudido en 2018 a la alcaldía a solicitar los permisos correspondientes; sin embargo, ningún funcionario supo explicar el procedimiento. No obstante y debido a que el terreno se localiza en suelo de conservación de la Ciudad de México, la familia acudió a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Dgcorenadr) para solicitar la opinión técnica de uso de suelo, la cual se dictaminó como positiva el 11 de enero de 2019. Ubicación del predio en Suelo de Conservación Posteriormente, el día dos de febrero de 2020, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), acompañados de Juan Carlos Reyes Sánchez, del Jurídico de Milpa Alta, se presentaron en la propiedad de la familia Ortega-Castillo para suspender los trabajos que se llevaban a cabo, al argumentar que no contaban con la licencia de construcción. Fue entonces cuando a dichos servidores públicos se les mostró la Opinión Técnica de Uso de Suelo que se tramitó en la Dgcorenadr, pero para ellos tal documento careció de validez. Ubicación del predio desde Google Maps Debido a lo anterior, se solicitó en la alcaldía de Milpa Alta el alineamiento y número oficial, primer paso para obtener la licencia de construcción. Sin embargo, el día 11 de febrero de 2020 la respuesta a la solicitud de la familia se dictaminó como improcedente, debido a que el predio se localiza fuera del área urbana y no cuenta con escrituras ante el Registro Público de la Propiedad. El automóvil en el que llegaron los verificadores Una vez recibido el oficio, se les advirtió que no podían continuar con los trámites. Les piden 15 mil pesos por «dejarlos en paz» «Conociendo esta información –señaló la familia a Noticiudadana– acudimos al Jurídico de la alcaldía para que se nos orientara, pues no sabíamos cómo proceder. La respuesta de estas personas fue que, con 15,000 pesos, podríamos seguir con los trabajos y que nos dejarían en paz. Como no aceptamos el soborno por parte de la autoridad, nos programaron una audiencia». «La primera audiencia se llevó a cabo el día cinco de marzo de 2020 y la realizó el licenciado Juan Carlos Reyes, a quien le explicamos que nos fue imposible obtener la licencia de construcción. Él nos comentó que ya lo sabía y que no había nada que hacer. Al preguntarle por qué actuaba así, sabiendo que no podíamos cumplir con tal requisito, nos respondió: ‘Tienen la mala suerte de que les hayan hecho una denuncia ciudadana, ya que su vecino es muy amigo de Mariana Moguel y sus familiares de Octavio Rivero […], sin embargo, les doy la oportunidad de conseguir la evaluación de impacto ambiental y la presentan para la segunda audiencia’». El acta de clausura de la construcción No obstante, la siguiente audiencia no se realizó, debido a que a finales de marzo de 2020 se declaró la cuarentena por la pandemia de COVID-19. «Tiempo después nos enteramos que dicho abogado proyectó la resolución definitiva el 19 de marzo de 2020, lo que significa que al no querer cooperar con el cohecho de su parte, pues no tenía la menor intención de esperarnos para presentar la evaluación de impacto ambiental y aceleró el proceso de resolución». Como la familia no aceptó pagar la extorsión, el licenciado del Jurídico presuntamente determinó que todo esto fuera demolido Los multa el jurídico con 69,504 pesos «Como nunca se nos informó lo anterior, el 10 de junio de 2021 nos presentamos en la alcaldía para solicitar orientación a nuestro caso. En esta ocasión, nos atendió el licenciado Andrés Sánchez Cruz y nos dirigió con la licenciada Miriam Bastida, a quien pidió por teléfono que nos atendiera y apoyara retirando los sellos de suspensión. Aparentemente la licenciada aceptó, pues al llegar a su oficina estaban elaborando el documento, pero no sabemos por qué ya no continuaron y nos mandaron entonces con la licenciada Miriam Lara, quien nos comentó que no se quitarían los sellos, ‘pues se trata de un caso especial’, mencionando que el licenciado Juan Carlos Reyes ya había emitido la resolución; misma que consistía en la clausura total, demolición de la construcción y una multa de 69,504 pesos». «Al cuestionar por qué habían resuelto el caso antes de la segunda audiencia, nos comentó que el licenciado Juan Carlos Reyes ‘no había querido ayudarnos’, ya que de haberlo hecho habría resuelto favorablemente el caso. Y también, si ella quería nos podría ayudar, ‘mandando al archivo muerto o desapareciendo el expediente’, pero no lo hacía porque ‘no había ningún arreglo’ (suponemos que económico, ya que cobran 15,000 pesos por una suspensión y 30,000 pesos por una clausura)». Misael Pérez ignora petición de la señora Engracia Castillo Por lo anterior, la señora Engracia Castillo Galicia solicitó a Misael Pérez Cruz, alcalde sustituto de Milpa Alta, se le proporcionara copia certificada de todo el expediente de verificación SVRC 023/2020, y que le informara si a la fecha (dos de septiembre de 2021) había ya una resolución definitiva, toda vez que no existía certeza jurídica del debido proceso. En un oficio dirigido al alcalde, la señora Engracia precisó también que el personal que acompañó al verificador Arturo Gil Medina, en la visita de verificación llevada a cabo el dos de febrero de 2020, y que sólo se le conoce con el nombre de Juan Carlos, ha estado rondando su propiedad, lo que crea suspicacia de favorecer intereses ajenos y prestarse a la extorsión por parte de diversos servidores públicos de Milpa Alta. Hasta el momento la señora no ha obtenido respuesta, luego del cambio de administración en la alcaldía, cuya titularidad recayó en Judith Vanegas, del mismo partido, Morena, y de igual forma cuestionada por presuntos actos de corrupción en el pasado como operadora de dicho partido político. El método para extorsionar es igual en todas las alcaldías Valga decir que la percepción de la ciudadanía es que la corrupción  es peor ahora con la dizque llamada 4T «Ahora entendemos por qué en las construcciones aledañas que son de hasta cuatro plantas les colocan sellos de suspensión o clausura, pocos días después desaparecen y siguen construyendo como si nada». Por lo anterior, la familia Ortega-Castillo señaló que no cuentan con la licencia de construcción, pero «no por negligencia, sino porque no se puede obtener». Como el poblado de San Antonio Tecómitl pertenece a la zona ejidal, no es posible contar con escrituras públicas; además, «nuestro predio se localiza en Suelo de Conservación, razón por la cual acudimos a la Dgcorenadr a solicitar la Opinión Técnica de Uso de Suelo. Entonces si no es dentro de casco urbano por qué la alcaldía se toma atribuciones que no le corresponden». Asimismo, denunciaron que las autoridades saben que no es posible conseguir una licencia de construcción; sin embargo, «utilizan este hecho para hacer negocio y sobornar a la gente». «La aplicación de la norma no puede ni debe supeditarse a la buena o mala suerte que tengamos como ciudadanos». «En la zona de Suelo de Conservación de San Antonio Tecómitl, es más fácil lotificar, vender y construir, que conservar, proteger y reforestar. Luego entonces basta con observar las imágenes satelitales de Google Maps para observar lo que estamos preservando». Parecen buitres al acecho de su presa Además, la familia buscó una audiencia con el alcalde Rivero Villaseñor para explicarle las razones y que observara el proyecto de conservación, pero no obtuvieron respuesta. «Los demás funcionarios parecían buitres acechando a su presa, suponemos por el propio interés personal en obtener dinero que nosotros nunca daríamos porque creemos en la legalidad de las instituciones».