Mercado Sobre Ruedas
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El caso de los cinco
estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atacados
la noche del pasado martes tres de abril, en calles de la delegación Gustavo
A. Madero, ocurre en un «contexto de violencia» que han sufrido también otras
instituciones, pero ahora marcado por «un nivel inusitado que, de ninguna
manera, puede aceptarse ni por nuestra comunidad, ni por las autoridades de
la Ciudad», señaló el doctor Hugo Aboites Aguilar, rector de esa institución
educativa.
Al hacer un recuento del
caso, aseguró que fueron tres los estudiantes asesinados (Héctor Antonio
Sarmiento, Jorge Gustavo Martínez Olivo y Miguel Omar Arteaga Cabrera), quienes
cursaban la carera de Ciencia Política y Administración Urbana; otro estudiante,
hermano de Héctor, se encuentra hospitalizado con heridas en el cuello y en
la columna vertebral, que ponen en peligro su vida (Sergio Manuel Antonio
Sarmiento, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales),
y uno más, Carlos Esquivel, quien se encontraba detenido, pero que ya fue
puesto en libertad la noche del cinco de abril.
En este último caso, el abogado
general de la Universidad, Alfredo Domínguez Marrufo, manifestó en
conferencia de prensa que sus familiares presentaron una queja
ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por «abuso
policiaco», debido a que gran parte de la «ola mediática» en contra de la Universidad
y de sus estudiantes «se originó en el reporte que hicieron (las fuerzas
policiales)».
En su declaración ante
la autoridad ministerial, el alumno detenido señaló que «se quedó en el lugar
de los hechos dialogando con uno de los padres de los occisos, incluso ellos
son quienes pidieron auxilio al 911 y cuando llegaron los agentes, le
pidieron que declarara como testigo de los hechos; el estudiante accedió,
subió voluntariamente a la patrulla como testigo y víctima (también recibió
un disparo de diábolo en una pierna), pero es entonces cuando, ya en la
patrulla, lo cuestionaron acerca de lo que hacía en el lugar. Le pidieron que
tomara con su mano derecha un arma que traían los propios policías y cambió,
momentáneamente, su situación de testigo y víctima a presunto responsable.
«Eso hizo que se
prolongaran las investigaciones, pero es la Procuraduría quien logró
esclarecer que el arma presentada no tenía nada que ver con el alumno
detenido, a ello se agregaron las declaraciones del padre de uno de los
estudiantes fallecidos en el sentido de que este joven dio aviso de los
hechos y lo acompañó», dijo Domínguez Marrufo.
El estudiante ya
presentó una denuncia en la Procuraduría por el abuso, dijo.
Las autoridades
universitarias expusieron que a todos los estudiantes se les practicó un
examen toxicológico, tras del cual no resultaron positivos a alguna droga. La
propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México descartó que
el incidente se tratara de un problema por una disputa de territorio del
narcomenudeo o semejante. Todos eran estudiantes regulares, algunos con muy
buenos promedios y la mayoría tenían un trabajo.
Por ello, reiteraron la
exigencia a las autoridades correspondientes para que se haga justicia, se
encuentre y procese a quien o quienes resulten responsables de la que
calificaron de «agresión brutal» contra estos estudiantes, y que se atienda
de manera integral al estudiante herido, además de valorar de manera
apropiada y siguiendo el debido proceso, las pruebas en torno al estudiante
que fue detenido y ya se encuentra en libertad.
Durante la conferencia
de prensa un grupo de estudiantes de diversos planteles de la Universidad
leyeron un comunicado para presentar su inconformidad ante lo que
consideraron «pasividad» por parte de las autoridades de la UACM, «principalmente
de Rectoría», por «confiar en las autoridades y mostrarse pasivas ante los
hechos», así como por hacer caso omiso a los reclamos y propuestas de
seguridad de la comunidad universitaria.
La estudiante de
Derecho, Renata Aguilar, y también consejera universitaria, denunció que la
delegación Gustavo A. Madero tenía conocimiento de que la zona del ataque es
un punto rojo, por lo que pidió una cita para revisar la situación de
inseguridad.
«Nos dieron el contacto
del comandante Mario Alberto Salazar quien se ofreció a dar acompañamiento a
los chicos, pero la reunión previa del 22 de marzo con él fue cancelada»,
indicó. También dijo que como estudiantes su derecho a estudiar no debería
quitarles su derecho a vivir.
En el comunicado, los
estudiantes acusaron además a algunos medios de comunicación de propiciar un
clima que «descalifica, criminaliza y revictimiza» a los jóvenes, al
contribuir a «inculpar inocentes y exculpar a los delincuentes, intentando
hacer creer a la opinión pública que se trataba de jóvenes involucrados en la
delincuencia organizada».
Exigieron justicia
pronta y expedita para las familias de los estudiantes asesinados y del
estudiante herido, así como castigo a los culpables. «Castigo a los policías
que inculparon al estudiante Carlos Esquivel, mediante la acusación infundada
de portar un arma de fuego; cese a la política del Estado mexicano encaminada
a violentar de manera sistemática los derechos humanos y la vida de la
juventud del país, así como el que los gobiernos federal, estatal y
delegacional garanticen la seguridad de los estudiantes en cada uno de los
planteles de la UACM y de toda escuela pública».
Asimismo, adujeron que
no se trató de un caso aislado, sino parte de una «ola de violencia en contra
de los jóvenes a lo largo y ancho del país», que incluye la desaparición de
tres estudiantes de cine en Jalisco, los feminicidios ocurridos en la UNAM,
la represión y persecución política en contra de estudiantes en el estado de
Chiapas y en las Normales rurales de Tiripetío (Michoacán) y cañada Honda
(Zacatecas), además de la desaparición forzada de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa.
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