 | El secretario de Finanzas de López,
Gustavo Ponce |
Los
perredistas del Gobierno del DF seguramente tuvieron un amargo fin de semana
cuando el pasado sábado nueve de octubre elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), detuvieron en una residencia de Tepoztlán, Morelos, al
ex secretario de Finanzas de la administración de Manuel López Obrador, recluyéndolo
en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de
México, acusado de lavado de dinero. Como se recordará, el uno de marzo del 2004
Joaquín López Dóriga dio a conocer en El Noticiero el video en el que Gustavo Ponce aparece
apostando en el casino del Hotel Bellagio en Las Vegas, y en donde gastó
en un solo día 125 mil pesos. Al día siguiente, y ante la desesperante
ineptitud de la Procuraduría de Justicia del DF, Ponce huyó de la
policía a pesar de que López Obrador le estaba organizando una rueda
de prensa con cafecito y galletitas para que explicara lo de sus múltiples
visitas a Las Vegas. Horas más tarde fue destituido como secretario de
Finanzas del GDF. El siete de marzo, el secretario de Gobierno, Alejandro
Encinas, informó que recibió una llamada telefónica de Ponce en la
que afirmó que López Obrador le había ordenado diversos movimientos
financieros ilegales para la construcción de obras en el DF. El 10 de marzo
ordenan su aprehensión por el presunto delito de fraude por 31 millones de
pesos en contra del DF. El 15 de abril la Secretaría de Hacienda informó que
desde el 18 de febrero se investigaba a Ponce por lavado de dinero. El
20 de mayo, el procurador Bernardo Bátiz aceptó que sí, que
efectivamente Ponce se le había escapado. Pero el pasado nueve de
octubre, y tras de realizar múltiples pesquisas, elementos de la AFI
penetraron a la residencia donde se escondía Ponce, quien según llegó
a decir el procurador Bátiz era probable que se encontrara en el
extranjero. Sin embargo, las investigaciones de la AFI se concretaron a
buscarlo en el territorio nacional encontrándolo en Tezpotlán. Ahora sabremos
qué tan cierta era la teoría del Peje
de Gobierno con respecto a un supuesto «compló» de las fuerzas oscuras o, si como se suponía, sólo se trataba de una
cortina de humo para distraer la atención de los verdaderos objetivos del
tabasqueño: alcanzar en el 2006 la silla presidencial.
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Por ser priista en la administración de Fátima Mena, Misael Morales fue sacrificado por mafia
perredista
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La ambición del militante del Partido Revolucionario Institucional Misael Morales, director general de Jurídico y Gobierno de la delegación Tláhuac, acabó por llevarlo el pasado cinco de octubre al Reclusorio Norte, acusado del delito de cohecho en pandilla, debido a las acusaciones de extorsión que hizo en su contra el empresario distribuidor de gas de la delegación Tláhuac Enrique Medrano. Era obvio que al ser el único priista incrustado en la administración perredista de Tláhuac, iba también a ser el único inmolado públicamente por las mafias burocráticas del Partido de la Revolución Democrática para mantener el engaño de la dizque «honestidad valiente » en miles de desposeídos del Distrito Federal que, por conveniencia, mantienen fe ciega en el «rayito de esperanza»… Pero la historia comenzó hace cuatro años. Una vez que Francisco Martínez Rojo asumió el cargo como jefe delegacional en Tláhuac en octubre del 2000, Misael Morales, entonces acendrado dirigente del PRI en Tláhuac, reclamó en su papel de opositor un espacio en la jurisdicción para continuar incrementando su capital político. Desde entonces, una gran amistad surgió entre ambos. Misael Morales en su papel de líder de la oposición, hacía como que presionaba al jefe delegacional y éste hacía como que tenía que ceder en algunas demandas para que aquel consolidara su figura ante los militantes de su partido. Obviamente, se dice que desde entonces, Misael Morales cobró un sueldo mensual en la administración de Martínez Rojo. Por eso fue que en vísperas de las elecciones para elegir a los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones políticas, a comienzos de 2002, Martínez Rojo apoyó con recursos de toda índole a Misael Morales, con el fin de que éste fuera designado por su partido como el candidato para la jefatura delegacional de Tláhuac, y ya como candidato le aportó 500 mil pesos a la campaña del priista… Ambos habían pactado que Morales como candidato jamás atacaría públicamente a Fátima Mena, la candidata sentimental de Martínez Rojo y abanderada formal del PRD para la delegación. El entonces dirigente del PRI en el DF, Florentino Castro López, uno de los padrinos políticos de Misael, le apoyó en sus aspiraciones… A pesar de que toda la comunidad tlahuaquense sabía muy bien de la corrupción que predominaba en la administración de Martínez Rojo, quien incluso se había visto envuelto en un supuesto caso de adicciones, lo que lo llevó a pedir licencia por más de un mes, Misael Morales jamás aprovechó esa circunstancia para inclinar la balanza a su favor… Durante su campaña política, en los mítines y concentraciones masivas guardó silencio ante sus simpatizantes, resignado a la inminente derrota y sin importarle el futuro de su partido y de los pobladores que todavía creían en el PRI… Sólo se preocupó por su beneficio personal, sabedor de que una vez que Mena ganara las elecciones, él tendría trabajo en su administración siempre y cuando no impugnara el resultado. Y fue su ambición, justamente, la tumba de su carrera política, porque al ser el único priista en una de las administraciones perredistas, pagó las consecuencias, como ya anotamos. Como René Bejarano cuando le pide a Carlos Ahumada que López quede al margen de todas las confabulaciones entre el empresario y aquel, si por alguna razón se les caía su teatrito, como finalmente así sucedió, con tal de no manchar la inmaculada imagen del jefe de Gobierno. Así también Misael Morales va a guardar silencio para no hundir más en el lodo del descrédito a su amigo Francisco Martínez Rojo. De hecho, desde que pisó el Reclusorio Norte, Misael Morales comenzó a manejar la tesis de una venganza ante el juez noveno penal, «por una posible clausura que pesaba contra el negocio del empresario Enrique Medrano; argumentó que incluso quedó asentado en la declaración ministerial que hizo ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, donde además alegó que no conocía «personalmente» a Medrano.
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Misael
Morales se negó a practicarse un peritaje de foniatría
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Alfredo Díaz Escobar, responsable de agencia en la Fiscalía para Servidores Públicos, informó que Misael Morales se negó a practicarse un peritaje de foniatría (comparativo de voz) para constatar si las grabaciones aportadas por el empresario Enrique Medrano, donde se le escucha solicitando un millón de pesos, corresponden a su persona. Morales Hernández fue detenido en compañía de su abogado, quien intentó evitar el arresto exhibiendo una suspensión provisional que no lo amparaba contra el delito de cohecho, por tratarse de un delito grave. Díaz Escobar señaló que hay imputaciones del empresario gasero contra siete funcionarios y ex funcionarios de Tláhuac, aunque actualmente sólo hay acción penal contra Carmen Misael Morales por el delito de cohecho… Al respecto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, aseguró que no existen elementos contra el ex delegado Francisco Martínez Rojo en este asunto, aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmaron la liberación de dos órdenes de aprehensión contra Martínez Rojo y el ex director de Licencias y Uso de Suelo en la demarcación, Julio César Sánchez Alba. Sin embargo, este último y como ya es tradición en lo que a ser funcionario del Gobierno del DF y ser miembro de ese partido político u ocupar un cargo de elección popular por ese partido se refiere, Sánchez Alba logró escapar de la acción de la justicia. Lo que es un hecho es que la administración tlahuaquense, de tanta corrupción que campea en casi todos los niveles de gobierno, incluida el área de Protección Civil, hiede a estiércol y su olor contamina el quehacer cotidiano de la comunidad… Si los perredistas pensaron que los pobladores de Tláhuac eran tontos, menuda sorpresa se llevaron. Fátima Mena debe ser investigada y destituida del cargo, para después cambiar a todo el equipo de colaboradores, que es prácticamente el mismo que tenía Martínez Rojo, si es que realmente los militantes del PRD quieren despojarse de la imagen que tienen de «hampones protectores de mafias y pandillas delegacionales».
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Otros que se le escaparon al procurador Bernardo Bátiz
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A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó al juez girar órdenes de aprehensión en contra de los directores de Protección Civil, Hans Salazar Castañeda; de Obras, José Trinidad Mendoza, y de licencias de Uso de Suelo de la delegación Tláhuac, Julio César Sánchez, por considerarlos probables responsables del delito de cohecho en pandilla, tanto Trinidad Mendoza como Julio César Sánchez lograron huir y hasta el momento de cerrar nuestra edición, aún no habían sido localizados por la policía judicial. Sólo Hans Salazar, encargado del área de Protección Civil, se encuentra localizable, de acuerdo con información proporcionada en la PGJDF… Y es que en su caso, éste fue involucrado por quien supuestamente se encargaba de arreglar los permisos para que las gaseras comenzaran a operar de forma clandestina… Fue el Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos de la dependencia quien envió los elementos que consideró pertinentes al juez noveno con sede en el Reclusorio Norte, Fernando Guerrero Zárate, para que fuera él quien ordenara la detención de los ex funcionarios. El motivo es que las indagatorias realizadas por la Procuraduría encontraron elementos suficientes para presumir que los tres formaban parte de la red de corrupción en Tláhuac, y que supuestamente encabezaba el director general Jurídico y de Gobierno, Misael Morales… Pero para quienes conocen realmente cómo se han venido dando los casos de corrupción en esa jurisdicción, que es prácticamente toda la comunidad tlahuaquense, de la cual resulta evidente que el procurador Bátiz no forma parte ni lee nuestra publicación, porque él ha dicho que se entera de los ilícitos, pero «sólo a través de los periódicos», es evidente que el cabecilla de la mafia no era Morales. Suponer eso rayaría en la estulticia.
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Dizque hay pruebas de que Martínez Rojo no participó en
la extorsión al empresario Medrano
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El procurador Bátiz afirmó que la dependencia a su cargo no ha relacionado en el «intento de extorsión» al empresario Enrique Medrano, al ex jefe delegacional de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, pues, dijo, no hay elementos para sospechar que participó. En tanto que Misael Morales rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que todo «es producto de una venganza», y continuó en su postura de no involucrar a sus superiores en el caso de extorsión… Tras de la rejilla de prácticas, insistió en que las acusaciones en su contra son «infundadas» y detalló que la denuncia se debe a que había la posibilidad de clausurar las instalaciones de la gasera «La Habana», propiedad de Medrano. Según dijo, todo comenzó cuando los vecinos de la demarcación le solicitaron que clausurara dicho establecimiento donde se expende combustible a vehículos del transporte público debido a que «era peligroso»… Lo que no dijo es si esa denuncia vecinal había sido promovida por alguno de sus operadores en la delegación para tener elementos con qué mandar a extorsionar al dueño de la gasera. Porque hasta el momento, nadie ha dicho que la recomendación expedida por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial sea un mandato que por ley deba cumplirse. Se trató de una recomendación que le sirvió a la administración delegacional de Tláhuac para ir a presionar a Medrano y modificar las cuotas del «entre» que seguramente había venido dando desde hacía tiempo… Es probable que a Medrano le hayan dicho «mira, si te pones a mano ignoramos el oficio que nos envió la Procuraduría Ambiental», pero el empresario, harto de estar siendo extorsionado por funcionarios locales, decidió ya no seguir aceitándoles la maquinita de la corrupción… Hasta antes de que fuera conocido por el procurador Bátiz y el jefe de Gobierno los casos de corrupción en Tláhuac, gracias en gran medida a los amplios espacios que le dedicó la televisión y la prensa, era común que inspectores del área de Julio César Sánchez colocaran sellos de clausura en diversos establecimientos comerciales, con el pretexto de alguna infracción al reglamento, para que después hiciera su aparición el conocido negociador de la administración de Mena dispuesto a «solucionar» el problema, naturalmente, mediante el pago de fuerte cantidad de dinero de parte del presunto infractor. Incluso, hasta las modestas tiendas de abarrotes eran también asediadas por los perrunos inspectores de la delegación con el propósito de extorsionar a sus dueños. «La consigna era sacar dinero de donde fuera. Todos los años eran prácticamente de Carranza (porque con uno ya no les alcanza) desde la administración de Martínez Rojo», dijo el propietario de una miscelánea de la Colonia Las Puertas, en Tlaltenco, quien frecuentemente era visitado por los inspectores a fin de revisar la documentación de su establecimiento e imponerle sanciones económicas por supuestas faltas.
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¿Por qué protegen tanto a la delegada de Tláhuac,
Fátima Mena?
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Para el procurador Bátiz la delegada de Tláhuac no es indiciada de nada. Desconoce que en la Contraloría General del gobierno local existe una denuncia por el contrato multianual GGODU-LP-010-03, para realizar trabajos de conservación y mantenimiento en una parte de la cinta asfáltica de la jurisdicción, el cual tenía como fecha de inicio el 15 de enero del 2003 y fecha de conclusión de obra el 15 de diciembre de 2005, y cuyo monto era nada menos de 43 millones de pesos… Sin embargo, para el pasado mes de septiembre del 2004, esto es, más de un año antes de que concluyera el plazo para la terminación de los trabajos convenidos, la delegación Tláhuac ya había liquidado el total del monto establecido, aun cuando los trabajos no habían concluido… Es más, cuando ni siquiera se habían realizado, como es el tramo que va de la Avenida Acueducto a Paso del Toro… En su defensa, Fátima Mena ha dicho que ese contrato en cuestión fue firmado por su antecesor, Francisco Martínez Rojo, creyendo quizá que la sociedad es amnésica y ya olvidó que ella fue secretaria particular de aquel y estaba al tanto de lo que sucedía en la delegación, debido a que era aleccionada para hacerse cargo de la siguiente administración de acuerdo con el proyecto político del ex delegado… Para nadie de los perredistas en Tláhuac es un secreto que la prioridad de dicho proyecto consistió en dejar a Mena como sucesora de Martínez Rojo en la delegación.
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La recomendación de la PAOT a Fátima Mena
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La recomendación que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF envió a Fátima Mena, tuvo su origen luego de una investigación realizada debido a la denuncia de varios vecinos. Se recomendó a Mena Ortega demoler la estación de gas para carburación Sesgas, ubicada sobre la carretera Tláhuac-Chalco número 26, en la Colonia La Habana, luego de que fue detectado que dicha estación funcionaba con documentos irregulares e, incluso, «presumiblemente falsos»... Funcionarios de la PAOT detectaron que la estación de gas no contaba con el estudio de impacto urbano, ni tampoco con las licencias de uso de suelo y de construcción exigidas para la operación de ese tipo de establecimientos mercantiles. De ahí que los funcionarios de la PAOT hayan dictaminado que, como la instancia encargada de otorgar el uso de suelo es la Secretaría de Desarrollo Urbano, la delegada de Tláhuac debía realizar una investigación por su cuenta para conocer la autenticidad del certificado correspondiente… La petición de la PAOT a Fátima Mena decía lo siguiente: «Usted debe llevar a cabo la inmediata desocupación del predio, la demolición de construcciones y el retiro de instalaciones, de comprobarse —como se presume con la investigación realizada— que los documentos referidos son apócrifos»… En la recomendación de la Procuraduría Ambiental también se aclaraba que ese organismo identificó que se mantiene la venta de gas licuado de petróleo para carburación, principalmente, «de manera clandestina, por medio de pipas o carros cisterna, que ponen en peligro la seguridad de los habitantes y de sus bienes, afectando también la calidad del aire de la ciudad»… El documento señalaba que «la utilización del gas licuado de petróleo como un combustible, es una alternativa para reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera generadas por fuentes móviles en la Ciudad de México». Sin embargo, advertía, «es necesario fortalecer la vigilancia de parte de las autoridades para que la venta de este combustible se realice en estaciones de servicio que cumplan con las disposiciones legales aplicables, con las normas de seguridad y con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y urbano».
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El modus operandi de los fugados
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Otro ejemplo de corrupción en Tláhuac es el que se vivió en días pasados, cuando el propietario de una gasera clandestina localizada en un lote baldío de la Colonia Los Olivos, pagó 50 mil pesos a uno de los «fugados» para que clausurara por tres días la estación de carburación que se encuentra instalada con toda la infraestructura necesaria sobre Avenida Tláhuac, en esa misma colonia, con el fin de que los microbuseros llevaran sus unidades al expendio de su propiedad a que cargaran combustible… Como es común en Tláhuac, el combustible les fue suministrado directamente de una pipa y sin las más elementales normas de seguridad… Sobra decir que cuando ya el dueño de la gasera clandestina recuperó el dinero que le había dado al funcionario de Jurídico y Gobierno, éste fue a cobrarle al propietario de la estación de carburación otra fuerte suma de dinero para permitirle que otra vez volviera a operar con normalidad.
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La corrupción en Tláhuac hizo que la sociedad se
movilizara para defenderse
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Ante el infausto panorama, en días pasados surgió la denominada Alianza de Organizaciones Ciudadanas de Tláhuac por la Transparencia, con Norberto Solís Cruz como representante. «Nos dimos a la tarea de investigar la obra pública y las obras particulares que violan la normatividad», apuntó Solís Cruz luego de solicitar a la Asamblea Legislativa que llamara a comparecer a Mena Ortega para que explicara «dónde y en qué» gastó el presupuesto de la delegación, al tiempo que señaló un subejercicio de 36 millones de pesos, debido a que «dejó de gastar 2.3 millones para mantenimiento de drenaje y 1.3 millones en programas sociales»… Miembros de la Alianza se plantaron en las afueras del edificio delegacional el pasado lunes 13 de septiembre, para decirle «adiós a Fátima Mena, heredera del trono de Martínez Rojo». La delegada fue efectivamente a la Asamblea Legislativa a comparecer, pero no pudo decir mucho ante las continuas peticiones de algunos legisladores de su propio partido y de la sociedad civil para que renuncie. Mena enmudeció ante los reporteros.
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La sombra de Martínez Rojo
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Empleados de la delegación Tláhuac aseguraron al diario La Crónica, haber visto al ex delegado Francisco Martínez Rojo en los pasillos de la sede delegacional. Incluso, aseguraron que el pasado 15 de septiembre vieron al ex funcionario, ahora prófugo de la justicia, en una cena que realizó la jefa delegacional, Fátima Mena, lo cual por esta ocasión fue falso, una vez que quedó en evidencia la incapacidad del equipo de burócratas incrustado en el edificio de Madero y Bravo para organizar la ceremonia del grito de Independencia y, posteriormente, una cena que, según dijeron algunas de las «víctimas» invitadas, fue preparada en alguno de los reclusorios o centros de readaptación social del DF, por la pésima calidad y mal gusto de su contenido... Lo que aquí hemos comentado desde hace un año, es lo que nos han asegurado diversos funcionarios de los cuales nos reservamos sus nombres para que no sean despedidos del gabinete local, y que también registra La Crónica, es que durante las reuniones de gabinete de la delegada, ésta se comunica por teléfono cuantas veces es necesario con Martínez Rojo para pedirle consejos y línea de cómo llevar la administración… «Mena no toma decisiones sin antes consultar a Martínez Rojo», nos han dicho en repetidas ocasiones diversas fuentes. Lo único cierto es que quien fuera director general de Jurídico y Gobierno, Mario Julio Córdoba, quien renunció al cargo días antes de que se diera a conocer la extorsión al empresario Medrano, se salvó de ser el «sacrificado». Y es que cuando el funcionario vio el cochinero en el que se encontraba, con dignidad presentó su renuncia y se fue de Tláhuac. Luego vino Misael Morales a relevarlo, pero como ya anotamos antes, éste sí acabó siendo el chivo expiatorio de la administración tlahuaquense.
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Sin embargo, Bátiz, Luján y Encinas dan espaldarazo a
Fátima Mena
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Al espaldarazo que el procurador Bátiz le dio a la delegada en Tláhuac, Fátima Mena, al asegurar que no es investigada por la extorsión al empresario gasero porque «no se habían encontrado elementos para indagarla», se sumó el de la contralora Bertha Luján, quien dijo que sus investigaciones están enfocadas pero a la administración pasada, «la que estuvo a cargo de Francisco Martínez Rojo». ¿Y qué Mena no formó parte de esa administración?, preguntamos… Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, sostuvo que mientras no se encuentren elementos de prueba contra la delegada «no se va a proceder en términos legales o administrativos». Y si no los quieren encontrar, pues entonces Mena habrá salvado el pellejo y todos quedarán felices y contentos haciendo de las suyas en Tláhuac.
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Que Martínez Rojo será expulsado del PRD
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Los jefes delegacionales perredistas Patricia Ruiz (Gustavo A. Madero), Víctor Hugo Círigo (Iztapalapa) y Armando Quintero (Iztacalco) señalaron que si su compañero de partido, Francisco Martínez Rojo, es culpable, que pague e incluso que sea expulsado del PRD. El presidente del partido del sol azteca en el DF, Agustín Guerrero, dijo que en los próximos días solicitará a la Comisión Nacional de Garantías de su partido suspender los derechos políticos de Martínez Rojo. Incluso dijo que «aunque de facto» ya se separó de ese partido, es necesario oficializar su salida.
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Vecinos de Milpa Alta fueron al Gobierno del
DF a protestar contra el priista Cuauhtémoc Martínez
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En plena madrugada, hace unos días ejidatarios de Milpa Alta protestaron a las afueras del antiguo Palacio del Ayuntamiento por la falta de interés del actual jefe delegacional, Cuauhtémoc Martínez Laguna, quien se ha negado a concluir la construcción de una escuela primaria en Santa Ana Tlacotenco, así como un camino para llegar a la preparatoria Emiliano Zapata, inaugurada en ese mismo pueblo a fines del año pasado por el jefe de Gobierno, Manuel López Obrador… La inconformidad de los pobladores de Milpa Alta debido a la abulia que ha caracterizado al delegado va en aumento. A su incapacidad como gobernante se debe sumar la falta de apoyo para el Consejo de la Crónica, al negarles a estos todo tipo de ayuda… «Prefiere regresar el dinero que emplearlo en beneficio de los milpaltenses, no es posible que con tantas necesidades que tenemos el señor tenga un subejercicio presupuestal, no sabe cómo desempeñar su trabajo», dijo un indignado vecino ante la pasmosa inactividad mostrada por Martínez Laguna… Pero de vuelta con los ejidatarios que fueron a protestar a la sede del Gobierno del DF, provistos de un burro al que le pegaron un cartel que decía «Cuauhtémoc Martínez Laguna, jefe delegacional de Milpa Alta», dijeron que a nueve meses de administración el delegado de extracción priista se ha negado a terminar esas obras públicas, así como un hospital geriátrico… «Martínez Laguna está demostrando que la opción del PRI sigue siendo la misma, no ha cambiado, continuamos con la actitud del viejo tricolor del ni los veo ni los oigo, y sentimos que hay falta de obras, hay desvío de recursos como sus antecesores lo hicieron por más de 70 años», sirviéndose siempre de la comunidad para sus proyectos personales», expresaron los ejidatarios en un documento que entregaron a los medios de comunicación… Indicaron, por otra parte, que el jefe delegacional «está metiendo la mano» en la elección de los enlaces territoriales, por lo que le demandaron ejercer un gobierno democrático y a reconocer el derecho de los ciudadanos a elegir libre y pacíficamente a sus representantes, «pues con su actitud lo único que ocasiona es la confrontación entre hermanos milpaltenses»… Entre otras demandas, los manifestantes exigen la destitución de los servidores públicos que causen conflictos en las comunidades, «como es el caso del enlace territorial en Santa Ana Tlacotenco», y que el jefe delegacional informe por qué no se han puesto en marcha las obras que quedaron pendientes de la pasada administración, entre las que también se cuenta un antirrábico, la sala de urgencias del hospital regional y una clínica para la mujer.
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Empleados y funcionarios en Tláhuac son obligados a
aportar dinero para apoyar al Peje y al venadario
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Por lo pronto, empleados de confianza de la delegación Tláhuac son obligados a «donar» (obligatoriamente de manera voluntaria) el 10 por ciento de su sueldo, el cual deben llevar ellos mismos a una de las que funcionaron como casas de campaña de Fátima Mena, la que se encuentra en Avenida Tláhuac 6594, en Zapotitlán, y que ha sido convertida en sede del «movimiento ciudadano electoral» en apoyo de López… La intención es clara, «jefecito yo te apoyo, pero tú no me desampares ni de noche ni de día»… Dichos recursos sirvieron para costear el acarreo de gente a la manifestación dizque «por la legalidad y la democracia» del domingo 29 de agosto, en la que participaron taxistas irregulares del grupo «Panteras», comerciantes ambulantes, indígenas, adultos mayores, payasos y empleados de confianza del Gobierno del DF… En ese entonces los empleados tuvieron que ir al banco a depositar su dinero a una cuenta única a nombre del PRD. Y por si fuera poco, dichos trabajadores también recibieron la orden de apoyar a la de a fuerzas, el proyecto del venadario, en el Bosque Tláhuac, el cual fue inaugurado en mayo pasado con cuatro venados (uno que regaló el delegado de Milpa Alta), para lo cual les fueron endilgados una gorra, una camiseta, bolígrafo y llavero con el logotipo del venadario, todo por la «asequible» cantidad de 500 pesos. Lo grave es que trabajadores de los Cendi aseguran que del presupuesto destinado para la alimentación de los niños de dichos centros salen los recursos para alimentar los venados; de ahí compran las verduras con que habrán de alimentarlos.
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La portada de la Revista número 74
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