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jueves, 9 de abril de 2020

Denuncian a Fonahpo en Tláhuac por fraude procesal de 40 mdp

 Mercado Sobre Ruedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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Otra más de la 4T: El organismo federal pretende despojar de sus viviendas a quienes las ocupan desde hace 30 años si no las vuelven a pagar, pero ahora con monto de 505 mil pesos por familia.
Puerta de la Unidad Habitacional «Hombres de la Reforma»
en San Pedro Tláhuac
Noticiudadana.- Vecinos de la alcaldía Tláhuac denunciaron un fraude procesal por más de 44 millones de pesos por parte del Fondo Nacional para Habitaciones Populares (Fonahpo) contra 140 familias amenazadas con ser lanzadas a la calle, la mayoría encabezadas por adultos mayores, tras de juicios viciados y fraudulentos.
Los habitantes de la Unidad Habitacional Hombres de la Reforma, en Tláhuac, de la Ciudad de México, destacaron que, de un préstamo inicial en 1995 por 505 mil pesos, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, por medio de Fonhapo, pretende ahora obtener más de 44 millones de pesos.
La Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos de Educación Física y Deporte AC (Amprotefd) contrajo en 1995 el crédito 1368 para vivienda con Fonhapo, institución que pretende «vender» las viviendas a sus posesionarios por unos 505 mil pesos por familia.
Fonhapo amenazó a los poseedores con desalojarlos «de inmediato» si no pagaban 150 mil pesos, cantidad que, advirtieron, no estaba a discusión, antes del 31 de diciembre pasado, con el contubernio de un grupo que se ostenta como «comisión de gestión».
Además, la institución busca adjudicarse el predio donde fue construida la unidad, con lo que pretende cobrar el adeudo de Amprotefd, la cual carece de representación legal, luego de que un individuo que intentó apropiarse de la dirigencia fue desconocido desde 2010, en un proceso legal ratificado después por la Suprema Corte de Justicia de México.
En enero de 1995, Fonhapo convocó a los vecinos de la unidad para entregarles la carta de adjudicación de la vivienda, donde se les informó que Amprotefd no había depositado el dinero, por lo que deberían de cubrirlo de manera individual.
Se les proporcionó un talonario para que realizaran sus depósitos cada mes, y los pagos irían a una cuenta que abonaría al pago de la vivienda.
Amprotefd fue demandada por parte de Fonhapo, organismo que cerró de manera unilateral la ventanilla de pagos y se negó a atender de manera individual a los habitantes de la unidad habitacional, al asegurar que sólo los atendería por medio de quien tuviera la representatividad de Amprotefd.
Lo anterior permitió que un individuo se adjudicara de manera fraudulenta la representación de la asociación, y diera inicio con las negociaciones a espaldas de quienes viven en Hombres de la Reforma, calidad que perdió en 2010 tras de un juicio cuya sentencia fue ratificada por la Suprema Corte.
Fonhapo conocía de antemano la falta de representación legal de quien se ostentó como presidente de la asociación, pero aún sí continuó con el proceso legal, lo cual a su vez es parte la carpeta de investigación en la Procuraduría General de la Ciudad de México 933/06-2016.
Fonhapo intentó hacer creer a los habitantes de la unidad que el crédito de la Unidad Habitacional fue enviado al SAT para su remate, a fin de obligarlos a pagarle en una sola exhibición 150 mil pesos, so pena de ser desalojados de inmediato, al justificar que a los moradores de las viviendas les iba a resultar imposible conseguir casa a ese precio, por lo que el organismo intentó hacer creer a los involucrados que el predio ya había sido adjudicado.
El predio no ha sido adjudicado por parte de los tribunales, tras de la presentación por parte los vecinos de recursos legales para establecer la falta de representación legal de la asociación, lo que haría inejecutable la sentencia a favor de Fonhapo.
Algunos vecinos comenzaron a investigar y se dieron cuenta que Fonhapo no se había adjudicado el terreno, que éste todavía aparecía a nombre de Amprotefd. Algunos empezaron a considerar borrar su firma del listado, los de la comisión trataron por varios medios de persuadir que no lo hicieran, argumentando que eso no causaba ningún compromiso.
Fonhapo insiste en adjudicarse el predio
En una reunión, el representante de la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México, sin dar ningún argumento, porque según él «sería una larga explicación que no entenderíamos por el lenguaje jurídico», insistió en que, aun así, Fonhapo podría exigir el pago a los moradores de las viviendas.
Los representantes de la Prosoc se ostentan como asesores de la «comisión de gestión».
El costo inicial de la vivienda fue de 70 mil pesos, el cual estaba dividido en 40 mil pesos para el terreno y 30 mil pesos para la construcción de la vivienda financiada por Fonhapo.
La mayoría de los vecinos pagaron el terreno a Amprotefd, es decir, 40 mil pesos, pago que Fonhapo no reconoce.
El préstamo base por vivienda es de 30 mil pesos, y no de 150 mil pesos, que de manera arbitraria y sin fundamento alguno Fonhapo pretende cobrar, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada vivienda, es decir ingresos, estado de salud y pagos previos a dicho organismo.
Ahora, el gobierno federal, vía Fonhapo, pretende obtener por la venta de cada una de las 144 viviendas un ingreso de 500 mil pesos por construcción y terreno, en caso de adjudicárselo.
Las asambleas informativas previas fueron presididas por personal de la Prosoc, quienes carecen de facultades para tomar decisiones vinculatorias respecto a la situación de las viviendas.
Los inconformes destacan que la gran mayoría de los que iniciaron el programa de vivienda hace casi 30 años, personas de la tercera edad o próximos a serlo, solicitaron desde el año pasado la intervención del presidente de México y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ambos hicieron caso omiso a sus denuncias.
El caso también fue presentado desde el año pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se ha limitado a indicar que sigue a la espera de la respuesta de Fonhapo, organismo que mantiene su negativa de rendir cuentas.

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