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Las «empresas del narco»
cuentan con todo un engranaje para el secuestro, amenazas y cooptación de
jóvenes, debido a que poseen «toda una maquinaria de destrucción de cuerpos y
poblados, de traslado y lavado de dinero, de despojo de tierras y gestión con
autoridades de todos los niveles», aseguró la periodista Alejandra Guillén.
Cuestionó el hecho de
que la información llegue a la población «a cuenta gotas», debido a que la
gente ha sido silenciada mediante el terror. «De pronto en una zona hay sólo
una madre que se atreve a romper el silencio, o algún sacerdote, quienes de
inmediato son silenciados y deben salir huyendo», denunció.
Al participar en el
Segundo Coloquio de Investigadores sobre Biopolítica y Necropolítica,
organizado por la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dijo
que en México «hay mucho más ocultamiento de las desapariciones de lo que
pensábamos», y que la gran mayoría de los desaparecidos son «jóvenes de
sectores vulnerables».
Al compartir su
experiencia en la búsqueda de desaparecidos, así como de testimoniales que contribuyan
a entender qué ha ocurrido a más de 32,000 personas que hoy se encuentran desaparecidas,
de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas
o Desaparecidas, Alejandra Guillén manifestó que de acuerdo con su investigación,
entre los desaparecidos hay gente que fue secuestrada para servir en los
laboratorios clandestinos de anfetaminas.
Asimismo, para
obligarlos a trabajar en la cosecha de amapola y marihuana, para después
asesinarlos a fin de no dejar rastro de las operaciones realizadas. «A otros
los amenazan con aniquilar a sus familias si no se unen al narco», indicó.
Refirió que las
investigaciones acerca de las actividades de las «empresas del narco» le
toman mucho tiempo a quienes las realizan, debido a que «se necesita estar un
largo periodo en una región», para que la gente «comience a tener la
suficiente confianza para narrarnos fragmentos de sus historias».
«Fue así que nos
contaron de una zona donde se tenían entre ochenta a cien tambos de metal
(como los de basura) para incinerar cadáveres», afirmó.
«En el lugar apenas
quedaban algunos pocos, pues la misma población fue por ellos para venderlos
‘para el kilo’, a un lado de los que quedaban había una pila de zapatos de
hombre, de mujer, de niño… Como una macabra exhibición de trofeos de los
narcotraficantes», asentó.
Describió cómo en el
norteño estado de Coahuila, estas «empresas del narco» tienen quien se especialice
en «desaparecer a los desaparecidos», en lo que la Fiscalía estatal denomina
como «centros de inhumación clandestina». El término incluye los sitios en
donde son incinerados los cadáveres y enterrados los restos calcinados.
Ahí son utilizados tambos
agujereados en los cuales meten a la gente y la queman con diesel y gasolina.
«Alrededor ponen una llanta de tráiler para contener el fuego y en hoyos de
40 por 40 centímetros de hondo vacían los restos quemados».
Dichos «centros de
exterminio» (como los nombran principalmente integrantes de los colectivos de
familiares que recorren el territorio nacional en busca de sus desaparecidos
vivos, o en fosas), han salido «cientos de restos óseos incinerados en
ranchos, pozos y terrenos repletos, donde se quemó a decenas o tal vez a
cientos de personas, cifra que tal vez nunca se sabrá, porque de pocas piezas
se puede extraer ADN que sirva para la identificación».
A decir de Alejandra
Guillén, «estos relatos le rompen el alma a quien los cuenta, pero también
a quienes los recibimos. Nosotros comenzamos la recopilación de información
en Cherán y hubo quien llegó a decirnos: ‘no vayan tras la muerte, vayan tras
la vida’; nos preocupa cómo narrar lo que vamos encontrando, porque el
rechazo a estas narraciones es muy fuerte, la población no quiere escuchar,
no quiere enterarse, hay un miedo gigante a lo que está pasando», comentó en
el coloquio que este año se centró en las narrativas y «vocabularios bio-necropolíticos».
Dijo que le ocurre con
mucha frecuencia que durante una conferencia en la que expone casos y nombres,
aunque sin ubicación y con pocos detalles de las personas desaparecidas, «aun
así la gente nos pide no seguir porque no pueden escuchar esto que está ocurriendo».
Refirió que en el caso
del estado de Jalisco, entre 1996 y 2015 los gobiernos locales incineraron
3,000 cuerpos que no fueron reclamados ni identificados, lo que «impide que
las familias puedan aspirar a encontrar a sus desaparecidos, que alguna vez
sepamos qué les ocurrió, quiénes eran y por qué murieron».
«Esta política se detuvo
por el escándalo que se generó, el argumento de las autoridades fue que no había
espacio en las morgues, pero al final del día es una política que además de
borrar la verdad, permite cualquier clase de abusos», indicó.
El encuentro fue
organizado por el Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y
Necropolítica de la UACM, y el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, así
como el Proyecto Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria de la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, ambas de la UNAM.
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